Diez policías, a juicio por torturar a un hombre en una departamental

URUGUAY

Diez policías, a juicio por torturar a un hombre en una departamental

Diez policías provinciales están acusados por la detención ilegal y apremios ilegales a un hombre en Concepción del Uruguay. De acuerdo con la acusación, fue salvajemente golpeado, recibió patadas, un culatazo en el rostro y luego sometido a vejaciones dentro de la Jefatura Departamental. El hecho ocurrió el 25 de mayo de 2015 durante un operativo policial en un barrio de la ciudad.

paginajudicial.com

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial



–Pensé que me mataban –alcanzó balbucear el hombre desde la cama del hospital público.

Jorge Adolfo López tenía los ojos todavía enrojecidos por el efecto gas pimienta y su cuerpo exhibía las marcas de balas de goma, golpes y patadas que precedieron a una ducha no tradicional al aire libre aplicada con una hidrolavadora en pleno invierno.

Lo que hizo López y que motivó que una horda de policías lo persiguiera, irrumpiera a los tiros en la casa de su hermano y se los llevara a ambos detenidos fue filmar un operativo en el que los efectivos pretendían detener a tres jóvenes en un barrio de Concepción del Uruguay. El procedimiento no era sencillo. Los jóvenes se resistían al arresto, los vecinos comenzaron a congregarse en la zona y volaron algunas piedras.

Aquel 25 de mayo de 2015, López registró toda la escena con su teléfono celular. Hasta que un policía en moto lo advirtió, comenzó a insultarlo y le arrojó gas pimienta en el rostro. Con los ojos irritados, el hombre corrió de nuevo hacia la casa de su hermano y el policía fue detrás suyo. Otros efectivos lo siguieron e irrumpieron a los tiros en la vivienda. Una esquirla impactó en una pierna del dueño de casa.

Lo que siguió fue el comienzo de una golpiza brutal. Gritos, golpes, patadas y hasta un culatazo en el rostro recibió el hombre mientras estaba en el piso. En el teléfono celular quedó registrado el sonido de todo lo que ocurrió y otros familiares vieron la escena.

La paliza siguió en la caja de la camioneta. Entre los golpes e insultos le pedían que entregue el teléfono celular. Así hasta que llegaron a la Jefatura Departamental. La camioneta ingresó por la parte de atrás y a los hermanos López los llevaron hasta un pasillo en el que no había cámaras de seguridad. Ahí continuó la golpiza, delante de su hermano, en el piso y estando esposado.

Al cabo de unos minutos, los policías lo llevaron hasta un patio, lo desnudaron delante de todos –incluso mujeres– y lo rociaron con una hidrolavadora. Después del baño le dieron una bolsa y un cartón para que se cubriera, volvieron a subirlo a una camioneta y lo trasladaron a la Comisaría Primera, donde los propios compañeros de la celda en que literalmente lo arrojaron les pidieron a los policías que le brindaran asistencia.

La situación fue más allá porque los policías, para encubrir su proceder, intentaron justificar la detención de López con una imputación por delito que tenía como víctimas a menores de edad y del que finalmente fue sobreseído.

Lo cierto es que diez policías provinciales serán enjuiciados por estos hechos: Eduardo Troncoso, Leandro Miño, Francisco Borges, Jorge Valdez, Eloy Fernández, Gabriel Arias, Roberto Ocampo, Juan José Asín, Pablo Benítez y Leonardo Povoroznik.

Este miércoles, en la audiencia de remisión de la causa a juicio, la fiscal Melisa Ríos acusó a los policías por los delitos de privación ilegítima de la libertad con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley y la aplicación de vejaciones y/o apremios ilegales, según la acusación formulada por la fiscal Melisa Ríos. Los querellantes Adrián Cabrera y Manuela Aranda Fernández, que representan a la víctima, consideran en cambio que los policías deben ser acusados por la aplicación de torturas, entiendo por ello la imposición de tormentos físicos y sufrimientos psíquicos. La diferencia es sustancial: en el primer caso, la pena sería de uno a cinco años de prisión; en el segundo análisis, iría de ocho a veinticinco años de cárcel. Esta cuestión, en definitiva, será resuelta en el juicio oral que se realizaría en 2018.

Antes de ello, la jueza de Garantías Natalia Céspedes deberá resolver un pedido de sobreseimiento efectuado a defensa de Povoroznik, a la que se opusieron la fiscal y los querellantes; mismo modo que tendrá que hacerlo respecto de Miguel Asín, que fue consentida por los acusadores.