Declaró Barreiro y dijo que es un perseguido político

15/05/2017

De la Redacción de Página Judicial El jardinero presidencial y empresario multi-rubro Ricardo Barreiro enfrenta por primera vez un juicio oral y público. Está acusado por el delito de falsificación ideológica de documento público, por haber introducido datos falsos en la declaración jurada que presentó al inscribirse como proveedor del Estado entrerriano. De la Redacción

De la Redacción de Página Judicial

El jardinero presidencial y empresario multi-rubro Ricardo Barreiro enfrenta por primera vez un juicio oral y público. Está acusado por el delito de falsificación ideológica de documento público, por haber introducido datos falsos en la declaración jurada que presentó al inscribirse como proveedor del Estado entrerriano.

Barreiro llegó temprano al latoso edificio de tribunales, ataviado con un pantalón de jean, camisa blanca y saco azul, flanqueado por sus abogados Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez. Más tarde diría que estaba “muy triste” por lo que considera una “injusticia”.

Está acusado por haber introducido datos falsos en una declaración jurada que presentó al momento de inscribirse en el Registro de Proveedores de la provincia. De acuerdo con la acusación, era coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer) desde el 15 de agosto de 2012. El empresario omitió esos datos al registrarse. Aunque la designación era “ad honorem”, a partir del 7 de noviembre de ese año se le asignaron viáticos por las tareas que desempeñaba.

Una vez ante el juez Pablo Vírgala hizo un descargo en el que se presentó como un perseguido político y negó haber sido funcionario público: “Yo acepté colaborar, pero no acepté ningún cargo”, afirmó Barreiro en su indagatoria.

El empresario tucumano se presentó como “un militante político”, peronista y del Frente para la Victoria y contó que en ese marco conoció a Sebastián Lorenzo, el entonces coordinador del Ceicer. “Acepté colaborar, vine varias veces a Entre Ríos, en avión, en colectivo, en mi propio auto, sin que nadie me dé un solo peso. Colaboré y hubo resultados positivos”, comenzó Barreiro su descargo.

La “colaboración” la resumió en que debía “generar hechos culturales, festivales y nexos entre algunos actores para que pudiesen dar charlas” en la provincia. “Les resolvía los problemas logísticos”, resumió. “Hicimos tantas que no puedo precisar”, acotó, inespecífico. Luego Báez diría que Barreiro “ayudaba a abrir puertas y gestionar con mayor operatividad” ante funcionarios nacionales. Enseguida, Lorenzo abundaría en que Barreiro “hacía gestiones ante los ministerios nacionales en Buenos Aires”.

Fue Lorenzo quien le propuso, en ese marco, “que tenga algún tipo de chapa” para que “se le puedan cubrir los gastos que por ahí tenía de nafta” o “a veces incluso venía en avión hasta Paraná y se lo pagaba todo él”, según dijeron ambos, casi con palabras calcadas.

Como se dijo, la acusación es por haber omitido mencionar en una declaración jurada que era funcionario público. El trámite era para la inscripción como proveedor del Estado para presentarse a una licitación, que terminó ganando, para transportar alumnos de escuelas entrerrianas a Tecnópolis. Por esos viajes cobró 220.000 pesos.

El 26 de septiembre de 2012 se publicó en el Boletín Oficial una licitación para el alquiler de dos colectivos por el período de treinta días para realizar traslados de estudiantes secundarios de escuelas públicas de Paraná hasta Tecnópolis; Barreiro inició el trámite de inscripción como proveedor el 3 de octubre (allí presentó la declaración jurada fechada el 1 de octubre donde niega ser funcionario) y el 15 de octubre se inscribió.

Barreiro intentó explicar que así como no sabía que había sido designado, tampoco supo que el formulario que estaba presentando revestía el carácter de declaración jurada. “No pensé que fuera una declaración jurada, la funcionaria que me atendió no me lo dijo, yo solo estaba firmando la inscripción como proveedor; y no sabía nada del supuesto nombramiento. Lo único que hice fue firmar y nada más”, insistió.

El fiscal Alejandro Cánepa le hizo notar que el pliego para la presentación a la licitación pública lo compró una persona llamada Aníbal Beorda, que en ese momento era funcionario del Ceicer y actualmente está a cargo del organismo. Barreiro trastabilló. Primero dijo que no lo conocía y después de un cuarto intermedio aclaró que conocía a una persona a la que llamaba “Anibalito”, pero que desconocía su apellido.

Lo cierto es que el fiscal le exhibió el certificado oficial de compra de los pliegos donde consta la firma de Beorda. Cánepa dejó en claro que no podían no conocerse, pues quien se notificó de la confirmación de que Barreiro y su empresa RP Transportes habían sido inscriptos como proveedores del Estado no fue otro que Beorda.

En otro tramo de su indagatoria, Barreiro también cuestionó al abogado Guillermo Mulet, que fue quien presentó la denuncia que hoy lo tiene sentado en el banquillo de los acusados: “También me siento mal porque un abogado de aquí se transforma en periodista de investigación y toma el instrumento donde supuestamente dice que soy funcionario, antes de que yo supiera… yo me entero por los medios que soy funcionario. ¿Eso no es persecución política? Se preocuparon por producir daño. El abogado que hizo la denuncia tendría que haberse fijado si era realmente funcionario. Por lo poco que yo sé, a un funcionario se le notifica, y se le dice cuál era su responsabilidad”, apuntó.

Este martes se realizarán los alegatos. El fiscal Alejandro Cánepa podría solicitar una pena de entre uno y seis años de cárcel para Barreiro. En tanto, sus defensores, Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, dejaron en claro que pedirán que el empresario sea declarado inocente. En una semana estaría el veredicto del juez Pablo Vírgala.