Investigan el manejo de fondos del plan Argentina Sonríe en la UNER

SOSPECHAS

Investigan el manejo de fondos del plan Argentina Sonríe en la UNER

El juez federal porteño Julián Ercolini pidió copias de los convenios que la Universidad Nacional de Entre Ríos firmó para participar del programa Argentina Sonríe, que tenía por objetivo brindar atención odontológica de calidad. Hay sospechas por sobreprecios, irregularidades administrativas y el direccionamiento en las contrataciones. El caso pone nuevamente bajo la lupa la gestión del rector Jorge Gerard.

paginajudicial.com

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial



Una investigación judicial vuelve a poner bajo la lupa la gestión de Jorge Gerard, rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Hace unos días, el juez federal Julián Ercolini envió un oficio exigiendo copia de todos los convenios de colaboración que firmó la UNER para participar del programa nacional Argentina Sonríe y las facturaciones realizadas por la casa de estudios.

El programa fue creado en diciembre de 2014, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, con el objetivo de reducir la morbilidad por enfermedades bucodentales, garantizando la inclusión social y el derecho a la salud, para lo cual se planteaba llevar la atención odontológica a los lugares más apartados del país.

El magistrado porteño tiene a su cargo una investigación por sobreprecios, irregularidades administrativas y el direccionamiento en las contrataciones para la adquisición de los equipos y el acondicionamiento de las unidades móviles sanitarias, con el objetivo de favorecer a un único proveedor.

La sospecha es que la contratación para adquirir y adecuar los móviles se concretó mediante una triangulación realizada por el Ministerio de Salud de la Nación a través de universidades nacionales.

Una auditoría interna realizada por la cartera sanitaria determinó que las unidades “fueron adquiridas bajo distintas modalidades, unas con Nación Leasing SA y otras efectuando compras directas al proveedor, utilizando para ello los convenios con las universidades”. Concretamente, las Universidades Nacionales del Chaco Austral y de San Martín contrataron con la empresa Callmed SA la compra de tráileres; y los trabajos de refuncionalización para unidades móviles odontológicas fueron contratados con la misma empresa, por ambas universidades y por la UNER.

En esta instancia de la investigación el juez Ercolini se concentró en el modo en que las universidades nacionales fueron utilizadas para la “triangulación de los pagos” de la refuncionalización y adecuación de la carrocería, el montaje de equipamiento y accesorios en vehículos tipo furgón para su conversión a unidades sanitarias móviles odontológicas, por un monto total de 31.411.100 pesos.

De los expedientes de rendición de cuentas surge que la UNER abonó una suma de 3.577.000 pesos en tres facturas, dos de ellas por la refuncionalización de furgones y la restante por la compra de materiales odontológicos para el equipamiento del tráiler. Esto significaría un incumplimiento en el objeto del convenio celebrado con el Ministerio de Salud, se indicó a Página Judicial. El otro dato que se resaltó es que las contrataciones se hicieron con un único proveedor, la empresa Callmed SA, que tiene sede en la Ciudad de Buenos Aires, y la casa de altos estudios tiene otra jurisdicción, con lo cual se presume que se pagó más caro por la adaptación de los vehículos.

En el oficio enviado a la sede de la UNER, el juez Ercolini solicita la remisión de toda la documentación referida al convenio de colaboración celebrado para la implementación del programa Argentina Sonríe y un informe certificado de “toda nota que dé cuenta del intercambio institucional que se hubiere efectuado entre esa casa de estudios y el Ministerio de Salud”.

El magistrado pidió también la “totalidad de las órdenes de pago efectuadas con respecto a los servicios facturados”. Esa documentación incluye las órdenes de pago, los contratos celebrados con el personal que trabajaba en Argentina Sonríe, todas las facturaciones para el pago de contratos mensuales o por guardia, donde se deberá especificar “el detalle de las funciones que habrían desempeñado cada uno de los agentes”.

Asimismo, la casa de estudios deberá informar sobre “el proceso institucional adoptado para la selección del recurso humano que fue contratado por la universidad” y todos los operativos que se realizaron.

En la causa están imputados: Rocío García, pareja de Máximo Kirchner; Elena Morán, madre del diputado Andrés Larroque, que era coordinadora general del programa; María Belén César Gallardo, nuera de Julio De Vido, que era directora nacional de Salud Bucodental; Eduardo Bustos Villar, que encargó los trabajos a Callmed SA; y el presidente de la firma, Guillermo Bidinosti.