Causa Alanis: Crettón Pereyra fimará un abreviado por una condicional

CORRUPCIÓN

Causa Alanis: Crettón Pereyra fimará un abreviado por una condicional

El hombre fuerte del ex vicegobernador en el Senado firmará un abreviado. Se trata de una causa en la que se investigó el desvío de fondos por unos 20 millones de pesos/dólares en el Senado durante la segunda gestión de Jorge Busti. Página Judicial te cuenta la lista de testigos, en el que aparecen referentes políticos retirados y en plena actividad. Un repaso por la causa que tardó 17 años en llegar a juicio oral.

paginajudicial.com

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial



Este jueves se dará inicio al juicio oral y público que tiene como principal imputado a Héctor Alanis por un supuesto desvío millonario de fondos en el seno del Senado entre 1995 y 1999. El expediente tuvo idas y vueltas, archivos y desarchivos, hasta que finalmente el caso se elevó a juicio. Tuvieron que pasar 17 años.

El cronograma de audiencias se fue modificando en los últimos meses. Las jornadas orales estaban previstas para octubre del año pasado. El tribunal, por corrimientos y siguiendo el libro de subrogaciones, también se modificó. Al ex presidente del Senado lo juzgará la Sala Segunda de la Cámara Primera del Crimen de Paraná integrada por Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo.

El otro imputado de renombre es el de José Maximiliano Crettón Pereyra, quien se desempeñaba como director administrativo de la Cámara alta. Quien fuera el hombre fuerte de Alanis se acogió al juicio abreviado. Firmará este mismo jueves por una pena de dos años y 8 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, según supo Página Judicial.

Crettón Pereyra supo manejar los fondos del Senado. Terminada su gestión se radicó en Misiones, de donde es oriundo, para levantar proyectos turísticos de envergadura con inversiones millonarias.

En la causa también están imputados el ex senador radical Humberto Re y el entonces asesor del Senado Maximiliano Alanis. En la caratula se le imputa el delito de peculado.

Lista

La lista de testigos cuenta con personalidades conocidas en el ámbito político. Algunos en carrera y otros ya no tanto. En la nómina a la que tuvo acceso Página Judicial se inscriben el senador nacional Pedro Guastavino; los ex senadores justicialistas Luis Leissa, Carlos Daud; el condenado ex senador peronista Mario Yedro; los ex senadores radicales Lucio Angelino, Jorge Krenz y Roque Londra. También el ex presidente del Tribunal de Cuentas Hugo Molina; y el actual vocal del organismo José Luis Gea Sánchez. El intendente de Seguí, Cristian Treppo, también fue convocado.

En la primera jornada de este jueves a partir de las 8 – según supo este sitio- se sentarán frente al estrado judicial Miguel Angel Bernuchi, Luis Emilio Ramos y Horacio Alfredo Larrivey.

En la audiencia del lunes declararán Beatriz María Julia Pedrazzoli, Irupé María Cáceres de Rodríguez, Eduardo Marcelo Rudi, Rubén Honorio Zoff, Hernán Javier Díaz y Treppo. El martes continúa Alicia María Rosetti de Conti, Tomás Ismael Espindóla, Jorge Antonio Cuesta, Gustavo Eduardo Salles y Hugo Faustino Acosta.

Entre los nombres que pasarán por los tribunales de Paraná que para el mundo político serán familiares aparecen también Julio Walter Marmol, Jorge Enrique Krenz, Oscar Katz y José Carlos Scelzi.

Modus operandi

El desvío de fondos millonarios en plena gestión de Jorge Busti se había convertido en la estafa más grave de los últimos 20 años cometida en el Estado.

El robo fue denunciado por la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en diciembre de 2000. En su presentación, el organismo que luego en la tercera gestión Busti decretó su muerte para crear la deslucida Oficina Anticorrupción, sostuvo que a partir de la existencia de dos programas presupuestarios separados –el denominado Programa 17, a cargo de Crettón Pereyra; y el Programa 18, responsabilidad de Maximiliano Alanis– se “realizaron maniobras consistentes, principalmente, en la sustracción de fondos públicos de todos los canales administrativos, contables y renditivos de la partida correspondiente”, por una suma que durante 1999 habría alcanzado a los 5,9 millones de pesos/dólares.

También hubo un manejo irregular de otros 5,2 millones de pesos/dólares que les fueron transferidos por la Tesorería General de la Provincia para el pago de Servicios No Personales, pero que habrían sido utilizados para el pago de contratos de personal, “a pesar de que falta la documentación respaldatoria de la utilización de dichos fondos en el supuesto pago de contratos no quedando, por lo tanto, justificada”. Tampoco existía la individualización de los contratos y los de los titulares, hecho que impedía “establecer los importes correspondientes a cada uno”.

La denuncia, que primeramente apuntó a una cifra de 11 millones de pesos/dólares, se acrecentó llegándose a hablar de una cifra próxima a los 20 millones de pesos/dólares, destacó que el modus operandi suponía un uso discrecional de “los fondos destinados a la partida identificada como Servicios No Personales del Programa 18 (aquí generalmente se incluyen contratos de personal temporario), sin dictar las normas reglamentarias que así lo autorizaran”.