Las causas de Varisco, los interrogantes y el escrache

JUSTICIA Y NARCOTRÁFICO

Las causas de Varisco, los interrogantes y el escrache

El Intendente de Paraná tiene dos causas: una en la justicia federal y otra en la provincial. En la de narcotráfico, la más grave, hubo novedades esta semana. Uno de sus aliados políticamente fue sobreseído, pero la resolución en la que se lo desvinculó se convirtió en una plataforma para profundizar la investigación sobre el jefe comunal. Preguntas acerca de una pericia de la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Federal.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial



Sergio Varisco ha decidido, mal, no dar explicaciones ante los acontecimientos que suceden en torno a las causas judiciales en las jurisdicciones federal y provincial que lo tiene procesado. No se defiende ni aclara nada ante imputaciones de supuestos delitos graves. Ante un micrófono, lo único que dice es que cree en la Justicia.

La resolución por la cual se dictó el sobreseimiento a Emanuel Gainza sirvió de contexto para dar un paso más, aparentemente, en la causa que el propio juez Leandro Ríos llama “narcomunicipio”.

Apareció allí un informe de la División de Lavado de Activos de la Policía Federal sustentado en base a documentación secuestrada en áreas de la Municipalidad de Paraná hace poco más de un mes. Allí aparecen contratos y publicidades otorgadas a medios y periodistas, muchos de ellos monotributistas. Hubo, según la resolución, informes requeridos al Banco de Entre Ríos, entrecruzamiento de datos y tareas de inteligencia ¿pinchaduras de teléfono? autorizadas con la finalidad de ahondar ciertas inconsistencias detectadas en las contrataciones y el destino del dinero público. Todo esto con el objetivo de recabar más información sobre el financiamiento del narcotráfico. Se sugiere, también, una posible evasión penal tributaria. De esos dos delitos se debería encargar la Justicia Federal. Pero un posible desvío de fondos públicos o sospecha de peculado recaerían en la justicia provincial, donde envió Ríos la resolución. Más precisamente en la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Cecilia Goyeneche.

En la pericia aparecen órdenes de publicidad mellizas o contratos simulados. También publicidad a la madre de Griselda Bordeira, quien ya tenía dos contratos. ¿De qué montos son los contratos? ¿20, 30, 40 mil pesos? ¿Es esto parte de un sistema para financiar el narcotráfico o es el clásico, repudiable y condenable sistema por el cual se financia la actividad política o gauchadas personales? ¿Hay sospechas de enriquecimiento ilícito de algún funcionario como sucede en el caso de los contratos truchos? Ríos está abocado a investigar el narcotráfico que, en otras resoluciones, también ha dejado explícito que la relación de la dirigencia con los narcos viene de las gestiones justicialistas anteriores. En un empinado agravamiento, claro. ¿Se investigará la vinculación de Celis y con dirignetes que condujeron los destinos de la Municipalidad durante los períodos anteriores, como la Justicia entrerriana investiga los contratos en la Legislatura una década para atrás? Ambos son sistemas de corrupción.

El financiamiento de la política debería ser una cuestión de la política, pero las respuestas no aparecen. Este preocupante escenario plantea Ríos en la última edición de la revista empresaria Por Más. Refiere a la existencia de “un riesgo cierto de colonización del sistema económico, respecto del sistema político y del jurídico”.

En el informe de la División de Lavado de Activos aparecen, como muestra, un grupo de periodistas en carácter de proveedores del Estado por contratar publicidad con la Comuna. El trabajo científico de la fuerza hace mención a un reconocido trabajador de prensa y refiere a que el mismo es ignorado en la zona donde está su domicilio fiscal. Este periodista se impondría en una elección vecinal si lo desease. Ha hecho radio, televisión y gráfica. Sus padres vivieron allí desde el año 1979.

Otro colega, con el que también Página Judicial se puso en contacto, tenía una publicidad menor a cinco mil pesos. Ambos están en una resolución en la que se aborda un complejo caso de narcotráfico. Ambos, además, son laburantes. Son, como muchos, los encargados de contar diariamente lo que sucede. Son los encargados de poner en la esfera pública y dar su opinión sobre la vida institucional, polemizar y abrir espacios de debate. Con la dinámica del celular, el escrache es cuestión de minutos. Lo están padeciendo.

Uno de ellos confesó tener temor que en este marco de precariedad laboral que inunda el país, estar allí, en la resolución en la que se sobresee al concejal del PRO, sea utilizado para despedirlo.

La desvinculación de Gainza de la causa fue, también, la plataforma para continuar una investigación que tuvo un llamado de atención de la cámara que instó a profundizar la investigación. Este parecería ser el dato central de la resolución que se conoció el lunes. El edil ya tenía un pie afuera.

Otra cara

Varisco enfrenta otra causa en la justicia provincial. Está acusado por haber firmado un decreto para pagar un adelanto por descuentos futuros a empleados municipales a favor de la Mutual Modelo. Se le imputan los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude. En el escrito de remisión de la causa a juicio la fiscal Patricia Yedro adelantó que pediría una condena de tres años de prisión condicional.

El 22 de enero de 2016, el Intendente firmó un convenio por 1,5 millones de pesos con la Mutual Modelo, en concepto de adelanto de cuotas por saldos no cubiertos de los créditos otorgados por la entidad a empleados municipales. El convenio era para “paliar la situación financiera” que atravesaba la entidad crediticia, “originada por los saldos no cubiertos por los agentes municipales”.

Previo a la firma del convenio, el secretario legal y técnico de la Municipalidad Walter Rolandelli, emitió un dictamen recomendando el otorgamiento del adelanto, a pesar de las observaciones realizadas por el contador general del municipio, Eduardo Campedsuñé, según la acusación. Rolandelli dice no haber tenido. Ninguna observación. Lo. Ierto es que se emitió una orden de pago a favor de la mutual, que terminó siendo anulada porque la propia entidad crediticia inició otro expediente, al cual se le dio un trámite distinto para sortear la objeción administrativa.

De ese segundo expediente surgió la firma de un convenio fechado el 4 de febrero, por el cual se dispuso el anticipo de 1,5 millones de pesos, pero fue nuevamente objetado por el Contador General de la Municipalidad, en virtud del riesgo que existía para el recupero de los fondos.

Tampoco ahí se concretó el pago porque el 7 de julio de 2017, luego de que el diputado provincial Gustavo Guzmán (Frente para la Victoria-Paraná) denunciara la maniobra, se emitió un decreto disponiendo la desafectación de la partida de dinero. La política, en este caso la oposición, fue un resorte para evitar corroer el erario público.

El defensor de Varisco, Rubén Pagliotto, pidió el sobreseimiento porque el delito no se consumó. Esto es que no se pagó nada a nadie.

Este martes se conoció que el Ministerio Público Fiscal dispuso el archivo de la denuncia que habían presentado hace un mes el senador Raymundo Kisser y Pagliotto, ambos enrolados en Cambiemos, por supuestas irregularidades en el proceso de licitación de obras para el desarrollo gasífero y eléctrico en el norte entrerriano.

La resolución, que lleva la firma de la fiscal Matilde Federik, concluyó que “es la propia administración la que, con sus mecanismos constitucionales de control en pleno ejercicio, está actualmente adecuando el procedimiento a la normativa aplicable, para emitir un acto administrativo conforme a la ley”. ¿Qué sucedió? Ante las observaciones que hicieron los organismos de control, el procedimiento se pudo encauzar. En resumen, se resolvió en vía administrativa, algo que se intentó judicializar.

La denuncia, previa observación de Contaduría, detuvo el proceso hasta tanto se resuelva la cuestión judicial.

Este miércoles se conoció que Gustavo Bordet firmará un decreto para avanzar con la licitación. La política fue, como en el caso anterior, un resorte de control.

Las causas no son calcadas, pero muy similares. El objetivo final, el de generarle un daño al erario público, aparentemente no se consumó. Pero los operadores de del sistema judicial y, pese a regirse por códigos, hay valoraciones jurídicas diferentes.