La Policía, el Poder Judicial y la política en un escenario hostil

GATILLO FÁCIL

La Policía, el Poder Judicial y la política en un escenario hostil

Una cadena de hechos en las últimas semanas dan cuenta de un contexto complicado en el que se entrecruzan el humor social y el Estado. Un fallo judicial que envía a policías a prisión mereció una movilización frente a los tribunales. La liberación de dos integrantes de la fuerza tras haber participado de un hecho que dejó como saldo un joven muerto por un tiro por la espalda terminó en caravana y festejo. La política hace silencio en un momento de necesidades para buena parte de la sociedad.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial



Se enrarece el ambiente. En las últimas horas una joven relató en su perfil de Facebook una cadena de sucesos que se vienen naturalizando. Contó que su madre, en un cruce con el chofer que no le creía que era estudiante de un profesorado, terminó con la intervención de dos policías que iban en el colectivo. Hicieron detener el transporte mientras pedían refuerzo. Llegaron cuatro agentes más, con itacas, en una camioneta. Bajaron forzosamente a la mujer del colectivo dejándola en una calle inhóspita. El hecho ocurrió en Concordia, este lunes. Los oficiales fueron denunciados penalmente por abuso de autoridad y apremios ilegales.

El martes pasado un policía de Paraná asesinó por la espalda a Gustavo Gusmán en el barrio Capibá en un hecho estremecedor. Un celular captó la escena cuando el joven baleado por la nuca perdió su vida sobre un charco de su propia sangre ante las miradas atónitas de agentes y vecinos desesperados.

Informes de organismos de derechos humanos y la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) contabilizaron 725 víctimas de gatillo fácil y muertes en comisarías y cárceles durante 721 días de gobierno de Mauricio Macri.

Al otro día del asesinato de Gusmán se conoció una noticia que pasó desapercibida. En Rosario del Tala un grupo importante de ciudadanos se movilizó frente al edificio de tribunales para mostrar la disconformidad con un fallo que hace efectiva una condena dictada en 2015 y manda a prisión a siete policías acusados de haber cometido los delitos de torturas, privación de la libertad con abuso funcional, vejaciones en actos de servicio y apremios ilegales. Se trata de un caso escandaloso ocurrido en 2012 cuyas crónicas de entonces generan escozor al leerlas aún hoy.

En la movilización, un familiar de un condenado instó a los presentes a transformar ese descontento en un castigo político. “Aprendamos a votar. Cuando entramos a un cuarto oscuro se deciden muchas cosas. Mucha gente está hace 12 y 15 años en el poder”, dijo.

El jefe de la Policía, Gustavo Maslein, celebró la liberación del sargento Diego Ibalo y el agente Rodrigo Molina, detenidos por la muerte de Gabriel en Capibá. En declaraciones radiales, el mandamás de la fuerza dejó afirmaciones: “La Policía hizo lo que tenía que hacer”; “se tiró abajo todo lo que se habló de gatillo fácil”. Como si eso fuera poco, hubo una caravana ante la liberación.

Rosario Romero, ministra de Gobierno y jefa política de la fuerza, respondió que “no había nada que festejar”. Las declaraciones tuvieron menos espacio en la prensa que las temerarias afirmaciones de Maslein. Fueron los organismos de derechos humanos y el MST quienes actuaron como resortes ante la delicada situación. Los partidos tradicionales, los únicos que gobernaron la provincia, como la UCR y el PJ, hicieron silencio.

El abogado penalista y militante de la Liga por los Derechos del Hombre, José Iparraguirre, trazó un paralelismo de hechos en los que está involucrada la Policía con el crimen. Todos coincidieron en un escenario social y político muy marcado. Héctor Gómez y Martín Basualdo desaparecieron una mañana de 1994. De Daniel Gorosito no se supo más nada el 13 de febrero de 2002. La última vez que se los vio fue en manos de la fuerza. En el fatídico diciembre de 2001 la Policía le quitó la vida a Romina Iturain, Eloísa Paniagua y José Daniel Rodríguez. Crisis, desempleo, desocupación son los patrones que se repiten en los contextos en que sucedieron los hechos.

Sediciosos

Los policías acuartelados en la Jefatura Departamental de Concordia durante horas en las tensas jornadas de diciembre de 2013 y que luego fueran investigados por el delito de sedición tuvieron una buena noticia en el mes de mayo. El fallo que los condenaba con penas de entre 3 y 4 años de prisión a 17 policías al hallarlos culpables del delito de sedición agravada, debe ser revisado. Lo determinó el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

La Cámara de Casación Penal había hecho lugar a lo peticionado por la Fiscalía y agravó las figuras penales que se les imputaron a los policías sedicosos que se levantaron en el marco de una protesta por un conflicto salarial. También se los condenó por ser coautores de los delitos de sedición agravada y privación ilegítima de la libertad en concurso ideal.

Ante ese nuevo fallo, se recurrió la nueva calificación penal mediante un recurso extraordinario. La Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del STJ, que integran los vocales Daniel Carubia, Miguel Giorgio y Claudia Mizawak, anuló el fallo de Casación dictado entonces por Marcela Davite, Hugo Perotti y Alejandro Grippo. Carubia y Giorgio lo hicieron por la afirmativa y Mizawak se abstuvo. Se deberá conformar un nuevo tribunal para dictar un nuevo fallo.

En el acuartelamiento en Concordia como en la caravana de la semana pasada en Paraná no hubo sanciones políticas. Es un mensaje complejo para la Justicia, que debe juzgar y, a la vez, trabajar con la fuerza en las investigaciones.