El peligroso camino de la Justicia

DISTINTAS VARAS

El peligroso camino de la Justicia

Hay medidas que se toman al calor de los hechos y ante el clamor de un sector minoritario de la sociedad. Otras, más populares para el gran público, tienen como respuesta una Justicia implacable. Recientemente el Ministerio Público Fiscal dictó una resolución que dejará a los entrerrianos sin saber si hubo o no delito en un escandaloso caso de estafa al fisco.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial



Algunas noticias judiciales de los últimos días revuelven el estómago. Otras operan como alicientes. Estas cosas, de todas maneras, sólo preocupan a un sector muy diminuto de la sociedad. Lo que podría denominarse como “la gente común” no se indigna ante cuestiones institucionales (política), aun cuando la corrupción o la impunidad estén al tope de los temas de preocupación en los trabajos de opinión pública.

El fiscal Gilberto Robledo dispuso hace unos días la detención de cinco sindicalistas de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) por la irrupción violenta en el hospital Colonia de Salud Mental de Diamante. La suya fue una actitud propia de una Justicia dinámica. Preventiva. Vio allí hechos violentos que entendió como una amenaza velada, luego de que la directora del nosocomio dispusiera el despido de una enfermera.

En ese momento se le preguntó a la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, si la imputación podía extenderse al ministro de Salud, Ariel De la Rosa, que luego renunció, y la respuesta fue afirmativa. Es posible que en los próximos días lleguen noticias al respecto.

El diputado justicialista José Allende, que dice cualquier cosa en cualquier lado, amenazó al periodista Martín Carboni y esta semana será llamado a prestar declaración indagatoria. El mensaje intimidatorio fue vertido en el programa de Rubén Almará, en FM La Voz.

Este hombre, Almará, ex diputado provincial, también quedó estuvo en medio de una tormenta, en el año 2014, cuando acosó al aire a una menor de edad. Hubo expresiones de repudio de organizaciones políticas y sociales. Pero la Justicia hizo silencio. El hombre tiene el micrófono. Suficiente para que ese dinamismo judicial se comprima. El conductor pidió disculpas públicas y el caso quedó ahí. Allende también las pidió.

En el caso de Allende, la Revista Análisis viene denunciándolo desde hace más de una década. Pero el hombre sigue, campante, ocupando una banca en la Cámara de Diputados sin que nada ni nadie le quite el sueño.

Políticas criminales

La semana pasada se conoció una resolución en la causa donde se investiga el escandaloso y millonario desfalco en la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER). Se habla de una de estafa que rondaría los 50 millones de pesos. El Ministerio Público Fiscal decidió que no sostendrá la acusación penal contra aquellos contribuyentes que se burlaron del fisco, pero que lo hicieron por un monto de 15.000 pesos o menos. Siempre y cuando se pongan al día con las cuentas.

En el caso de estas personas, los entrerrianos no veremos privados de saber si hubo o no delito. Es una “política criminal” del Ministerio Público Fiscal, dice la resolución firmada por el fiscal Gervasio Labriola y que publicó Página Judicial.

Es inquietante imaginar lo que esté pensando en estos días el ex intendente de Gualeguay, Luis Erro, que fue condenado a dos años y tres meses de prisión condicional por utilizar un medidor municipal para suministrar energía a un local partidario para un acto del PJ. Cometió, según la Cámara de Apelaciones de esa ciudad, el delito de peculado de servicio.

La causa por la estafa en la ATER fue denunciada por el entonces titular del organismo, Marcelo Casaretto, el 8 de junio de 2014. El entonces tesorero de la provincia Gustavo Gioria se vio obligado a renunciar por estar implicado en las maniobras en las que se borraron deudas de contribuyentes de un sistema informático. El allanamiento a la Tesorería General, área por donde pasaban las compensaciones que el Estado hacía con quienes prestaban servicios, recién se produjo el 5 de noviembre. Quizás en ese tiempo se pudo haber resguardado información que complique a Gioria. Una lástima.

Pero no siempre la Justicia reacciona tardíamente. La Revista Análisis denunció en la edición del 24 de agosto del año pasado que las monjas del convento de carmelitas descalzas de Nogoyá sufrían torturas físicas y psicológicas. A un par de horas de haber salido de la publicación, el fiscal Federico Uriburu allanó el convento. El operativo, según las crónicas periodísticas, comenzó a las 5.30 de la mañana. Debe haber trasnochado el fiscal para leer la publicación, pedir el allanamiento, esperar que se lo autorizaran y avanzar. Implacable.

Pareciera que no todo es igual. En la Justicia dirán, incluso, que todos los casos son diferentes. Como las “políticas criminales”.