Causa ATER: quienes estafaron al fisco en 15 mil pesos se salvan

CAUSA ATER

Causa ATER: quienes estafaron al fisco en 15 mil pesos se salvan

Se trata de un “criterio de política criminal” en la que el Ministerio Público Fiscal “no sostendrá la acusación respecto de aquellos contribuyentes que hayan compensado fraudulentamente deudas por impuestos por un monto total inferior a los 15 mil pesos”, según la resolución a la que tuvo acceso Página Judicial. La medida sería para descomprimir el expediente. La red fraudulenta salpica a funcionarios. Uno de ellos sigue en la gestión.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial



Este miércoles se cumplieron tres años del día en que Marcelo Casaretto reveló un escándalo que se estima lleva más de una década.

El entonces ex titular de la Agencia Tributaria de Entre Ríos (ATER) denunció una operatoria para borrar de un software 50 millones de pesos en impuestos que debían pagar empresas a través del sistema de compensaciones móviles. Los primeros sospechosos fueron la jefa de Despacho de la ATER, Estrella Martínez de Yankelevich; y su empleado, en Mesa de Entradas, Daniel Gaggión. Ambos, aparentemente, fueron parte de una red de contadores para fraguar las deudas. En esto estaba, también, nada más ni nada más que el tesorero de la provincia Gustavo Gioria, quien tuvo que renunciar cuando se hizo público el escándalo.

Desde la ATER se intimó a las empresas a pagar los impuestos, mientras la Justicia avanzó en la cuestión penal. En este fraude millonario, el Estado recuperó unos 17 millones de pesos a partir del período 2012-2015 y unos 7 millones de los períodos anteriores más los intereses y multas. Ir para atrás, estiman, es casi incobrable. Tras la denuncia de Casaretto, se hicieron dos ampliaciones de denuncias por períodos anteriores (10 años). Hay tres denuncias penales por esos períodos.

La causa recayó en el juzgado de Marina Barbagelata y la pesquisa quedó a cargo del fiscal Gervasio Labriola. Se imputaron a más de 350 personas, que como contribuyentes directos o responsables de sociedades, habían participado. Se llamó a declaración indagatoria pero no se han resuelto procesamientos.

El Ministerio Público Fiscal, con la firma de Labriola, decidió que “no sostendrá la acusación respecto de aquellos contribuyentes que hayan compensado fraudulentamente deudas por impuestos por un monto total inferior a los 15 mil pesos – sea que dicho monto resulta de una única la imputación o de la sumatoria de las distintas imputaciones realizadas en las diferentes causas referidas según cada caso- que acrediten de manera fehaciente haber conciliado con la ATER, es decir, haber regularizado su situación de deuda ante el fisco provincial, sea a través de una cancelación total de los impuestos en un solo pago o bien mediante la suscripción de acuerdo o plan de pagos que se encuentre en vía de cumplimientos”, dice la resolución a la que tuvo acceso Página Judicial. Y agrega que “es requisito para quedar comprendidos en estos criterios de política criminal que el contribuyente regularice su situación de deuda ante el fisco de manera integral, es decir, incluyendo en dicha regularización aquellos períodos que a criterio de la ATER puedan estar prescriptos a la fecha”.

La medida sería para descomprimir un expediente con el volumen de imputados de los que a tres años aún no se sabe si la culpabilidad es de los contribuyentes o contadores.

Operatoria

En la mega causa se hicieron allanamientos, pero se desconoce acerca de la red que “ofrecía” el servicio a las empresas para estafar al fisco, entre ellas la firma El Sembrador SRL, que pertenece a la familia de Miguel Galuccio, ex presidente de YPF que en las últimas horas se conoció su vuelta al mundo de la energía en el país. Sólo se exoneró a los “empleados enfieles”. Yankelevich y Gaggión.

Las compensaciones tributarias están regladas por el artículo 75 del Código Fiscal, dónde el proveedor del Estado acredita tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, se aprueban para su compensación por impuestos por medio de una resolución del Ministerio de Economía. Esas tres áreas gubernamentales tenían al frente a Gioria, Aurelio Miraglio y Diego Valiero. El primero renunció; el segundo fue el último titular de lo que es la ex DGR y en la actualidad es el contador general de la provincia; y el tercero fue funcionario en esa cartera durante la tercera gobernación de Jorge Busti y las dos de Sergio Urribarri.

La causa se podría caratular con la figura de asociación ilícita: dos o más personas que acuerdan cometer un delito. De ser así, las penas van de 3 a 15 años solo por pertenecer a la asociación; y 5 a 15 años para el jefe.

¿Caerá algún funcionario en todo este entramado?