Otra denuncia y las veces que se intentó eliminar las compensaciones

30/06/2014

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Marcelo Casaretto va por más. Por estos días presentará una nueva ampliación de denuncia en el escandaloso expediente por el que se investiga hasta ahora una suma de 38 millones de pesos en compensaciones de deuda entre empresas proveedoras del Estado y la Administradora Tributaria de Entre


Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial


Marcelo Casaretto va por más. Por estos días presentará una nueva ampliación de denuncia en el escandaloso expediente por el que se investiga hasta ahora una suma de 38 millones de pesos en compensaciones de deuda entre empresas proveedoras del Estado y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

El titular del organismo recaudador tiene nuevos elementos, esto es nuevos casos de firmas que estafaron al fisco, para denunciar en sede judicial. La nueva presentación será del período 2003 – 2007, es decir durante la tercera gobernación de Jorge Busti. En ese entonces el organismo recaudador no era la ATER sino la DGR. Pero Casaretto – se adelantó a Página Judicial – quiere ir más para atrás todavía y pretende que se investigue el período 1999 – 2003, años de la segunda gestión de Sergio Montiel. Una pesquisa por todos esos años salpicaría a varios funcionarios peronistas y radicales. E lugar de Casaretto lo ocuparon Guillermo Linesky, Aurelio Miraglio y Fabián Boleas.

El caso está en el Juzgado de Instrucción N° 6, a cargo de Marina Barbagelata. Los fiscales de la causa son Laura Cattáneo y Gervasio Labriola, éste último sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, José Ángel Allende.

Con la segunda denuncia- realizada la semana pasada – se pasó de 66 empresas involucradas a 141. En esta tercera etapa se sumarían algunas más, pero muchas se repetirían según indicaron desde ATER a Página Judicial.

La información surge de los reportes elaborados por parte de la Dirección de Sistemas Informáticos del organismo recaudador en donde se observa preliminarmente la existencia de compensaciones de créditos y deudas realizadas sobre contribuyentes por impuestos adeudados que no cuentan con el correspondiente respaldo documental.

La semana pasada sólo se conocieron una lista de empresarios y dos empleados del organismo que fueron imputados. Allí aparecieron la jefa de Despacho de ATER, Estrella Martínez de Yankelevich; y el de Mesa de Entradas, Daniel Gaggión.

Sorprendió la no imputación de Gustavo Gioria, que se desempeñaba como tesorero de la provincia y que apareció como contador asesor de una de las empresas vinculadas al escándalo. En un acto de reconocimiento implícito por haber incurrido en el delito de incompatibilidad en el ejercicio de la función, el hombre renunció a la Tesorería.

El procedimiento de las compensaciones están estipuladas en el artículo 75 del Código Fiscal. Allí se explica que el proveedor del Estado debe acreditar la tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, se aprobarán para su compensación por impuestos por medio de una resolución del Ministerio de Economía.

Suspicacias

Un rumor anda dando vueltas en la ATER. Es el que indica que Casaretto, cuando le pidieron opinión a fin de año sobre la reforma tributaria que aprobó la Legislatura, propuso eliminar el artículo 75 del Código Fiscal. Terminar, en definitiva, con las compensaciones. Esa propuesta habría sido rechazada en el Ministerio de Economía. ¿Quién tomó la decisión de haber echado por tierra esa reforma? ¿Por qué?

Por estas horas tomará estado parlamentario un proyecto de ley que propone el diputado provincial por el oficialismo, Juan José Albornoz, para eliminar las compensaciones y exigir que se conozca el nombre de las empresas involucradas en la estafa millonaria que tomó estado público semanas atrás.

Hay otro dato que pondría al titular del organismo recaudador como un testigo clave de la trama. Según se adelantó a Página Judicial, cuando se creó la ATER y Casaretto fue designado al frente del organismo, firmó una resolución para eliminar ese mecanismo de saldar deudas por seis meses. Cumplido el tiempo estipulado no se prorrogó, pese a que se podía hacer por otros seis meses. ¿Alguien solicitó hacer caducar esa medida? Preguntas para la Justicia.

Casaretto cumplió el deber de funcionario público al denunciar la posible existencia de un delito cuando hace un mes se presentó en Tribunales con la primera denuncia por 18 millones correspondientes al período 2012 – 2014. Pero decidió ir para atrás y se encontró con el desfalco de 20 millones entre el 2007 y 2011. ¿Desde cuándo se conocía y por qué se decidió dar a conocer recién ahora la existencia de este sistema corrupto?

El Tribunal de Cuentas anunció la creación de la Unidad Fiscal Especial de Auditoría (UFEA). Se trata de un cuerpo integrado por contadores, abogados y especialistas en sistemas para investigar exclusivamente la estafa por compensaciones apócrifas ocurrida en la ATER.

El 10 de julio comenzarán las indagatorias.