El apartamiento de Goyeneche lo deberá resolver García

CONTRATOS TRUCHOS

El apartamiento de Goyeneche lo deberá resolver García

Abogados defensores habían recusado a la procuradora adjunta cuando surgió del mismo legajo una relación comercial con uno de los contadores sospechados de integrar una asociación ilícita por la que se fraguaron –según la investigación- 2 mil millones de pesos durante una década en el seno de la Legislatura. La jueza de Garantías entendió que no debe ser ella quien lo resuelva.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial



La recusación o apartamiento de Cecilia Goyeneche en la causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura la deberá resolver Jorge Amílcar Luciano García. Osea que el comportamiento de la procuradora adjunta lo resolverá su jefe inmediato, el procurador general. Un homenaje sincero a la objetividad del sistema que se jacta de ser vertical.

La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, resolvió no hacer lugar al planteo de los abogados defensores Miguel Ángel Cullen y Leopoldo Cappa, quienes pretenden apartar a Goyeneche de la investigación luego de que se conozcan pruebas concretas que demuestran una relación comercial de la fiscal anticorrupción interina y su marido Sebastián Orlando con el contador Pedro Opromolla, integrante del estudio Asesoría Integral y empleado de la Cámara de Diputados presidida por Sergio Urribarri. El buffet en cuestión fue allanado el 3 de octubre en el marco de la investigación de una asociación ilícita por la que se desviaron según las pesquisas - 2 mil millones de pesos del seno de la Legislatura durante el período 2008-2018.

La revelación de esa información con escasísimos eco en los medios, surgió nada más ni nada menos que del mismo legajo que Goyeneche lleva adelante. Con los hechos documentados sobrevolando la causa, Goyeneche denunció una “organización criminal y mafiosa” creada para entorpecer la investigación. El gobernador Gustavo Bordet le solicitó a la segunda del Ministerio Público Fiscal que le ponga nombre y apellido a esa organización. Entre otras cuestiones porque es su función. Todo quedó ahí.

Lo cierto es que Barbagelata, en su resolución, hizo prevalecer la Ley de Ministerio Público Fiscal por sobre lo que dice el Código Procesal Penal. La primera es posterior a la segunda.

“Debe acogerse la posición de la doctora Goyeneche en cuanto sostiene que el artículo 60 del código procesal perdió vigencia con la sanción de la Ley 10.407 de Ministerios Públicos, en cuyo artículo 35 prevé que el apartamiento de los miembros del Ministerio Público Fiscal que se excusen o sean recusados por grave afectación al principio de objetividad, será resuelto por el Fiscal General de Coordinación o el Procurador General”, sostuvo la jueza de Garantías en la resolución a la que tuvo acceso Página Judicial.

García deberá evaluar si hubo o no “afectación al principio de objetividad” en la causa de los contratos truchos.

Todos los acontecimientos que sobrevuelan la comunidad judicial nublan la investigación sobre el caso de corrupción más escandaloso de los últimos 35 años en la provincia.

Este miércoles, por si fuera poco, el Jurado de Enjuiciamiento, decidió recibir la denuncia contra García.