Canosa se reiteró inocente: “Todo se hizo de acuerdo con los reglamentos”

CORRUPCIÓN

Canosa se reiteró inocente: “Todo se hizo de acuerdo con los reglamentos”

El ex presidente de Sidecreer volvió a declarar en la última jornada de testimoniales y negó haber intervenido en las licitaciones para que la tarjeta estatal contratara a empresas de familiares y amigos suyos. “He sido investigado y perseguido injustamente”, dijo el ex funcionario. El miércoles serán los alegatos y los fiscales podrían pedir que se le imponga una pena de cárcel.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial



El miércoles serán los alegatos y comenzará a definirse la suerte de Juan José Canosa, ex presidente de Sidecreer, acusado por haber supuestamente beneficiado a empresas de familiares y amigos con contrataciones para la compra de bienes y la prestación de servicios, algo que volvió a negar “enfáticamente” en el cierre del juicio.

“Jamás di instrucciones, lineamientos, no sugerí a qué empresas invitar, no ordené el pago anticipado de ninguna licitación ni me interesé en ninguna licitación”, aseguró el ex funcionario en la declaración que dio ante el tribunal que lo juzga por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

En su descargo aseguró: “He admitido que conozco a esas personas, pero niego haberme interesado en las licitaciones; todo se hizo de acuerdo a los reglamentos, no hay una sola acción por la cual me haya interesado o quisiera desviar el procedimiento de compras ni que permitiera un tratamiento diferencial a ninguna empresa”.

“He sido investigado y perseguido injustamente”, insistió Canosa.

Las personas a las que admite conocer son los socios y/o gerentes de Excelcom, Texmer y JRD Construcciones.

Excelcom SA es una empresa a la que Sidecreer le pagó 936.695 pesos y 716.059 dólares por la provisión de insumos informáticos en 15 adjudicaciones, entre 2009 y 2015. La presidenta de la firma es María José Cuestas –concuñada de Canosa–, mientras que Diego Urba –amigo personal del ex funcionario– es director comercial.

Texmer se dedica, entre otras actividades, a la confección de prendas de vestir y tiene como referentes a Carlos Alberto Canosa –hermano del ex presidente de Sidecreer– y su suegra, Mirta Graciela Gueler, habría oficiado de intermediaria en las contrataciones. En el período en que Juan José Canosa fue presidente de la tarjeta estatal, Texmer se vio beneficiada con siete adjudicaciones en forma directa, por 1.127.286 pesos para la confección y venta de uniformes para el personal de la empresa, remeras, shorts de fútbol, cofias y delantales que eran donados a clubes e instituciones.

JRD Construcciones debe su nombre a las iniciales de José Daniel Romero, tío de Canosa, que fue beneficiado con nueve contrataciones directas para realizar tareas de construcción, electricidad, pintura y carpintería por 107.949 pesos.

En otro tramo de su declaración, Canosa hizo hincapié en que su nombramiento al frente de la tarjeta estatal fue realizado por el directorio de la empresa, cuyos accionistas son el Instituto del Seguro y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas). “No ha sido nuestra estrategia decir que no he sido funcionario público, aunque es un hecho objetivo”, dijo al respecto. “Lo más fuerte de nuestra estrategia es que no hay una sola acción ni prueba objetiva de que me haya interesado en ningún procedimiento de compra”, insistió.

Este punto ha sido controvertido durante todo el juicio: Canosa asegura que no revestía carácter de funcionario público y, por lo tanto, no corresponde su imputación por un delito que solo cometen aquellos en el ejercicio de la función pública.

Esa discusión puso en jaque a tres empleados de Sidecreer e incluso los fiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo solicitaron la detención y apertura de una causa por falso testimonio a una de ellas, algo que fue rechazado por el tribunal.

El juicio, como se dijo, continuará el miércoles con los alegatos. Los fiscales adelantaron que pedirán que Canosa sea condenado a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos.