La Corte Suprema ordenó revisar la absolución de un represor en Paraná

ROBO DE BEBÉS

La Corte Suprema ordenó revisar la absolución de un represor en Paraná

El máximo tribunal dejó sin efecto la absolución de Marino Héctor González, un ex militar que fue juzgado y absuelto por el secuestro y sustitución de identidad de los mellizos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela. El represor está acusado de haber organizado los trámites para el traslado de la mujer y de coordinar las guardias en el Hospital Militar. El fallo.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial



Sigue escribiéndose la historia de la búsqueda de justicia en el caso del robo de los mellizos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela, nacidos en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura cívico-militar.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación escribió un nuevo capítulo en esta historia al dejar sin efecto la absolución del capitán del ejército Marino Héctor González, alias Pepe, ¿alias Ramiro?

Marino González integraba un grupo de operaciones especiales creado en 1975, bajo la órbita del Segundo Cuerpo de Ejército, para combatir el accionar de Montoneros y estaba a cargo del teniente coronel Pascual Oscar Guerrieri, que era segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y, a su vez, dirigía los centros clandestinos de detención Quinta de Funes, La Calamita, Escuela Magnasco y La Intermedia.

Esa patota fue la que ejecutó el operativo de secuestro Raquel Negro y Tucho Valenzuela, el 2 de enero de 1978, en el centro de Mar del Plata y dispuso el traslado de ambos a la Quinta de Funes, donde estaba alojada casi toda la cúpula regional de Montoneros. Marino González, utilizaba el alias de Pepe y era jefe de operaciones en la calle.

Raquel Negro estaba embarazada de siete meses cuando fue secuestrada y entre fines de febrero y principios de marzo los integrantes de la patota idearon un plan para trasladarla en forma clandestina al Hospital Militar de Paraná para dar a luz.

Otra vez el rol de Marino González fue clave en esa etapa: se encargó de organizar los trámites para el traslado de Raquel Negro y de coordinar las guardias de los agentes que debían custodiarla en el Hospital Militar de Paraná; y así se hizo: ella permaneció al menos quince días en la sala de guardia, custodiada por agentes de inteligencia vestidos de civil que se rotaban cada 24 horas. Así ocurrió hasta que dio a luz a mellizos, una nena y un varón, presumiblemente, el 3 de marzo.

Fue otro represor quien lo delató:
–No sé quién ordenó el traslado de Raquel a Paraná; supongo que fue “la cúpula de arriba”, (Leopoldo) Galtieri, (Luciano) Jaúregui o el mismo Guerrieri, pero quien se encargó de todos los trámites, de organizar las guardias, fue Marino González –dijo el “arrepentido” Eduardo Costanzo, que también integraba el grupo de tareas.

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Sin embargo, el Tribunal Oral Federal sostuvo que la única prueba en su contra era el testimonio del “arrepentido” Costanzo y que no bastaba para condenarlo; y esa postura fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal.

Ahora, a instancias del fiscal José Ignacio Candioti, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una resolución infrecuente para estos casos al admitir un recurso de queja y determinar que esa sentencia debe ser revisada.

Los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti señalaron que la sentencia del tribunal de juicio había omitido analizar la incidencia que podía tener el argumento de que González estaba siendo juzgado –y luego sería condenado– por su participación en la privación ilegítima de libertad y torturas cometidas en perjuicio de Raquel Negro y que, como consecuencia del juzgamiento en forma separada de hechos que podrían tener vinculación entre sí, se había arribado a un análisis fragmentado de la situación, “en menoscabo de la verdad real”.

Para decirlo más claramente: un tribunal condenó a Marino González como integrante de la patota que realizó el secuestro de Raquel Negro y las torturas en el centro clandestino de detención Quinta de Funes, por lo que bien pudo haber organizado su traslado a Paraná y coordinado las guardias en el Hospital Militar que ejecutó el mismo grupo de tareas.

Entonces, lo que dispuso la Corte Suprema fue instar al Tribunal Oral Federal a que haga analice nuevamente la situación de Marino González y dicte un nuevo pronunciamiento.