Fiscales y querellantes pidieron que los médicos del IPP sean procesados

25/09/2015

De la Redacción de Página Judicial Primero los fiscales y luego los querellantes instaron al juez federal Leandro Ríos a que dicte el procesamiento de los médicos Jorge Eduardo Rossi y David Vainstub en la que causa por el robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná. De la Redacción de

De la Redacción de Página Judicial

Primero los fiscales y luego los querellantes instaron al juez federal Leandro Ríos a que dicte el procesamiento de los médicos Jorge Eduardo Rossi y David Vainstub en la que causa por el robo de bebés nacidos en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná.

Según pudo saber Página Judicial de varias fuentes con acceso al expediente, el magistrado recibió dos escritos y en las próximas horas resolvería la situación procesal de los profesionales, socios del Instituto Privado de Pediatría (IPP), imputados por permitir el ingreso y permanencia de los mellizos de Raquel Negro y Tulio Valenzuela en la sala de neonatología de la clínica, donde estuvieron internados con nombre falso (Soledad López) la niña y sin nombre (NN López) el varón, en marzo de 1978; por dar el alta, autorizar su egreso administrativo y entrega a personas que no eran familiares ni ostentaban ningún poder legal sobre ellos sin dar aviso a un Juzgado de Menores.

Rossi prestó declaración indagatoria el 21 de agosto; y Vainstub, que en una primera instancia se había abstenido, el 15 de septiembre presentó un escrito ante el juez Ríos. En virtud de eso, el magistrado tiene plazo hasta el lunes para resolver su situación procesal.

No obstante, los fiscales Mario Silva y José Ignacio Candioti presentaron un escrito la semana pasada donde ratificaron los fundamentos expuestos en la imputación, en el sentido de que los médicos sabían cuáles eran las necesidades que surgían de la atención del servicio de neonatología del IPP y el ingreso de dinero derivado de tales prestaciones.

El escrito, además, vuelve sobre los testimonios de las enfermeras de la clínica privada, quienes declararon que en esa época los cuatro socios también hacían guardias en la clínica, por lo que concluyeron que debieron estar al tanto de la estadía de los mellizos en la sala de neonatología, y eso hace inverosímil su versión de que desconocían la internación de los bebés, como dijeron Rossi y Vainstub ante el juez.

También hicieron hincapié en que el propio Miguel Alberto Torrealday, procesado por la Cámara Federal en esta causa, puso en cabeza de los cuatro socios la responsabilidad sobre las cuestiones médicas y operativas en los primeros años de funcionamiento del IPP.

Por su parte, los querellantes apoyaron el pedido de los fiscales a través de un escrito que presentaron ayer con las firmas de Marcelo Javier Boeykens, Florencia Amore (por la agrupación HIJOS Regional Paraná y los hijos de Raquel Negro, Sabrina Gullino y Sebastián Alvarez), Lucía Tejera (por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación) y Santiago Bereciartúa (por Abuelas de Plaza de Mayo).

“Todos los dueños del IPP debían saber en virtud del servicio de neonatología que prestaban y de ser profesionales de la salud, cuántas personas se encontraban internadas, las patologías que presentaban y la gravedad o no de las mismas, el mínimo seguimiento de los casos y máxime cuando ambos pacientes ingresaron como NNs y provenientes del Hospital Militar, por lo que resultan carentes de razonabilidad las afirmaciones de los imputados en orden a su ignorancia respecto de la procedencia de los pacientes, ya que ese dato es lo que aportaba el responsable de los gastos y honorarios correspondiente a la mencionada institución”, señalaron en el texto que presentaron al juez Ríos.

Los querellantes también pusieron de resalto los testimonios de las enfermeras: una de ellas dijo que “las altas médicas de los pacientes eran efectuadas por los médicos fundadores” y otra que aseguró que uno de los dueños atendió “al bebe de ‘una guerrillera’”, aunque no pudo recordar cual, y que la esposa de Vainstub iba con algunos familiares “a mirar al bebé de la ‘extremista’”. Ese testimonio también fue mencionado por los fiscales.

Otro testimonio que mencionaron fue el que dio Sabrina Gullino, que recuperó su identidad en diciembre de 2008: “Refirió que mantuvo una reunión durante el año 2013 con los cuatro socios fundadores del IPP, durante la que ‘quedó claro (…) que había cosas que no decían (…) que sabían más de lo que habían dicho’, y que en sus explicaciones ‘estaba todo armado, estaba todo impostado (…) estaba construido el relato para no equivocarse’”. Eso, a criterio de los querellantes, “permite concluir que, más allá de las diferencias de roles asumidos por cada uno de ellos, los cuatro mantenían un pleno conocimiento de los hechos y decisión de que ocurriesen del modo en que ocurrieron”.

Así las cosas, se espera una inminente resolución por parte del juez Ríos.