Policías y traficantes, socios en una asociación ilícita para vender droga

NARCOTRÁFICO

Policías y traficantes, socios en una asociación ilícita para vender droga

Quince personas están siendo juzgadas como integrantes de una asociación ilícita dedicada a la venta de cocaína y marihuana en Concordia, Colón y Concepción del Uruguay. Es un juicio inédito para el Tribunal Oral Federal, por la cantidad de imputados y por la magnitud de la organización. Entre los acusados hay un alto jefe de la Policía de Entre Ríos, dos oficiales de la Policía Federal y un oficial de Gendarmería.

paginajudicial.com

Juan Cruz Varela


El Tribunal Oral Federal comenzó a juzgar quince personas como integrantes de una asociación ilícita dedicada a la venta de cocaína y marihuana en Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y, se presume, el contrabando hacia la República Oriental del Uruguay. En el banquillo de los acusados está uno de los jefes del narcotráfico en la provincia, junto con integrantes de fuerzas de seguridad que brindaban información y protección a la organización.

Mario Roberto González, el Gordo, tenía un pedido de captura desde 2008 por delitos de narcotráfico, pero su habilidad y vinculaciones le permitieron mantenerse prófugo durante siete años. Esa referencia puede servir apenas como una estimación del tiempo que llevaba al frente de una organización de gran capacidad económica y cuya trascendencia en el tiempo es difícil de dimensionar.

González fue detenido el 12 de mayo de 2015 frente al departamento que habitaba en el primer piso de la calle Pilar 747, en el barrio porteño de Liniers. Estaba con su pareja, Elsa Cristina Caram, que también fue arrestada.

En las horas que siguieron a las tres y media de la tarde cayó el resto de la organización.

Su arresto se produjo después de dos años de una investigación que se inició casi por casualidad, a partir de la detención de un hombre que pretendía cruzar desde la costanera de Colón hacia la República Oriental del Uruguay, en una lancha, transportando 42,92 kilos de marihuana y 3,36 kilos de clorhidrato de cocaína.

De resultas de esa casualidad, surgió la vinculación del hombre de la lancha con un tal Javier Alejandro Caire, a quien la Policía conocía del negocio de desarmaderos y comercio de autopartes en Concepción del Uruguay, y de allí hasta el Gordo González.

Una organización familiar

Las escuchas telefónicas permitieron reconstruir el organigrama de la banda, determinar nombres, vínculos y roles de cada uno de los integrantes: González y Caire fungían como organizadores, es decir, quienes detentaban el liderazgo operativo, aportaban la infraestructura, medios económicos, logística (respecto del comercio, traslado y distribución de la droga) y asignaban funciones al resto de la organización.

Eran socios en partes iguales en la venta de drogas al menudeo; compraban la cocaína a un proveedor de nacionalidad boliviana en la Ciudad de Buenos Aires a quien le pagaban en dólares; la enviaban mayormente en encomiendas hasta distintas localidades entrerrianas y luego sus subalternos la distribuían entre quienes comercializaban al menudeo. Se distribuían geográficamente el territorio: González manejaba el negocio en Concordia y Caire lo hacía en Colón y Concepción del Uruguay.

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Ambos contaban con protección policial, algo de lo que se jactaban en las conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación. Por las dudas, de todas maneras, andaban por la calle con documentos falsos, González se movía con el nombre de José del Pilar Bolaño y Caire se identificaba como Pablo Alejandro Almada.

Otra característica era que la estructura organizacional estaba constituida por grupos familiares, lo cual la hacía más difícil de infiltrar. Debajo de González y Caire, en distintos roles, aparecen parientes, que constituían distintos eslabones.

Todo eso se pudo reconstruir a partir de tareas de seguimiento y vigilancia, informes, fotografías, filmaciones y, fundamentalmente, escuchas telefónicas que realizó la Dirección de Toxicología de la Policía de Entre Ríos.

Así se pudo determinar, por ejemplo, que Orlando Daniel Caire, el padre de Javier, dueño de una distribuidora de helados de la marca New Cream, prestaba los galpones de su negocio para el almacenamiento la droga y que allí se realizaban también tareas de fraccionamiento y distribución de la droga en Concepción del Uruguay; mientras que Elsa Cristina Caram, la pareja de González, era la encargada de la recepción y distribución en Concordia. Ambos fungían como colaboradores más estrechos de los jefes.

Debajo de ellos, la organización dividía su actividad. Carlos Alberto Segovia, yerno de González, y Santiago Javier Acosta trabajaban como remiseros y utilizaban sus vehículos como pantalla para hacer el reparto de la droga; mientras que María Isabel González y Rosana Isabel Tenis, la madre y la hermana del Gordo, regenteaban kioscos de droga en sus domicilios donde se vendía al menudeo en Concordia.

En tanto, Nicolás Alberto Stur y Néstor Javier Neuvirth tenían contacto directo con Caire, trabajaban con él en un taller mecánico y eran los encargados de transportar la droga desde Buenos Aires hasta Concepción del Uruguay para luego distribuirla en las distintas bocas de expendio; y Neuvirth, además, era una especie de presta-nombre de Caire para ocultar la compra de bienes con el dinero que le dejaba la venta de cocaína y marihuana. La estructura también tenía sus propios vendedores, en Concepción del Uruguay, Mirta Noemí Sayavedra, una mujer que continuó el negocio que tenía su hijo Sebastián Cáceres, luego de que fuera detenido en Corrientes por un robo; y, en Colón, Antonio Darío Vallejos, aunque éste fue desprocesado y no llegó a juicio con el resto de la organización.

La conexión policial

El rol de los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad aparece como fundamental para el sostenimiento de la organización. Su función, se cree, era la de brindar información y protección a los cabecillas, a cambio de dinero.

A través de escuchas telefónicas se determinó que González tenía un contacto fluido con el comisario inspector Alberto Mario Núñez, uno de los jefes de la Dirección de Toxicología de la Policía de Entre Ríos. Se captaron conversaciones en las que Núñez le decía al narcotraficante cuándo y dónde habría procedimientos y le daba información sobre las investigaciones en curso; y, a su vez, González le entregaba datos de la ubicación de otros kioscos de droga que constituían una competencia para su organización.

La explicación que ha dado Núñez ante la justicia es que González era un “informante” suyo y que por eso hablaban por teléfono.

También González y Caire hablaban de Núñez. Se referían a él como “el amigo Mario”, “el amigo de Paraná” o “el del Aveo blanco”, en referencia al automóvil que la Policía le proveía al jefe policial para que se movilice.

Los tentáculos de González se extendían a otras fuerzas: los sargentos José María Gómez y Sergio Andrés García también le daban información al jefe narco sobre investigaciones que llevaba adelante la Policía Federal, a la que ambos pertenecían; e incluso García apuntaba datos de sus propios compañeros para que González tomara represalias contra ellos.

En tanto, el sargento ayudante de Gendarmería Carlos Francisco Acosta, que se desempeñaba en el área de Inteligencia y escuchas telefónicas en el Escuadrón 4 “Concordia”, también le confiaba a González información sensible sobre investigaciones en curso y operativos que realizaba la fuerza de seguridad.

Todos están acusados de integrar una asociación ilícita, un delito que se configura cuando un grupo de personas se organizan en torno a un objetivo común y que tiene como finalidad la comisión de actividades ilegales, que en este caso es el tráfico de drogas.

La investigación se sostiene, fundamentalmente, en escuchas telefónicas y revela el poder de penetración que tiene el narcotráfico en las distintas estructuras estatales y su enorme capacidad de corrupción.

Un juicio de estas características tiene poco antecedentes en el tribunal oral, por la cantidad de imputados y la magnitud de la organización delictiva, pero también por los casi noventa testigos citados a declarar, aunque es probable que ese número se vea reducido. Incluso la causa estuvo a punto de resolverse por la vía de un juicio abreviado y hubo gestiones hasta minutos antes del inicio del debate, este martes, pero finalmente no hubo acuerdo.

Fuente: Página Judicial y El Diario.