El caso Rodríguez dejó baja la vara

JUSTICIA

El caso Rodríguez dejó baja la vara

El ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad tuvo una pena muy menor a las pretensiones de la Procuración General cuando comenzó el proceso. La historia del ex funcionario cuenta con sospechas sobre un posible enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, y que no fueron investigados. El conformismo con poco atenta sobre el sistema judicial, pero conforma. La responsabilidad del Poder Judicial de reformular la política en un escenario de crisis de representación.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial



Era mucho, pero en la Procuración General entendían que era necesario. ¿Por qué era necesario pedir una pena tan alta a sabiendas que la misma iba a ser bastante menor? Porque las causas de corrupción se han transformado en un elemento por el cual se envía mensajes implícitos para adentro y para afuera de los tribunales. Más claro: pedir una determinada pena fija un parámetro para los casos que están por venir, para la sociedad que reclama justicia a cualquier precio y cuanto antes y para un sector del periodismo que vive de esto, escribe de esto y pretende ser parte del Ministerio Público Fiscal.

Jorge Rodríguez fue condenado a dos años y seis meses de prisión condicional. Menos de la mitad de la primera pretensión de los fiscales, que solicitaron siete años. Luego pasó el juicio oral y público y se conformaron con pedir cuatro años ¿Se puede en la Justicia negociar una pena como si fuera la venta de un auto en donde se pide una cifra con el objetivo solapado de conseguir otra? Un ejemplo popular para entenderlo: “Si querés cinco pedile seis para después poder bajarte”. Un poco así es el mercado de penas.

En los tribunales los casos de corrupción no son ni típicos ni en los que se trabaja a diario. Están atados a un contexto político. Son excepcionales los hechos que se investigan en tiempo real pese a que haya elementos en la superficie y a la vista de todos. Sobre el caso de Sergio Varisco; con la misma intensidad en que la comunidad judicial, periodística y gente medianamente informada se sorprende por lo que sucede; pregunta, a la vez, si al Intendente le soltaron la mano. Es un ejemplo cabal de la asociación que se hace de la justicia y la política. Patricia Bullrich alimentó esta idea este lunes tras las detenciones del concejal y funcionaria municipal de Cambiemos. La ministra de Seguridad de la Nación tuiteó: “Junto al juez Leandro Ríos, la @PFAoficial detuvo a la subsecretaria de Seguridad de Paraná, Griselda Bordeira, y al concejal Pablo Hernández, por vínculos con el narcotráfico. Para nuestro gobierno quien está del lado del narcotráfico las paga, sea del signo político que sea”. ¿Poder Ejecutivo y Poder Judicial, juntos? Una delicia.

Volvamos al caso Rodríguez. Finalmente hubo condena. El delito por desvío de fondos fue probado. Al ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) lo encontraron culpable de haber utilizado fondos públicos para construir una escuela para los hijos de los trabajadores viales con fondos que estaban presupuestados para otras cuestiones. “Yo no dejé de hacer una ruta para pagarle a los maestros, eso sí habría sido ilegal; yo usé partidas destinadas a sueldos hasta que el Consejo General de Educación se hizo cargo de pagar esos haberes (a los docentes de la escuela creada). Fue un orgullo y no estoy arrepentido de haber hecho una escuela”, dijo el ex funcionario ante el tribunal integrado por Gervasio Labriola, Daniel Malatesta y Gustavo Pimentel. Antes había rechazado la posibilidad de reconocer la culpabilidad y acordar un abreviado, cuya pena es menor a la adelantada, en este caso, por los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa.

La noticia fue bien recibida por uno de los denunciantes del caso, el abogado Ramiro Pereira, quien en su cuenta de Facebook dijo: “Satisfecho con la condena al ex director de Vialidad, Rodríguez, a quien denunciaran el diputado Jorge Monge y la entonces diputada María Emma Bargagna, con patrocinio de Rubén Pagliotto y mío, allá en 2015. El patrimonialismo de Rodríguez en el manejo de la cosa pública es paradigma de lo que no debe ser. Patrimonialismo es manejar lo público como si fuera privado, con sus secuelas de corrupción que devasta al Estado y a la credibilidad de los representantes del pueblo y de la política democrática”.

Pereira, que es un abogado que conoce la política como el derecho, quizás haya visto en la sentencia del tribunal un avance de la Justicia en estos casos que perturban a “la gente”.

Rodríguez fue denunciado por otras irregularidades en el manejo de dineros públicos y con fines muy diferentes a la creación de una institución educativa. Por caso un supuesto enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. No fueron investigados. Apenas se lo condenó por un hecho que, en definitiva, se sabe dónde fue el dinero. Buena parte de la narrativa periodística, como la Procuración General, dejó en el olvido los asuntos más graves de toda esta historia.

En el Poder Judicial, en los últimos tiempos, hablan de la política con desprecio mientras alimentan legajos y la gente descree de los partidos y de los dirignetes. Poco hacen para mejorarla.