Canosa rechazó las acusaciones y dijo que no era funcionario público

29/08/2018

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El ex presidente de Sidecreer Juan José Canosa se sentó ante los jueces y trazó su estrategia: negó haber direccionado contrataciones en la tarjeta estatal para beneficiar a empresas de familiares y amigos, aseguró que las adjudicaciones fueron regulares y abrió el debate sobre si era

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

El ex presidente de Sidecreer Juan José Canosa se sentó ante los jueces y trazó su estrategia: negó haber direccionado contrataciones en la tarjeta estatal para beneficiar a empresas de familiares y amigos, aseguró que las adjudicaciones fueron regulares y abrió el debate sobre si era o no funcionario público.

No es menor la discusión que propone Juan José Canosa. ¿Se debe considerar al presidente de una sociedad anónima cuyos accionistas son empresas estatales como funcionario público?

De la respuesta a esa pregunta dependerá, si es encontrado culpable, que Canosa pueda ser condenado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, un delito que consiste en que un funcionario se interese en cualquier contrato en el que le corresponda intervenir, debido a su cargo, sea en beneficio propio o de un tercero.

Habrá que decir, en primer lugar, que Sidecreer es una sociedad anónima cuyos accionistas son el Instituto del Seguro, con un 67,33 por ciento de las acciones, y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), en un 32,67 por ciento. No tiene participación del sector privado. En segundo lugar, corresponde señalar que el nombre de Canosa figuraba en la nómina de funcionarios del Gobierno de Entre Ríos como presidente de la tarjeta estatal.

Dice además Canosa que su vínculo laboral “siempre fue con la sociedad anónima” y que su salario no salía de las arcas públicas sino que se lo pagaba Sidecreer “con la ganancia de la empresa”.

Otra cuestión que se plantea es si debe presentar declaración jurada ante la Contaduría General de la Provincia alguien que no es funcionario público. Canosa dice que lo hizo no porque estuviera obligado sino como respuesta a una demanda mediática.

Contratos para los amigos

Ahora bien, los fiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo aseguran que mientras fue presidente de Sidecreer, entre 2007 y 2015, Canosa direccionó contrataciones a favor de empresas regenteadas por familiares, amigos y allegados.

Excelcom SA es una empresa a la que Sidecreer le pagó 936.695 pesos y 716.059 dólares por la provisión de insumos informáticos en 15 adjudicaciones, entre 2009 y 2015. La presidenta de la firma es María José Cuestas –concuñada de Canosa–, mientras que Diego Urba –amigo personal del ex funcionario– es director comercial.

A su vez, Carlos Alberto Canosa –hermano del ex presidente de Sidecreer– se dedica, entre otras actividades, a la confección de prendas de vestir desde el año 2005, a través de la empresa Texmer; y su suegra, Mirta Graciela Gueler, habría oficiado de intermediaria en las contrataciones. En el período en que Juan José Canosa fue presidente de la tarjeta estatal, Texmer se vio beneficiada con siete adjudicaciones en forma directa, por 1.127.286 pesos para la confección y venta de uniformes para el personal de la empresa, remeras, shorts de fútbol, cofias y delantales que eran donados a clubes e instituciones.

También se le atribuye la contratación directa de su tío, José Daniel Romero, responsable de la firma JDR Construcciones, que fue beneficiado con nueve contratos para realizar tareas de construcción, electricidad, pintura y carpintería por 107.949 pesos.

Canosa niega las acusaciones. Según dijo, Sidecreer no cuenta con un registro de proveedores, pero sí existe un listado de empresas de distintos rubros que maneja la Comisión de Compras y que eventualmente las invita a participar de las licitaciones que convoca la empresa. En su caso, aseguró: “Jamás me interesé en ninguna de estas contrataciones ni interferí en el proceso de compra” y agregó: “En las declaraciones anteriores dije que nunca tuve nada que ver con las contrataciones, que esas contrataciones fueron decisiones de la Comisión de Compras (de Sidecreer) y que mi decisión siempre estuvo acorde a los dictámenes de las distintas áreas de la empresa. Siempre acaté la voluntad de la Comisión de Compras, nunca me aparté de lo que ellos decían”.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el rol de los organismos de control, específicamente, el Tribunal de Cuentas que, según Canosa, “no objetó una sola de estas licitaciones”.

Ese aspecto también forma parte de la discusión sobre si la tarjeta estatal está sometida al contralor de los organismos públicos de control. En ese sentido, Canosa explicó que “hubo que hacer un esfuerzo para incluirla bajo los controles del Tribunal de Cuentas e incluso hubo discusiones internas sobre ese tema” y resaltó que “el Tribunal de Cuentas obliga al control a los entes autárquicos y descentralizados, y quienes aportaron los fondos para la tarjeta son el Instituto del Seguro y el Iafas”.

Por lo demás, rechazó los términos de la denuncia promovida por el senador Raymundo Kisser (Cambiemos), el 16 de diciembre de 2016, por “el proceso de vaciamiento y posterior intento de vaciamiento” de la tarjeta estatal y un intento de transferir la cartera de clientes al grupo empresario de Walter Grenón (Red Mutual).

Canosa le contestó que cuando asumió como presidente de Sidecreer el patrimonio de la empresa era de 2,9 millones de pesos y cuando dejó su cargo, ocho años después, era de 30 millones de pesos. “¿Cuántas empresas pudieron crecer casi un mil por ciento en ocho años?”, preguntó el ex funcionario. “Se sostenía que Sidecreer estaba fundida, que querían privatizarla y que sus funcionarios eran ricos. Sin embargo, los números no eran los que decían Kisser y los empleados”, acotó.