Mazzaferri pidió su absolución y en tres semanas habrá sentencia

06/07/2017

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El represor José Darío Mazzaferri ya tiene su día clave: el 27 de julio, después de la feria judicial, el Tribunal Oral Federal dará a conocer el veredicto en la causa que lo tiene sentado en el banquillo de los acusados por crímenes de la dictadura.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

El represor José Darío Mazzaferri ya tiene su día clave: el 27 de julio, después de la feria judicial, el Tribunal Oral Federal dará a conocer el veredicto en la causa que lo tiene sentado en el banquillo de los acusados por crímenes de la dictadura.

El abogado Guillermo Morales, defensor de Mazzaferri, solicitó su absolución en el juicio que lo tiene como acusado por el allanamiento ilegal del domicilio de tres personas, la privación ilegítima de libertad e imposición de tormentos respecto de ocho víctimas, y como integrante de una asociación ilícita, en el marco de un plan sistemático de persecución y exterminio de militantes políticos.

En su argumentación, Morales planteó la extinción de la acción penal respecto de los delitos que se le imputan al ex policía federal. Dijo que los delitos están prescriptos, que Mazzaferri había sido amnistiado por aplicación de la ley de obediencia debida –que dispone la extinción de la acción cuando una persona no hubiera sido citada a prestar declaración indagatoria durante los sesenta días corridos a partir de la promulgación de la norma, que hubo una falta de acción en la continuidad de la investigación por aplicación de las leyes de impunidad e invocó la insubsistencia de la acción penal, es decir, que se extendieron los plazos razonables en la tramitación del proceso.

Su postura fue rebatida por el fiscal y los querellantes, cuando les tocó replicar. José Ignacio Candioti sostuvo que “estos planteos, con los mismos argumentos, ya han sido rechazados y la justicia argentina ha resuelto que los delitos de lesa humanidad no prescriben ni son susceptibles de ser amnistiados” y enfatizó que el responsable de la demora en la sustanciación del proceso fue el propio Mazzaferri, que se mantuvo prófugo de la justicia durante cuatro años. Por su parte, la querellante Lucía Tejera resaltó que “el Estado argentino asumió una obligación de perseguir y sancionar los crímenes de lesa humanidad” y destacó también que tras el fallo de la Corte Suprema que declaró aplicable el beneficio del dos por uno para represores de la dictadura, “el pueblo argentino salió a defender el juicio y castigo”.

Más adelante, el abogado Morales también planteó que se había vulnerado el derecho de defensa de Mazzaferri al no permitírsele tener acceso al legajo personal del ex policía federal, lo que le impidió, según dijo, realizar cualquier tipo de pericia.

Una novedad en el alegato fue el pedido que hizo Morales para que se aplicara, en el caso de Mazzaferri, el beneficio del dos por uno, citando el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que benefició al represor Luis Muiña.

Por lo demás, el defensor planteó lo que a su criterio eran contradicciones en el relato de las víctimas a lo largo del proceso, desde las declaraciones que hicieron en el inicio de la causa, los dichos en el primer juicio y lo que contaron en esta instancia; cuestionó que hubieran formulado la denuncia treinta años después de la ocurrencia de los hechos y aseveró que “los derechos de las víctimas no pueden estar por encima de los derechos de los imputados”.

Más adelante sostuvo que “es imposible que las cosas sucedieran como dicen las supuestas víctimas”, del mismo modo que habló de “supuestas torturas” y remarcó que cuando Mazzaferri llegó a Concepción del Uruguay, en diciembre de 1975, eran un oficial de 23 años, por lo que “pretender que era la mano derecha de (el entonces ministro del Interior, Albano) Harguindeguy es un absurdo”.

En otro tramo de su alegato, hizo una especie de cuestionamiento al modo en que se concretó la inspección judicial. Dijo que la delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay fue identificada como centro clandestino de detención el 15 de noviembre de 2011, es decir, antes del juicio en el que fueron condenados Francisco Crescenzo y Julio César Rodríguez. En esa oportunidad, expuso, “se colocó en el frente de la delegación una placa con la consigna ‘Memoria’, ‘Verdad’ y ‘Justicia’. Esto quiere decir que todos ya conocían ese lugar cuando participaron de la inspección judicial”, el 17 de mayo de 2012, sostuvo Morales.

Tras escuchar los alegatos, los jueces Beatriz Caballero de Barabani, Otmar Paulucci y Sebastián Gallino anunciaron que darán a conocer el veredicto el jueves 27 de julio, luego de la feria judicial de invierno.

Cabe recordar que la semana pasada el fiscal José Ignacio Candioti había solicitado para Mazzaferri una condena de 20 años de prisión; mientras que los representantes de las víctimas pidieron que se lo condene a 25 años de cárcel.