Rodríguez pidió que lo sobresean, pero va a juicio

CORRUPCIÓN

Rodríguez pidió que lo sobresean, pero va a juicio

El ex director de Vialidad será juzgado por el supuesto delito de desvío de fondos públicos para sostener un emprendimiento educativo. Su abogado defensor, Miguel Cullen, sostuvo que “los hechos no constituyen ningún tipo de delito” y que no se puede sostener que la creación de una escuela constituya un delito”. El sobreseimiento fue rechazado y la causa va a juicio.

paginajudicial.com

De la Redacción de Página Judicial


Jorge Rodríguez, ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), será juzgado por el delito de peculado, por el supuesto delito de desvío de fondos públicos para sostener un emprendimiento educativo. Así lo resolvió el juez Eduardo Ruhl, haciendo lugar a un pedido efectuado por la fiscal Patricia Yedro.

En la causa también están acusados Néstor Alberto Kemerer, ex director de Mantenimiento y Suministros de la DPV; y Mario Ricardo Heyde, entonces subdirector de Almacenes y Suministros del organismo.

En rigor, el magistrado rechazó el pedido de sobreseimiento efectuado por los defensores de los imputados y decretó la elevación de la causa a juicio. “Los jueces de Garantías no podemos avanzar sobre la facultad que tiene el Ministerio Público Fiscal de ejercer la acción penal; y casa vez que tenga un caso serio, como este, y quiera llevarlo a juicio, los jueces no podemos coartar esa posibilidad. Sólo podemos dictar un sobreseimiento ante un caso de extinción de la acción penal”, argumentó Ruhl.

El juicio todavía no tiene fecha, pero en la audiencia se acordó la convocatoria a unos cincuenta testigos, entre los que se cuenta al ex ministro José Eduardo Lauritto, al fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes y a Juan Carlos Lallana, que sucedió a Rodríguez al frente de la DPV, entre otros.

La primera escuela vial del país

Los funcionarios, aparentemente, utilizaron fondos del organismo para sostener la Escuela Privada Número 235 “Heraclia Ruiz Díaz”, inaugurada el 5 de diciembre del 2014 y anunciada como “la primera escuela vial del país”. Concretamente, están acusados por la sustracción de fondos públicos para la puesta en funcionamiento de la institución educativa mediante la contratación de once personas como empleadas de la Dirección de Mantenimiento y Suministros de la DPV, pero para que presten servicios como docentes y no docentes de la escuela, por que sus salarios eran abonados por el organismo. También les cuestionan que cedieran en comodato, es decir, en forma gratuita y por 20 años galpones del organismo a la Asociación Civil Los Viales, que administra la escuela y que encabezan Kemerer y Rodríguez; y que las obras de refuncionalización del predio, con el fin de habilitarlos para el funcionamiento de la escuela, se hicieran con fondos asignados al presupuesto de la DPV. Por último, se les achaca que adquirieran un mástil de escritorio cromado, un libro copiador, un dispenser de jabón y cestos de residuos, para la escuela, también por cuenta del organismo.

Esta conducta había motivado una investigación del Tribunal de Cuentas en la que se detectaron varias irregularidades en la creación de institución educativa, tanto en el trámite de otorgamiento de la autorización para funcionar desde el Consejo General de Educación (CGE), como en el uso de los fondos públicos para un fin distinto al de su otorgamiento y sin existir contraprestación en beneficio del organismo.

Este viernes, en la audiencia de remisión de la causa a juicio, el defensor Miguel Ángel Cullen, defensor de Rodríguez, criticó duramente a la fiscal Patricia Yedro, que lleva adelante la investigación. Dijo que “los hechos no constituyen ningún tipo de delito” y aseveró que “no se puede sostener que la creación de una escuela constituya un delito”. También argumentó que “es un derecho constitucional de las personas a ser educadas y el Estado debe garantizar la educación pública” y remarcó que la decisión de hacer una escuela “es competencia del Consejo General de Educación, que es quien marca la política educativa en la provincia” y que se trata de una escuela pública de gestión privada, administrada por una asociación civil porque así lo sugirieron los organismos de control. Por su parte, Guillermo Vartorelli, que también representa al ex director de la DPV, advirtió que “podría verse afectada la división de poderes”.

A su turno, Javier Martínez, defensor de Kemerer y Heyde, reiteró en que no había delito en el accionar de los funcionarios, aseguró que “actuaron de buena fe y persiguiendo el bien común” y que la cesión del galpón de la DPV a la asociación civil había sido en forma gratuita.

Ramificaciones

La denuncia fue promovida por los diputados Jorge Monge y María Emma Bargagna (mandato cumplido), con el patrocinio de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira, a partir de una investigación del periodista Jorge Riani, publicada en la Revista Análisis. Allí también se mencionaba que Rodríguez también había desviado fondos en una campaña solidaria con la comunidad wichi, en Chaco. Pero esta parte de la denuncia quedó afuera de la investigación que llevó adelante la fiscal.

Luego de la denuncia se sucedieron una serie de movimientos en el seno de la DPV, como oportunamente revelara Página Judicial: el contador Valeriano Rubén Arioli presentó su renuncia a la Dirección de Administración y Finanzas por las implicancias que podría tener la investigación que llevaba adelante el Tribunal de Cuentas.

Es que la Ley Número 2.936 de creación de la Dirección Provincial de Vialidad no contempla la creación de una escuela; y en este caso el proyecto educativo se sustenta con fondos del organismo. Un detalle: el establecimiento sigue funcionando y todos los años se va sumando un grado, corroboró Página Judicial.

En el lugar Arioli, Rodríguez designó a otro hombre de su confianza, Omar Gulla. No es contador, que sería un requisito para ocupar el cargo. Este hombre ocupa la Secretario de Deportes del Sindicato de Obreros y Empleados Viales (Soever). Pero su principal curriculum es haber manejado el área de “viáticos”. Ese sector, que en la DPV es algo así como el Banco Central, recibió cuestionamientos del Tribunal de Cuentas.