Un ex intendente fue destituido, demandó al Estado y ganó

14/11/2016

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial En pleno debate acerca de un marco jurídico que legisle la responsabilidad del Estado se conoció un caso concreto sobre la necesidad de avanzar con una ley. La historia es de una novela política y judicial. Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial En pleno debate

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

En pleno debate acerca de un marco jurídico que legisle la responsabilidad del Estado se conoció un caso concreto sobre la necesidad de avanzar con una ley. La historia es de una novela política y judicial.

José Melciades Zuluaga fue electo en 1999 intendente de Rosario del Tala en la lista del Partido Justicialista (PJ). Había formado parte del sector interno que encabezó Luis Leissa y que perdió la pulseada ante el espacio de Héctor Maya. En esa elección general se terminó imponiendo la Alianza, que llevó a Sergio Montiel a la Gobernación.

Zuluaga no sólo debió gobernar en una crisis estructural, como todo el país, sino también en un escenario político hostil. El Concejo Deliberante tenía una mayoría radical.

Ni bien se inició la gestión, el entonces intendente enfrentó acusaciones políticas que luego se transformaron en expedientes judiciales. La primera denuncia fue por una contratación de radares. La segunda por una supuesta malversación de fondos públicos.

En los dos casos, la Justicia lo procesó y el Concejo Deliberante lo destituyó. Corría el año 2002. Zuluaga tuvo que dejar el cargo en septiembre de ese año hasta mayo del año siguiente. En junio lo volvieron a destituir por la segunda causa. El intendente depuesto fue arrestado.

Lo cierto es que cuando las dos causas llegaron al Superior Tribunal de Justicia (STJ) la suerte del entonces destituido jefe comunal fue otra. Lo absolvieron en todos los casos. El máximo cuerpo judicial de la provincia cuestionó a la jueza Ana Zapata por no hacerse eco de una medida cautelar interpuesta por la Cámara de Apelaciones de Concepción del Uruguay declarada nula. En resumen: la magistrada terminó dando rienda suelta a los concejales a sacar a Zuluaga de su cargo con supuesto aval judicial.

Pasaron los años y el ex intendente decidió demandar al Estado por daños y perjuicios. Lo hizo en 2006. Ganó en todas las instancias.

Derechos

El 19 de mayo pasado los vocales Leonor Pañeda, Emilio Castrillón y Juan Ramón Smaldone hicieron lugar a la demanda de Zuluaga que tramitó en el Expediente Número 6.941, al que tuvo acceso Página Judicial. El tribunal llegó a la conclusión que la jueza no solo afectó a Zuluaga en su “libertad personal, sino que le imposibilitó el ejercicio de sus derechos políticos”.

En la sentencia, los vocales expresaron que la medida cautelar había sido declarada nula, lo que permitía al intendente seguir en el cargo mientras se avanzaba con la acción penal. Por lo tanto, existió “responsabilidad por error judicial”.

Para los vocales, “la separación del cargo y por ende la detención, procesamiento y condena por continuación ilegítima en la función, fue manifiestamente ilegítima al desconocerse la vigencia de la medida de no innovar dictada por la Cámara”. Esa medida -para el STJ- fue “cuanto más dudosa” desde el momento en que la Cámara en su pronunciamiento había manifestado que su efectividad era “materia a interpretar” por el juez (en este caso jueza) que entendía en la causa del oficio.

Pañeda, Castrillón y Smaldone puntualizaron que “el plexo normativo que contempla la responsabilidad del Estado por error judicial incluye varios tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional”, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en cuanto establece que “toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación”.

Zuluaga demandó al Estado por 250 mil pesos, pero su interés es otro. “Quiero que la sociedad sepa que no me quedé con nada, absolutamente con nada. Es lo que dijo la Justicia”, dijo a Página Judicial.

El ex jefe comunal recordó haber pasado “momentos muy angustiantes” y agregó: “En ninguna de las causas la Justicia se encontró con un robo, una faltante, nada. Es más, en su momento le pedí a mi abogado que le pida a los jueces que las causas no se archiven, que sigan adelante, porque quiero que quede claro que no me quedé con nada”, señaló.

Con el portafolio repleto de documentación y crónicas periodísticas de aquellos días oscuros, Zuluaga dice que encontró la Justicia.