La Corte Interamericana atenderá una causa que se originó en Entre Ríos
03/05/2012
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe resolver si dicta sentencia en un caso por la presunta violación de los derechos a la protección judicial, a las garantías judiciales y a la protección de la familia en una adopción que se dio en Entre Ríos. Se
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe resolver si dicta sentencia en un caso por la presunta violación de los derechos a la protección judicial, a las garantías judiciales y a la protección de la familia en una adopción que se dio en Entre Ríos. Se trata del caso Fornerón, ocurrido en Victoria en donde el padre de una niña fue entregada en adopción sin el consentimiento del padre.
En su 45º Período Extraordinario de Sesiones, que comenzó este lunes en Guayaquil (Ecuador), el caso “Fornerón e Hija Vs. Argentina” es uno de los temas que forma parte de la agenda que deberá atender los juristas. “No hay un día estipulado, pero puede ser a fin de mes o mediados de junio”, explicó a Página Judicial la abogada que representa al padre, Margarita Nicoliche.
La causa fue remitida a la CIDH en noviembre de 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien consideró que “la demora de años en los procedimientos judiciales fue especialmente relevante en la determinación de la situación jurídica”.
“La demora injustificada en los procedimientos se convirtió en la razón para desconocer los derechos del padre” por lo que para la Comisión, el padre “no tuvo acceso a la protección y garantías judiciales requeridas”.
La Comisión sometió el caso a la jurisdicción de la Corte por “la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado y la consecuente necesidad de obtención de justicia y protección efectiva de los derechos a la protección a la familia y del interés superior de la niña, así como la necesidad de que el Estado modifique su ordenamiento jurídico en materia de venta de niños y repare de manera integral las violaciones a los derechos humanos del caso”.
La historia
Leonardo Fornerón es un padre soltero que buscó por cielo y tierra a una niña de 10 años, a la que vio una sola vez durante 45 minutos.
La Justicia entrerriana, en distintos fallos y a lo largo de 10 años, le negó sus derechos como padre y le quitó a la niña la posibilidad de crecer con su familia, negó un régimen de visitas y, según lo ha determinado la CIDH, hubo un retardo judicial que, lejos de corregirse, derivó en consecuencias que luego fueron usadas como argumento de la misma Justicia para fundar los fallos que alejaron a Fornerón de su hija. Hoy sabe que no podrá verla hasta que cumpla 18 años.
“El caso es de tráfico de niño. Acá hubo una venta y una compra. Y la nena no sabe la verdad”, asestó Nicoliche.
Milagros nació el 16 de junio de 2000 en un sanatorio privado de Victoria pese a que su madre es de Rosario del Tala, a 100 kilómetros, ciudad en la que también vive Fornerón.
Al día siguiente del nacimiento por cesárea, el sábado 17 de junio, intervino un defensor de Pobres y Menores suplente, Julio Guaita, y dispuso la entrega de la bebé en guarda a una pareja de la ciudad de Buenos Aires.
El padre, que no sabía del embarazo, se enteró que Milagros era su hija recién el 3 de julio de 2000. Se presentó de inmediato ante la defensora de Pobres y Menores de Rosario del Tala para reconocer a la niña. En el mismo despacho, la madre negó que el joven, de entonces 27 años, fuera el padre de la criatura. La mujer declaró que la bebé estaba con una tía, sin dar precisión alguna.
El papá planteó sus sospechas a la funcionaria. Según consta en su denuncia, cree que “la niña no se encuentra donde la madre manifiesta sino que la habría dado a una familia para su cuidado”. El 11 de julio de 2000, tras su testimonio ante un fiscal, se inició un expediente que tramitó en el Juzgado de Instrucción de Tala, a cargo entonces de Daniel Olarte.
En el medio del largo proceso, entre otras cuestiones, se denunciaron irregularidades en el trámite de inscripción de la pareja de Buenos Aires en los registros de adoptantes de la provincia.
El 18 de julio, Fornerón inscribió a su hija en el Registro Civil de la Ciudad de Victoria y recién el 1 de agosto los adoptantes solicitaron formal otorgamiento de la guarda judicial de Milagros.
Tres días después, Olarte ordenó el archivo de la causa iniciada. La decisión fue apelada y la Cámara del Crimen de Gualeguay revocó el fallo de primera instancia. Pero finalmente fue confirmando el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
El caso, al estar en el CIDH, deja de ser una causa contra el gobierno de Entre Ríos sino sobre el gobierno nacional. En la provincia hubo un perdido de Jury para el juez presentado por Nicoliche, pero fue desestimado.