Mazzaferri, torturas y cocaína, las historias del represor condenado

22/08/2017

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial José Darío Mazzaferri es el último de los represores condenados en Entre Ríos. Era el jefe de la denominada “oficina técnica”, el área de inteligencia de la Policía Federal de Concepción del Uruguay durante la dictadura: comandaba los procedimientos de secuestros de personas –a veces lo

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

José Darío Mazzaferri es el último de los represores condenados en Entre Ríos.

Era el jefe de la denominada “oficina técnica”, el área de inteligencia de la Policía Federal de Concepción del Uruguay durante la dictadura: comandaba los procedimientos de secuestros de personas –a veces lo hacía en su automóvil particular–, conducía los interrogatorios, aplicaba la picana eléctrica en los cuerpos de los detenidos y adiestraba a los otros integrantes de la patota sobre cómo hacerlo.

Por eso el Tribunal Oral Federal de Paraná lo condenó a 20 años de prisión.

Pero esas historias reconocen su inicio con la primera denuncia que se presentó en 2006, cuando Mazzaferri era un influyente comisario general de la Policía Federal y detentaba el cargo de Superintendente de Planificación y Desarrollo de la fuerza.

Aquella denuncia presentada por un docente identificaba a un tal “Masaferro” como integrante de la patota que en julio de 1976, durante el receso escolar de invierno, secuestró y torturó a estudiantes secundarios y militantes populares en la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay.

Aquella denuncia fue el principio del fin de su carrera policial.

Aquella denuncia lo tuvo 1.672 días prófugo de la justicia, entre 2009 y 2013, y exhibió cabalmente las relaciones de poder que había tejido hasta llegar a la cúspide del poder. Por eso no llegó a ser juzgado en 2012, junto con otros integrantes de la patota.

El jefe de la patota

Mazzaferri nació en Capital Federal el 11 de septiembre de 1952. Egresó de la escuela de cadetes, con 19 años, como oficial y, tras un breve paso por la Comisaría 40 de Capital Federal, pasó a desempeñarse en el Departamento de Documentación Personal.

El entonces subinspector de la Policía Federal llegó a Concepción del Uruguay en diciembre de 1975, con 23 años, y apenas arribado quedó a cargo de la denominada “oficina técnica”, como se llamaba al área de inteligencia.

La “oficina técnica” era un destino interno de las delegaciones cuya misión era recabar información y se presume que sus integrantes realizaban, al mismo tiempo, diversas tareas orientadas a la persecución política, según consta en un “Informe sobre la actuación de la Policía Federal Argentina en la denominada ‘lucha contra la subversión’”. A partir del 24 de marzo esa área comenzó a funcionar como una estructura paralela a las actividades formales de la fuerza y desde allí se coordinaban las operaciones de la represión ilegal, inclusive con otras fuerzas militares y de seguridad.

Mazzaferri estuvo dos años en Concepción del Uruguay. Como se ha dicho, sus tropelías le valieron una condena y, tal vez, un puñado de causas que podrían abrirse en los próximos meses, por la desaparición de militantes sociales.

Pero ese no es el único punto oscuro en su carrera policial.

Droga, ocaso y caída

El 8 de mayo de 2005 ocurrió un extraño episodio en el norte argentino: cuatro policías vestidos de civil que viajaban a bordo de una camioneta Ford Courier volcaron sobre la Ruta Nacional 34, a la altura de Puesto Viejo, en la provincia de Salta, y tras el accidente se descubrió que llevaban una carga no declarada de 116 kilos de cocaína.

Los policías dijeron que la droga era producto de un operativo realizado el día anterior en la localidad Salvador Mazza, que había sido abandonada junto a las vías del ferrocarril luego de un tiroteo con narcotraficantes que se dieron a la fuga rumbo a territorio boliviano, por lo cual no se registraron detenciones. Según esa versión, un juez pidió que trasladaran la droga hasta la ciudad de Orán, pero en lugar de ello siguieron viaje hasta la capital salteña y, en el camino, sufrieron el accidente. Luego se descubrió, además, que los policías habían evitado las rutas y en cambio utilizaron caminos alternativos de tierra para sortear tres puestos de control de Gendarmería.

Cuando el escándalo ganó la tapa de los diarios, Mazzaferri viajó a Salta, enviado por el entonces ministro del Interior, Aníbal Fernández. Una vez allí, habría presionado para que un juez inventara un operativo para justificar el origen de la droga y dio una conferencia de prensa en la que sostuvo la inocencia de los policías y que el operativo había sido “exitoso y transparente”.

Durante la investigación, el juez salteño explicitó su molestia con la “superioridad de la Policía Federal Argentina” por haber involucrado “lamentablemente” a la institución en el “respaldo irrestricto al procedimiento en cuestión y al personal investigado, como se desprende de la actividad de los abogados policiales de la Dirección de Asuntos Jurídicos” y envió copia a Aníbal Fernández como “responsable político de la fuerza”.

Por aquella intervención, Mazzaferri terminó denunciado por apología del delito, aunque luego salió indemne, como el resto de los policías, que resultaron absueltos en octubre de 2008 en un polémico fallo.

Semejante episodio no impidió que en noviembre de 2005 fuera designado como jefe de la Superintendencia de Planificación y Desarrollo de la Policía Federal. Para ese entonces tenía el rango de comisario mayor y pasó a ser el tercero en el orden jerárquico de la fuerza. Pero pronto comenzaría a desbarrancar: en febrero de 2006, César Román presentó una denuncia por el secuestro y las torturas sufridas cuando era estudiante secundario; y al año siguiente, el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Roque Minatta, que también había sido víctima de esos delitos, solicitó a Eduardo Luis Duhalde el pase a retiro de Mazzaferri, por su imputación en la causa por delitos de lesa humanidad. Coincidentemente –o no– él mismo pidió pasar a retiro en noviembre de 2006, a lo cual recibió respuesta favorable a principios de 2007.