Comienza el juicio por Área Paraná II

DERECHOS HUMANOS

Comienza el juicio por Área Paraná II

Ocho represores están acusados por secuestros y torturas contra una veintena de víctimas y la desaparición del soldado Jorge Emilio Papetti durante la última dictadura cívico-militar. La jueza de sentencia Beatriz Aranguren citó a más de treinta testigos a declarar en audiencias públicas a partir del próximo lunes.

De la Redacción de Página Judicial


Pasó el tiempo de los relatos a puertas cerradas para las víctimas de la dictadura. A partir del lunes los tribunales federales serán una vez escenario de un juicio escrito que tendrá en el banquillo de los acusados a ocho verdugos que deberán responder por crímenes cometidos durante la noche más oscura de la historia argentina.

La causa lleva el nombre de Área Paraná II y juzga secuestros, tormentos, vejaciones, apremios ilegales y severidades contra 22 víctimas, cometidos entre 1976 y 1977, entre ellas, el soldado Jorge Emilio Papetti, que permanece desaparecido.

La causa se inició en 2011 como un desprendimiento de la megacausa Área Paraná –que ya tuvo sentencia–, aunque para las víctimas pasaron más de treinta años de engrosar expedientes y repetir declaraciones sobre los días en el infierno. Por eso el lunes 16 de abril será un día histórico.

Entre los acusados hay nombres que se repiten, represores que ya tienen condena. Naldo Miguel Dasso, José Anselmo Appelhans y Gonzalo Jaime López Belsue están acusados por el secuestro, las torturas, el homicidio y la desaparición del soldado Papetti; también están imputados Alberto Rivas, Jorge Humberto Appiani, Rosa Susana Bidinost y el médico Hugo Mario Moyano, el único civil; y Guillermo Jorge Francisco Quintana, el único que llega al juicio en libertad.

En esta causa también estaba imputado el ex comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, fallecido el 3 de junio de 2017.

La sala de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná será el escenario donde se desarrollará la etapa de plenario en este proceso. La jueza de sentencia Beatriz Aranguren citó a declarar a 31 testigos, la mayoría de ellos sobrevivientes de la dictadura, que deberán comparecer en audiencias de “ratificación” de las declaraciones que dieron en instancias anteriores y un arcaico procedimiento denominado “absolución de posiciones”. Las audiencias se extenderán hasta mediados de mayo.

Entre los testigos propuestos también hay familiares del soldado Papetti, algunos ex militares y los ex policías provinciales Ernesto Geuna, Hugo Nicanor Barrios y Carlos Alberto Militello,entre otros. La particularidad del caso es que la jueza rechazó por cuestiones formales casi todos los testigos propuestos por las partes acusadoras –querellantes y fiscales– y terminó admitiendo a los testigos de Appiani.

Sin embargo, algunos podrían no declarar para evitarles una revictimización, para lo cual se pidió al Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa” que presente un informe sobre cada uno de los casos.

Las actuaciones se tramitan por el antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal, de 1888, vigente al momento en que ocurrieron los hechos, con una dinámica completamente distinta a la de cualquier juicio oral y público. Fueron ellos quienes eligieron ser juzgados por un código que establece que en la mayoría de su desarrollo las actuaciones son secretas, que tiene escasa oralidad, es decir, que tramita en su mayor parte por escrito, es más extensos que el resto y todas las decisiones, incluidas las condenas y las absoluciones, las toma un solo juez en lugar de que lo haga un tribunal. Esa elección incluso a ellos les resultó un boomerang.