Urribarri quiere declarar en la Cumbre del Mercosur

NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES

Urribarri quiere declarar en la Cumbre del Mercosur

El ex mandatario presentó un escrito en el que dice haber tomado conocimiento de que “desde el Ministerio Público Fiscal se ha iniciado una investigación que procura determinar si en el curso de aquella gestión se han producido irregularidades encuadrables en algún tipo penal” y aseguró: “Desde ya rechazo tal posibilidad. Pero a los efectos de dejar en claro mi actuación legítima, ofrezco mi colaboración”.

paginajudicial.com

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial



El ex gobernador Sergio Urribarri presentó un escrito, a través de sus abogados, en el que se “pone a disposición, ofrece colaboración y anticipa la voluntad de declarar” en la causa donde se investigan supuestas irregularidades en las contrataciones para el desarrollo de la Cumbre del Mercosur, realizada en Paraná en diciembre de 2014.

El ex mandatario y actual presidente de la Cámara de Diputados dijo: “Estamos todos en peligro si la interpretación de un contenido comunicacional puede constituirse en la base de una acusación penal”. Se refirió así al cuestionamiento respecto de los cortos televisivos emitidos para la promoción de la cumbre de presidentes y que motivó una serie de imputaciones por los contratos de publicidad que hizo el Gobierno a través de la empresa Nelly Entertainment SA, propiedad de Jorge Corcho Rodríguez y Facundo De Vido, hijo del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

“He tomado conocimiento que desde el Ministerio Público Fiscal se ha iniciado una investigación que procura determinar si en el curso de aquella gestión se han producido irregularidades encuadrables en algún tipo penal. Desde ya rechazo tal posibilidad. Pero a los efectos de dejar en claro mi actuación legítima, ofrezco mi colaboración en los términos del artículo 16 del Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos”, expresa el escrito presentado este miércoles y al que tuvo acceso Página Judicial.

El artículo citado en el texto presentado por Urribarri refiere a que cualquier legislador, funcionario o magistrado que esté siendo investigado por la comisión de un delito puede presentarse ante las autoridades judiciales “aún cuando no hubiere sido llamado a prestar declaración como imputado (…) aclarando los hechos e indicando las pruebas que, a su juicio, puedan serle útiles”. De manera que Urribarri, con el patrocinio de los abogados Marcos Rodríguez Allende y Raúl Barrandeguy, se puso a disposición de la Justicia y de los fiscales para facilitar información y colaboración en el proceso.

El ex mandatario anticipó su total rechazo a los argumentos de la investigación penal preparatoria que llevan adelante los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa. “Fue un evento histórico, nunca antes seis presidentes habían estado en la provincia, no obstante la importancia que el Mercosur reviste para la economía de Entre Ríos”, sostuvo el ex mandatario. “Si bien se trató de un hecho político de singular importancia, también significó un enorme desafío administrativo y logístico. Tuvimos que disponer de nuestra organización y energía para asegurar el éxito de los encuentros, en el que entre otras cuestiones trascendentales, se discutía la incorporación plena de Bolivia al bloque regional”, agregó en el escrito.

También señaló que “para afrontar la situación desde el punto de vista político, administrativo y presupuestario y encuadrarla legalmente, envió a la Legislatura un proyecto de ley que declaraba de interés provincial la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur y ordenaba una serie de disposiciones para dar un marco legal a las contrataciones de suministros, obras y servicios inherentes a la Cumbre”.

Más adelante, resaltó que “la Legislatura provincial sancionó la Ley Número 10.327 que dio marco jurídico a la gestión administrativa y patrimonial dado que no se podía responder a las necesidades del evento aplicando la legislación común. Al texto de la ley me remito”, sostuvo en otro tramo del escrito.

Para el evento diplomático, el Poder Ejecutivo creó la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), tras la sanción de la Ley Número 10.327, que permitió eludir los llamados a licitaciones y concretar la compra de bienes y servicios de manera directa.

Urribarri explicó que “de tal modo, para concretar la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur, me regí, en mi carácter de gobernador, por las disposiciones de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, por la Ley Número 10.327 y supletoriamente por la Ley de Administración Financiera Número 5.140 y por la Ley de Obras Públicas Número 6.351. Los actos y contratos administrativos devenidos de la aplicación de la Ley Número 10.327 tuvieron, en su caso, la intervención previa de la Contaduría General de la Provincia y la posterior de la Legislatura de la provincia de Entre Ríos, que aprobó lo actuado. De modo tal que se cumplió con el bloque normativo aplicable a la situación”, asestó.

En otro tramo del escrito insistió en que todo lo que se hizo “lógicamente tuvo un capítulo comunicacional cuyas piezas se confeccionaron y difundieron bajo la misma cobertura legal. Además, específicamente en el tema de avisos televisivos, la temática de los mismos fue claramente institucional y de promoción de valores y activos provinciales, no muy diferentes a decenas de avisos protagonizados por gobernadores hablando de su provincia a lo largo de las últimas décadas”.

En la causa por las supuestas irregularidades en las contrataciones de obras para la Cumbre del Mercosur están implicados funcionarios y empresarios locales. Para que se pudiera llevar adelante el evento fueron necesarias 20 obras de infraestructura que demandaron una inversión de 40,5 millones de pesos. La firma que se alzó con la mayoría de las contrataciones directas fue Caballi SA, de Miguel Marizza, que ejecutó 12 trabajos por los que el Estado entrerriano acordó pagar 11.722.585 pesos.

Eso se convalidó a través de una serie de resoluciones emitidas por la UOCM, integrada precisamente por funcionarios y empresarios para controlar la asignación de las obras. De ese ámbito fue parte Marizza, que, también, se alzó como uno de los principales contratistas. La actual directora provincial de Vialidad, Alicia Feltes, integró la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, por eso la Justicia también puso la lupa en su accionar hace tres años.