Benítez rechazó la pretensión de reducir la edad de imputabilidad

JUSTICIA Y POLÍTICA

Benítez rechazó la pretensión de reducir la edad de imputabilidad

El consejo federal de defensores públicos, que preside Maximiliano Benítez, rechazó el proyecto oficial mediante el cual se pretende bajar la edad de imputabilidad de los menores a 15 años. “Cuantitativamente el número de delitos cometidos por esta franja etaria es insignificante”, dijeron. También recordaron que una comisión conformada por el Ministerio de Justicia en 2017 había rechazado esa idea.

De la Redacción de Página Judicial


El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, que preside Maximiliano Benítez, rechazó el proyecto impulsado por el Gobierno para modificar el sistema de responsabilidad juvenil y bajar la edad de imputabilidad de los menores a 15 años.

A través de un comunicado que Benítez dio a conocer a través del Sistema de Información y Comunicación del Poder Judicial, los defensores públicos consideraron “irrazonable” el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años y resaltaron que “cuantitativamente el número de delitos cometidos por esta franja etaria es insignificante, tal como lo indican todas las estadísticas, por lo que la reforma no reduciría los índices de inseguridad”.

Además, indicaron que “la baja de edad de punibilidad afecta a los principios de mínima intervención, de última ratio y viola los principios de progresividad y no regresividad”.

En cambio, los defensores penales de todo el país señalaron que en lugar de bajar la edad de imputabilidad, correspondería “dar cumplimiento a los derechos económicos, sociales y culturales” y replicaron que “un estudio de Unicef (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia) reveló que el 48 por ciento de los niños/as y adolescentes son pobres y el mayor porcentaje de los infractores pertenece a este porcentaje”.

En otro tramo del documento, se consignó que “la mayoría de los sistemas provinciales de protección de derechos encuentran serias dificultades para dar cumplimiento a los principios básicos” previstos en la ley nacional de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sancionada en 2005, y que, entre otras cuestiones, el reconocimiento de derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad e integridad personal, a la salud, educación, a vivir en un medioambiente sano, a opinar y ser oídos. La misma norma prevé la creación de la figura del defensor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para garantizar el fortalecimiento de derechos.

Incluso, los defensores penales resaltaron que “el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por Resolución Número 21/17, creó una comisión integrada por especialistas para analizar el tema (…) la que concluyó que corresponde mantener la edad de punibilidad en los 16 años”, pero a pesar de ello, el Gobierno insiste en la idea de bajar la edad a 15 años, como lo ha manifestado la ministra Patricia Bullrich.

En ese sentido, advirtieron que “el contacto temprano con la ley penal no es recomendado por la criminología nacional e internacional” y “el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas exhortó al Estado nacional a que las leyes respecto a los niños, niñas y adolescentes no incluyan disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la responsabilidad penal”.