La Corte Suprema resolverá sobre la venta de glifosato en Gualeguaychú

MEDIO AMBIENTE

La Corte Suprema resolverá sobre la venta de glifosato en Gualeguaychú

La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá dirimir un conflicto de competencia sobre la aplicación de la ordenanza que declaró a Gualeguaychú como ciudad libre de glifosato. Esto es porque un juez federal y un juez provincial reclaman para sí la facultad para resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por comerciantes locales.

De la Redacción de Página Judicial


El conflicto suscitado respecto de la vigencia de la ordenanza que prohíbe la venta y utilización de glifosato en Gualeguaychú sumó un nuevo capítulo que lleva la discusión sobre la constitucionalidad de la ordenanza municipal hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El juez federal Pablo Seró rechazó la inhibitoria promovida por la Municipalidad de Gualeguaychú y ratificó su competencia para intervenir en la causa iniciada a partir de la presentación efectuada por un grupo de empresas pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza que prohíbe el uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta de glifosato.

Como también el juez provincial Guillermo Bire reclama su competencia para resolver la cuestión, el expediente será remitido ahora a la Corte Suprema para que determine qué jurisdicción debe intervenir.

La historia de esta causa se remonta al mes de abril, cuando el Concejo Deliberante de Gualeguaychú declaró a la ciudad libre de glifosato, mediante la sanción de una ordenanza que prohíbe su uso, aplicación, expendio, almacenamiento, transporte, comercialización y venta. Esto motivó la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la Municipalidad, por parte de un grupo de empresas locales que se dicen afectadas, y entonces el juez Seró dictó una medida cautelar suspendiendo preventivamente la aplicación de la norma. Ante ello, el municipio concurrió a los tribunales provinciales invocando su autonomía para legislar en materia ambiental y pidió la inhibitoria del magistrado federal, planteo que tuvo acogida del juez Eduardo Ferreyra.

Aunque la novela tiene un final abierto, ahora el juez Seró ratificó su competencia e inmediatamente envió el expediente a la Corte Suprema para que resuelva el conflicto de competencia planteado.

Eso mismo piensan la fiscal federal Josefina Minatta y la fiscal provincial Carolina Costa, que ratificaron la competencia federal.

El juez, al rechazar la inhibitoria, sostuvo que “la demanda se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales, por lo que la cuestión federal resulta predominante en la causa conforme la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y agregó que “sin perjuicio de que el planteo de inconstitucionalidad de versa sobre normas locales (…) su correcto abordaje requiere interpretar si las disposiciones provenientes de la normativa dictada por la autoridad municipal invaden la esfera propia de la Nación en lo atinente a la regulación del comercio interjurisdiccional”, expuso el magistrado.

Así las cosas, estamos ante una historia que tiene más capítulos por escribirse.