Un empresario reconoció que hacía retornos para el cuñado de Urribarri

CORRUPCIÓN

Un empresario reconoció que hacía retornos para el cuñado de Urribarri

El empresario Jesús José María Bustamente confesó haber sido beneficiado con contratos y pautas publicitarias que el ex gobernador Sergio Urribarri y el ex ministro Pedro Báez direccionaban a favor de Juan Pablo Aguilera. Bustamante reconoció que luego debía devolver una parte del dinero, a través de un sistema de retornos. En un juicio abreviado aceptó una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, el pago de una multa y el cumplimiento de tareas comunitarias.

paginajudicial.com

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial



El empresario Jesús José María Bustamante será condenado por haber sido beneficiado con contrataciones de campañas publicitarias que el ex gobernador Sergio Urribarri y el ex ministro Pedro Ángel Báez direccionaban a favor de su empresa.

Bustamante admitió que era parte de un esquema que tenía como protagonista principal a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, por el cual se direccionaban las contrataciones de publicidad en la vía pública a las empresas TEP SRL y Next SRL, que se le atribuyen a Aguilera. El fraude se estimó en 24.204.918,69 pesos.

En ese esquema, la empresa J. M. Bustamante Publicidad, vinculada comercialmente con TEP SRL y Next SRL, fue beneficiada con contratos y pautas publicitarias por 6.140.665,24 pesos, lo que redundaba en beneficios para las empresas de Aguilera a través de un sistema de retorno de dinero que terminaba en sus manos.

La misma maniobra se realizaba a través de la empresa Montañana Publicidad, cuyo titular, Hugo Fernando Montañana, también está imputado en la causa.

Todo eso admitió Bustamante ante el juez Ricardo Bonazzola y aceptó purgar una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional (no efectiva), el pago de una multa de 90.000 pesos y el cumplimiento de tareas comunitarias no remuneradas a beneficio de una institución de bien público a razón de 96 horas por año durante dos años.

En caso de que el acuerdo sea validado por el juez, Bustamante será condenado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública.

El juez Bonazzola dijo que el 24 de mayo anunciará si homologa el acuerdo.

El mecanismo

En la presentación del juicio abreviado, el fiscal Gonzalo Badano destacó que el ex gobernador Urribarri y el ex ministro Báez “sustrajeron fondos públicos” y los direccionaron a favor de las empresas TEP SRL y Next SRL, que figuran a nombre de testaferros de Aguilera, a través de contrataciones de publicidad.

Los tres están acusados por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración; y los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa adelantaron que pedirán que sean condenados a ocho años de prisión.

De acuerdo con la acusación, entre 2010 y 2015 se hicieron contrataciones por un monto total de 24.204.918,69 pesos mediante adjudicaciones directas y por vía de procedimientos de excepción desde el Ministerio de Cultura y Comunicación, con la venia del gobernador.

La maniobra consistía en realizar una simulación en la distribución de la publicidad entre las empresas. Esa simulación se orquestaba en la oficina de Corina Cargnel, contadora de Aguilera, que tenía en su poder hojas en blanco con membrete de la empresa J. M. Bustamante Publicidad y firmadas por el propio Bustamante. Esto significaba que “era Aguilera quien fijaba los precios” y “esos precios jamás fueron cuestionados por Báez ni Urribarri”, explicó el fiscal Badano.

En el caso de Bustamante, se le hicieron contrataciones por 6.140.665,24 pesos, aunque la investigación demostró que en algunos casos “un porcentaje era reembolsado a Aguilera”, a través de las gestiones, seguimiento y cobro que realizaba la contadora Cargnel. “Ella era el nexo entre los organismos públicos y las empresas”, detalló el fiscal. El retorno, en algunos casos, llegaba al 95 por ciento del total.

En su exposición, el fiscal Badano sostuvo que “había una comunicación fluida entre Cargnel y Bustamente: ella se comunicaba con los empleados del Ministerio de Cultura y Comunicación, transmitía la información a Bustamante, le hacía llegar las órdenes de publicidad y le solicitaba las fotografías para presentar como certificaciones que luego reenviaba al Ministerio”. Incluso, la contadora le informaba a Bustamante cuando salían los pagos y lo hacía para exigirle que efectuara el retorno correspondiente a Aguilera, “por medio de un sistema de compensaciones que consistía en que TEP y Next emitían una factura a Bustamante por una prestación ficticia para justificar la transferencia de dinero”, remarcó.

“La ganancia de Bustamante consistía en que tenía garantizadas las contrataciones y se llevaba una ganancia, que era menor, pero era una ganancia al fin”, expuso el fiscal.

A su vez, también se detectaron irregularidades en la certificación de la publicidad. Una pericia realizada sobre las fotografías que presentaban las empresas para acreditar ante el Ministerio de Cultura y Comunicación que los carteles efectivamente estaban donde se había contratado determinó que “en ocasiones se repetía la misma fotografía en los distintos meses, en otros casos se cambiaba el cuadro y también se comprobó que hicieron fotomontajes y adulteración de fotografías”. Sin embargo, las certificaciones fueron aprobadas por el ministro Báez y por Gustavo Tamay, Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio.

De los 24.204.918,69 pesos por los cuales se hicieron contrataciones, se detectaron irregularidades en la certificación de 12.170.338,76 pesos. En el caso de Bustamante, hubo una certificación irregular por 3.735.536,68 pesos.