Buscan una solución política para el conflicto del Frigorífico Aranguren

19/05/2014

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Un empresario de la industria cárnica pidió una reunión con el gobernador Sergio Urribarri para buscar una salida política al conflicto que mantiene con la Municipalidad de Villa Aranguren y que ha derivado en una denuncia penal contra el intendente Eduardo Tessore por haberse apropiado de


Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial


Un empresario de la industria cárnica pidió una reunión con el gobernador Sergio Urribarri para buscar una salida política al conflicto que mantiene con la Municipalidad de Villa Aranguren y que ha derivado en una denuncia penal contra el intendente Eduardo Tessore por haberse apropiado de los bienes de la planta.

Ricardo Taboada solicitó por carta documento una audiencia “urgente” con el mandatario provincial para ponerlo al tanto “con precisión y pruebas objetivas, (de) la real y lamentable situación” en que se encuentra el Frigorífico Pedro Aranguren SA, que permanece sin actividad desde el año 2009 por problemas económicos y financieros.

En la carta, que fue recibida el 8 de mayo pasado en el despacho del gobernador, Taboada detalla el derrotero del frigorífico, desde que presentó el proyecto, en 2001, hasta que cesó en la faena, en 2009. El detalle coincide con el que el mismo empresario hiciera en septiembre del año pasado, en una entrevista con Página Judicial, cuando presentó la denuncia penal contra el intendente de Aranguren, Eduardo Tessore.

El empresario no omite que aún mantiene una deuda con el Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) por los créditos que recibió para poner en marcha la planta cárnica, pero asegura que Tessore se montó sobre ese “legítimo reclamo” del organismo provincial “de manera ramplona y bajo el designio de obscuros intereses, para llevar adelante un verdadero y escandaloso acto de despojo sobre bienes de mi patrimonio, argumentando falazmente y con una rusticidad argumentativa de escaso coturno intelectual y jurídico, que los bienes son propiedad de la Municipalidad de Aranguren”.

En esa línea, advierte Taboada que “si lo fueran, entonces la Provincia debió haber demandado al municipio”. Esto no fue así, de hecho, sino que el juez en lo Civil y Comercial Número 1 de Paraná, Juan Carlos Coglionesse, lo sentenció al pago de 1.090.376 pesos más intereses y por eso, el 23 de septiembre de 2013, el gobernador Urribarri firmó el Decreto Número 3.316 autorizando a la Fiscalía de Estado a promover el remate de los bienes embargados y prendados afectados al frigorífico. Para ese entonces, la deuda ya ascendía a 2.772.444,45 y hoy, tras la subasta, se redujo a menos de la mitad.

Sin embargo, Taboada insiste en que dentro del predio donde funcionara al frigorífico “se encuentran numerosos bienes” de su propiedad y excluidos de la ejecución prendaria, cuyo valor estima “entre 10 y 12 millones de pesos”, pero se ve “imposibilitado de disponer libremente por las ilegales, ilegítimas y delictuales maniobras” urdidas por Tessore.

El empresario Taboada dice también que a pesar del tiempo transcurrido desde la suspensión de sus actividades, “el establecimiento frigorífico está listo para funcionar” e insiste en que “no se trató (ni se trata) de una empresa fantasma”. Inclusive, plantea duros cuestionamientos al ministro de la Producción, Roberto Schunk, y su segundo, Leandro Rodríguez, con quienes se reunió “para poder salvar la empresa”, pero dice que se encontró con “respuestas pueriles, inconsistentes y burocráticas” de parte de los funcionarios.

Nueva denuncia y mediación

En agosto del año pasado, Taboada denunció penalmente al intendente Tessore por los delitos de defraudación y afectación al normal desenvolvimiento de un establecimiento industrial, por negarse a restituir los bienes de la planta.

A fines del año pasado, el empresario amplió aquella denuncia, endilgándole ahora los delitos de abuso de autoridad y tentativa de fraude procesal. En esta nueva presentación, dice que “sobre los bienes que no fueron materia de ejecuciones ni gravámenes y sobre los cuales puedo disponer libremente, Tessore ejerció con ostensible dolo y con la finalidad de agredir mi patrimonio, un apoderamiento ilegal primero y una retención indebida después, rematando el ilegítimo accionar con el dictado de un decreto que exorbita sus atribuciones y tiene por único objetivo intentar convalidar con un instrumento aparentemente legal, un claro e inexcusable acto de despojo de bienes ajenos y sobre los cuales no pesaban ni pesan medidas judiciales que obsten mi libre disposición”.

Los abogados del empresario consideran que el Decreto Número 078, fechado el 13 de junio de 2013, “esconde la ultra intención lisa y llana de confundir al juez de la causa”, puesto que el intendente se coloca allí como depositario judicial de todos los bienes que se encuentran en el predio donde funcionara el frigorífico, inclusive aquellos que no estaban comprendidos por el embargo judicial. Ello porque en el mismo instrumento administrativo, Tessore solicitó “el embargo preventivo de todos los bienes que se encuentran en la planta”.

A pesar de todo esto, el empresario, a través de sus abogados Rubén Pagliotto, Guillermo Mulet y Carlos Calí, solicitó una mediación en la Fiscalía de Nogoyá, a cargo de Agustín Andrés Gianini, y hasta se reunieron con Alejandro Carbó, representante legal del municipio, pero esa instancia tampoco llegó a buen término, según pudo saber Página Judicial. Ahora, el futuro del frigorífico parece requerir más una mediación política que judicial.