Los fiscales pidieron cinco años y seis meses de prisión para Canosa

CORRUPCIÓN

Los fiscales pidieron cinco años y seis meses de prisión para Canosa

Los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo consideraron que el ex presidente de Sidecreer direccionó contrataciones “en forma reiterada y sistemática” a favor de empresas regenteadas por familiares y amigos, y pidieron que sea condenado e inhabilitado para ejercer cargos públicos. La defensa, en cambio, aseguró que Juan José Canosa no cometió ningún delito y solicitó la absolución. El veredicto se conocerá en una semana.

paginajudicial.com

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial



Una semana habrá que esperar para conocer el veredicto del tribunal que juzga a Juan José Canosa, ex presidente de Sidecreer, por la contratación supuestamente irregular de empresas que se atribuyen a familiares y amigos.

Los jueces Alejandro Grippo, Gustavo Pimentel y Alejandro Cánepa darán a conocer el miércoles 12 de septiembre el veredicto en el caso que tiene a Canosa como imputado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Los fiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo solicitaron que sea condenado a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargos públicos, que se dicte la prohibición de salir del país, se le retenga el pasaporte y se imponga una obligación de reportarse cada quince días en tribunales.

También adelantaron los fiscales que formularán cargos por falso testimonio contra la vicepresidenta de la tarjeta estatal, Silvia Kupervaser; la gerenta general, Gabriela Vergara; y el director de Ceremonial, Alberto Fernández. “Son testigos que vinieron a mentir”, aseguró Malvasio en su alegato. Por el contrario, Raúl Barrandeguy, defensor de Canosa, sostuvo que “todos los testigos dijeron la verdad”.

Por lo demás, los abogados Barrandeguy y José Candelario Pérez, defensores del ex funcionario, pidieron su absolución o que, para el caso de que el tribunal considere que cometió un delito, se le imponga una pena de prisión condicional.

Canosa también habló. En el cierre del debate dijo que le tocó atravesar un proceso “de profundo dolor”, que ha sido acusado “injustamente” y se consideró víctima de una “persecución” que también alcanza a su esposa, Paula Montefiori. “El odio lo conozco y lo siento, aunque no se pueda demostrar; pero no deberían utilizar la fuerza de la función pública o la fuerza de la persecución penal para resolver una cuestión personal”, dijo sin abundar.

Por lo demás, volvió a negar su condición de funcionario público, dijo que como presidente de Sidecreer era “un representante del directorio” y aseguró que siempre siguió los procedimientos internos de la empresa estatal para realizar las contrataciones de obras, bienes y servicios.

Un negocio para los amigos

Los fiscales dijeron en su alegato que mientras fue presidente de Sidecreer, entre 2007 y 2015, Canosa direccionó 32 contrataciones a favor de empresas regenteadas por familiares, amigos y allegados, a través de licitaciones públicas, privadas y adjudicaciones directas mediante las cuales benefició a Excelcom SA, Texmer y JDR Construcciones.

Excelcom SA es una empresa a la que Sidecreer le pagó una suma millonaria en pesos y en dólares por la provisión de insumos informáticos en 16 adjudicaciones que se concretaron entre 2009 y 2015. El director comercial de la firma radicada en Santa Fe era Diego Urba, amigo personal de Canosa; y la presidenta era María José Cuestas, pareja de Urba y, a la vez, concuñada del ex funcionario.

También se le atribuye a Canosa haber contratado en 7 ocasiones a la empresa Texmer, cuya cara visible era Mirta Graciela Gueler, aunque los responsables ocultos eran su yerno, Carlos Alberto Canosa, hermano del ex funcionario, y su esposa, Alicia Cuestas, que es hija de Gueler. En el período en que Juan José Canosa fue presidente de Sidecreer, Texmer se vio beneficiada por adjudicaciones en forma directa por 1.127.286 pesos para la confección y venta de uniformes para el personal, remeras, shorts de fútbol, cofias y delantales que eran donados a clubes e instituciones.

El tercer hecho que se le atribuye a Canosa es por la contratación directa de su tío, José Daniel Romero, responsable de la firma JDR Construcciones, que fue beneficiada en 9 oportunidades para realizar tareas de construcción, electricidad, pintura y carpintería para Sidecreer por 107.949 pesos.

Nadie sabía de estas relaciones, dijeron los fiscales. “Ni el directorio de Sidecreer, ni los síndicos, ni el Tribunal de Cuentas pudieron advertir que Canosa había contratado con familiares y amigos”, aseguró Malvasio, y aportó otro dato a esta historia: antes y después del paso de Canosa por Sidecreer, Texmer y JDR Construcciones no volvieron a ser contratados e incluso Texmer se dio de baja en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en mayo de 2016, seis meses después de que Canosa dejara la función pública; y Excelcom ganó solo dos licitaciones con posterioridad a 2015. “Eso demuestra que Canosa se interesó en forma reiterada y sistemática por esas contrataciones”, resaltó el fiscal.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Federico Tomas, dijo en la declaración que dio por escrito para el juicio que si hubiera conocido la relación entre Canosa y los responsables de las empresas lo habría denunciado ante la Oficina Anticorrupción para que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública.

El fiscal Malvasio también dijo que el ex funcionario “faltó a la verdad” al señalar que solo intervenía al momento de adjudicar a las empresas porque “en todas las licitaciones privadas (Canosa) firmaba el memorando invitando a las empresas de sus familiares y amigos y se aseguraba que participaran”.

El otro punto en debate era la condición de funcionario público de Canosa. Los fiscales no dudan que sí lo era. Brugo explicó que “Sidecreer es una empresa estatal, su presidente es funcionario público, es designado por el gobernador y, como tal, debe presentar la declaración jurada de bienes” e hizo notar también que su nombre figuraba en la nómina de autoridades del Gobierno de Entre Ríos. Asimismo, apuntó que la empresa estatal estaba bajo el contralor que ejerce el Tribunal de Cuentas.

Absoluta inocencia

A su turno, los defensores solicitaron la absolución de Canosa por la atipicidad de su conducta, es decir, porque no cometió ningún delito.

Sostuvo Barrandeguy que “las cuestiones éticas y morales no admiten una sanción penal”, a la vez que cuestionó la imputación y destacó que los fiscales no acreditaron ni acusaron a Canosa de haber perpetrado un perjuicio contra las arcas públicas.

“No pudieron imputar un daño; no se ha violado ninguna ley ni reglamento”, sostuvo el defensor. “No hubo aquí bolsos con dinero que volaran por encima de los tapiales de ningún monasterio; no hay lazos con narcotraficantes; no hay abuso de autoridad; no hay exacciones ilegales. Estamos en presencia de una persona absoluta y diáfanamente inocente”, agregó Barrandeguy en un tramo de su alegato.

Si bien dijo que “el argumento central de la defensa no es discutir si Canosa era funcionario público” insistió que no lo era, aunque admitió que Sidecreer es una empresa del Estado. En ese sentido, planteó que debería considerarse al funcionario público como “todo aquel que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”. Canosa no fue elegido y su nombramiento no fue efectuado por el gobernador sino por el directorio de la empresa estatal, explicó Barrandeguy.

“Canosa no integra la planta de empleados públicos ni tiene rango de funcionario público”, acotó Candelario Pérez. Según dijo, “las sociedades anónimas no tienen funcionarios y las empresas del Estado ni siquiera están sometidas al derecho público”, por lo tanto, Canosa ni siquiera podría ser juzgado por el delito que se le atribuye.

Por lo demás, Barrandeguy advirtió que para que haya negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública se requiere que el funcionario en cuestión “se interesare” en obtener un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Dijo al respecto que “no se trata de tener un interés sino de hacer activo ese interés para que se efectivizaran las contrataciones” y agregó que “condenar a quien tiene un interés sin haberlo expresado sería como penar el pensamiento”. No obstante, negó que Canosa se hubiera “interesado” en lo que hacían sus familiares y amigos.