Rodríguez le apuntó al CGE por habilitar la escuela de Vialidad

CORRUPCIÓN

Rodríguez le apuntó al CGE por habilitar la escuela de Vialidad

El ex funcionario está acusado el desvío de fondos públicos para sostener un emprendimiento educativo. En el inicio del juicio oral admitió haber utilizado recursos de la Dirección Provincial de Vialidad para el pago a los docentes de la escuela, pero aseguró que el proyecto había sido autorizado por el Consejo General de Educación y negó haber sustraído bienes o fondos de la administración pública.

paginajudicial.com

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial



–Señor Rodríguez, ¿sustrajo usted bienes o fondos de la administración pública? –le preguntó su abogado defensor.
–Jamás.

El ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Jorge Abel Rodríguez, comenzó a ser juzgado este lunes por el desvío de fondos del organismo a su cargo para el sostenimiento de un emprendimiento educativo. Está acusado por el delito de peculado y los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa adelantaron que pedirán que sea condenado a siete años de prisión.

En el banquillo también están sentados Néstor Alberto Kemerer, ex director de Mantenimiento y Suministros de la DPV; y Mario Ricardo Heyde, entonces subdirector de Almacenes y Suministros del organismo.

Concretamente, se les atribuye el desvío de 3.056.484 pesos –de acuerdo con un informe del Tribunal de Cuentas– para la puesta en funcionamiento de la Escuela Privada Número 235 “Heraclia Ruiz Díaz” mediante la contratación de once personas como empleadas de la Dirección de Mantenimiento y Suministros de la DPV, pero para que presten servicios como docentes y no docentes de la escuela.

También se les cuestiona que cedieran en comodato, es decir, en forma gratuita y por veinte años galpones del organismo a la Asociación Civil Los Viales, que administra la escuela y que encabezan Kemerer y Rodríguez; y que las obras de refuncionalización del predio, con el fin de habilitarlos para el funcionamiento de la escuela, se hicieran con fondos asignados al presupuesto de la DPV. Asimismo, se les cuestiona que adquirieran un mástil de escritorio cromado, un libro copiador, un dispenser de jabón y cestos de residuos, para la escuela, también por cuenta del organismo.

En el comienzo del juicio, Rodríguez deslindó su responsabilidad y aseguró que el emprendimiento educativo había sido aprobado por el Consejo General de Educación (CGE), aunque admitió que los docentes habían sido contratados en forma “provisoria” a través de la modalidad de contratos de locación de servicio con la DPV.

“Yo no dejé de hacer una ruta para pagarle a los maestros, eso sí habría sido ilegal; yo usé partidas destinadas a sueldos hasta que el Consejo General de Educación se hizo cargo de pagar esos haberes. Fue un orgullo y no estoy arrepentido de haber hecho una escuela”, dijo el ex funcionario en su declaración ante el tribunal integrado por Gervasio Labriola, Daniel Malatesta y Gustavo Pimentel.

–¿La ley de creación de la Dirección Provincial de Vialidad o sus posteriores modificaciones la habilitan a crear o fundar una escuela? –quiso saber el fiscal Cánepa.
–No, como tampoco lo prohíbe –respondió Rodríguez.

En rigor, su argumento fue luego desmentido por la abogada Nancy Vinagre, asesora legal del Tribunal de Cuentas, quien sostuvo que “un funcionario público no puede salir a solucionar todos los problemas sociales que advierta, sino aquellos que la ley le habilita”, es decir, Rodríguez no tenía permitido crear una escuela.

En su indagatoria Rodríguez explicó que el proyecto para la creación de la escuela se presentó el 1 de octubre de 2014, “por una necesidad de bancos que tenía la provincia”, y el Consejo General de Educación lo aprobó el 28 de noviembre, pero a condición de que las clases comenzaran en marzo. “No pensamos que nos fueran a asignar la escuela en menos de dos meses; fue una sorpresa”, sostuvo el ex funcionario. “Obviamente había requisitos que cumplir porque era un proyecto incompleto, pero tratamos de dar una solución y creo que lo logramos”, agregó.

En rigor, la resolución del CGE le concedía una “autorización provisoria para matriculación sin reconocimiento económico”.

Uno de los requisitos incumplidos por la DPV era la justificación del nombre que se le había asignado a la escuela: Heraclia Ruiz Díaz. Un homenaje a la madre de Kemerer.

Ante esa situación, la DPV contrató a docentes bajo la modalidad de contratos de locación de servicio, según las normas impuestas para los trabajadores viales, con un adicional por “dedicación intensiva”, cuyo objetivo, explicó Rodríguez, era “dar una equivalencia al sueldo de maestra”, en forma provisoria, hasta que el CGE asumiera el pago de los salarios. Entonces, explicó el ex funcionario, “no importa si cumplían la mayor carga horaria” que implicaba el pago del adicional.

Rodríguez remarcó que “en un principio no existieron objeciones”, aunque luego el CGE emitió una resolución en la que advirtió que un organismo estatal no podía tener a su cargo el manejo de una escuela pública de gestión privada y, por ese motivo, se decidió la creación de la Asociación Civil Los Viales.

Los contratos docentes eran a partir de febrero de 2014; pero la asociación civil se creó el 4 de agosto, es decir, seis meses después. En ese lapso, los salarios fueron abonados por la DPV y la escuela estaba bajo la órbita de la Dirección de Mantenimiento y Suministros, según lo admitió el propio Kemerer en su indagatoria.

A su vez, para el funcionamiento de la escuela, la DPV le cedió en forma gratuita y por veinte años un galpón a la asociación civil. El comodato lo firmó Mario Ricardo Heyde, en representación del organismo público, ante la ausencia de Rodríguez.