Rodríguez seguirá apelando, ahora al Superior Tribunal de Justicia

JUSTICIA

Rodríguez seguirá apelando, ahora al Superior Tribunal de Justicia

El ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) está acusado por el delito de peculado y el supuesto delito de desvío de fondos públicos para sostener un emprendimiento educativo. La Cámara de Casación Penal rechazó por inadmisible un planteo. La defensa, indignada, adelantó ante Página Judicial que apelará al Superior Tribunal de Justicia.

De la Redacción de Página Judicial


Jorge Rodríguez hará todo lo posible para evitar el juicio. Su defensa, a cargo de Guillermo Vartorelli y Miguel Ángel Cullen, recurrirá a todas las instancias para pedir el sobreseimiento de su cliente. O, por lo menos, discutirlo.

El ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) está acusado por el delito de peculado y el supuesto delito de desvío de fondos públicos para sostener un emprendimiento educativo. Así lo resolvió el juez Eduardo Ruhl y la fiscal Patricia Yedro.

Sin embargo, la defensa de Rodríguez planteó un recurso de queja para solicitar nuevamente el sobreseimiento. El juez que rechazó la apelación (más formal que de fondo) fue Pablo Vírgala. Pero los abogados volvieron a apelar y la Cámara de Casación, integrada por Marcela Davite, Hugo Perotti y Marcela Badano, también declaró inadmisible el recurso.

“Entendemos que el ordenamiento procesal garantiza el derecho de defensa que le asiste al imputado, pues prevé la posibilidad de efectuar nuevamente el planteo respectivo en la instancia plenaria, próxima a celebrarse”, sostuvieron los jueces en su fallo, al que tuvo acceso Página Judicial.

Vartorelli lamentó ante este medio lo decidido por el tribunal. “Es una barbaridad lo que hicieron. Según nuestros jueces no se puede discutir un sobreseimiento salvo prescripción o muerte del imputado”, sostuvo y adelantó que irá, si es necesario, hasta la Corte Suprema de Justicia. (Ver fallo Adjunto)

Ruhl había rechazado el pedido de sobreseimiento y decretado la elevación a juicio. “Los jueces de Garantías no podemos avanzar sobre la facultad que tiene el Ministerio Público Fiscal de ejercer la acción penal; y cada vez que tenga un caso serio, como este, y quiera llevarlo a juicio, los jueces no podemos coartar esa posibilidad. Sólo podemos dictar un sobreseimiento ante un caso de extinción de la acción penal”, argumentó en juez oportunamente.

Para el juicio se acordó la convocatoria a unos cincuenta testigos, entre los que se cuenta al ex ministro José Eduardo Lauritto, al fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes y a Juan Carlos Lallana, que sucedió a Rodríguez al frente de la DPV, entre otros.

En la causa también están acusados Néstor Alberto Kemerer, ex director de Mantenimiento y Suministros de la DPV; y Mario Ricardo Heyde, entonces subdirector de Almacenes y Suministros del organismo.

Los entonces funcionarios, aparentemente, utilizaron fondos del organismo para sostener la Escuela Privada Número 235 “Heraclia Ruiz Díaz”, inaugurada el 5 de diciembre del 2014 y anunciada como “la primera escuela vial del país”. Concretamente, están acusados por la sustracción de fondos públicos para la puesta en funcionamiento de la institución educativa mediante la contratación de once personas como empleadas de la Dirección de Mantenimiento y Suministros de la DPV, pero para que presten servicios como docentes y no docentes de la escuela, porque sus salarios eran abonados por el organismo. También les cuestionan que cedieran en comodato, es decir, en forma gratuita y por 20 años galpones del organismo a la Asociación Civil Los Viales, que administra la escuela y que encabezan Kemerer y Rodríguez; y que las obras de refuncionalización del predio, con el fin de habilitarlos para el funcionamiento de la escuela, se hicieran con fondos asignados al presupuesto de la DPV.

Esta conducta había motivado una investigación del Tribunal de Cuentas en la que se detectaron varias irregularidades en la creación de institución educativa, tanto en el trámite de otorgamiento de la autorización para funcionar desde el Consejo General de Educación (CGE), como en el uso de los fondos públicos para un fin distinto al de su otorgamiento y sin existir contraprestación en beneficio del organismo.

Es que la Ley Número 2.936 de creación de la Dirección Provincial de Vialidad no contempla la creación de una escuela; y en este caso el proyecto educativo se sustenta con fondos del organismo. Un detalle: el establecimiento sigue funcionando y todos los años se va sumando un grado.

La denuncia fue promovida por los diputados Jorge Monge y María Emma Bargagna (mandato cumplido), con el patrocinio de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira.