No hay ley de Ética Pública

DEUDA

No hay ley de Ética Pública

Hace 9 años que se promete aprobar una ley que establezca un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a funcionarios de los tres poderes del Estado. En el tiempo fueron surgiendo motivos para no tratar el tema. Las idas, vueltas y los cambios que sufrió una iniciativa.

paginajudicial.com

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial



No es un tema que surja, cada tanto, en la agenda social. Mucho menos en la política. Entre Ríos no tiene una ley de Ética Pública, pese a ser una promesa que lleva 9 años. Un proyecto, con media sanción, duerme en la Cámara de Diputados hace exactamente 2 años.

Con la crisis de 2001 y el descreimiento en la dirigencia política tras una década de escándalos por casos de corrupción generados en el seno del Estado, quien se iba a ser cargo del Poder Ejecutivo debía pronunciarse a favor de una norma. Esto, obviamente, sucedió. Jorge Busti una vez que asumió su tercera gobernación se comprometió a sancionar una ley de Ética Pública. En rigor era un Código de Ética Pública en el marco de una norma que creó la Oficina Anticorrupción (OA). El nuevo organismo fue el certificado de defunción de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) a cargo de Oscar Rovira impulsada en el gobierno anterior de Sergio Montiel que terminó llevando a los tribunales a funcionarios peronistas, pero también radicales.

Lo cierto es que hubo iniciativas legislativas que fueron discutidas por varios sectores de la comunidad. En los Tribunales surgieron algunas sugerencias respecto a los requisitos del solicitante de las declaraciones juradas. También se llevaron adelante jornadas en la que participaron periodistas.

Poco y nada

El gobierno de Busti finalizó sin el código y con la OA encargándose de cuestiones sumarias. El organismo, con la nueva orgánica de Fiscalía de Estado, desapareció.

Durante la primera gestión de Sergio Urribarri el tema iba a ser abordado, pero en el marco de la reforma constitucional en 2008. Allí había que debatir el tema de fondo. No se hizo y el compromiso fue girado a la Legislatura, en donde se debía establecer un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, “sin excepción”, a todos aquellos que se desempeñen en la función pública sin discriminación de niveles y jerarquías y en forma permanente o transitoria.

Busti, presidente de la Cámara de Diputados y anterior presidente de la Convención, presentó un proyecto de ley que fue aprobado por el cuerpo que él mismo presidía. El 28 de octubre de 2009 pasó al Senado y el 9 de abril del año siguiente se aprobó para pasar luego a la Cámara de origen.

Cambios

El texto que hoy cuenta con media sanción tuvo un cambio en su redacción en el punto, nada menos, que refiere a las declaraciones juradas. Se estableció que las mismas debían contener una nómina detallada de todos los bienes propios “sólo” del declarante; no de su cónyuge; y los que integren la sociedad conyugal como se había planteado en las propuestas anteriores.

Pero ese artículo, fue modificado en el Senado. Se sumaron al conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero. En el caso del cónyuge, el conviviente y los hijos menores que tuvieren ingresos, se indicará la profesión y medios de vida de las personas.

Funcionarios de los tres poderes del Estado, obligados a presentar las declaraciones juradas, deberían haberlo hecho.

Los proyectos de ley, cuando no se tratan en el período en que fueron presentados y en el subsiguiente (es decir, dos períodos ordinarios) se aplica el archivo. Pero cada comisión legislativa tiene la potestad de decidir el archivo.