Allanaron estudios contables vinculados a la Legislatura

CORRUPCION

Allanaron estudios contables vinculados a la Legislatura

La Procuración General allanó este miércoles dos estudios contables vinculados a las cámaras de diputados y senadores en una causa que se cocina hace unas semanas y que tiene en la lupa a todos los partidos políticos. El caso tiene a tres personas con prisión preventiva luego de haber sido encontradas en un cajero con varias tarjetas de débito. Todas las fuentes consultadas por Página Judicial coinciden que se está ante un escándalo.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial



El 20 de septiembre a la tarde Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y María Victoria Alvarez fueron interceptados por agentes de la Policía a la salida de un cajero del Bersa de calle Alsina con una mochila llena de dinero. Fue luego de que estén un buen tiempo en la cabina haciendo uso de varias tarjetas de débito. Allí se prendió la mecha de un caso que en la Procuración General se trabaja a tiempo completo y todo indica que se trata de un escándalo en el que no se puede determinar su dimensión.

En la madrugada de ese día, la Policía allanó el domicilio de Beckman y encontró documentación y más plásticos, reconstruyó Página Judicial. Se dictó la prisión preventiva de los tres sospechosos. El abogado de Beckman es Humberto Franchi.

La causa está bajo secreto de sumario hasta el viernes. La lleva adelante la fiscal Patricia Yedro bajo las órdenes de la flamante fiscal anticorrupción, Cecilia Goyenche. La jueza de garantías es Marina Barbagelata.

Este miércoles, se dio un paso más. Se allanaron dos estudios contables que la Justicia entiende que están ligados a la Legislatura provincial. Esto es las cámaras de diputados y senadores. Del procedimiento –aparentemente– surgió información valiosa para la causa.

Se investigan dos delitos de estafa tipificados en el artículo 173 del Código Penal en su inciso 15, que dice: “El que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiere sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática”.

Pero todo indica que no es una cuestión privada, sino que se está ante un sistema por el cual se defrauda al Estado y se financia la política. Contratos por parte de legisladores (diputados y senadores) a nombre de personas a las cuales se les adjudica una tarjeta de débito. Es precisamente esto lo que llamó la atención a la Justicia: que una mujer tenga encima varios plásticos de diferentes personas sacando dinero en un mismo acto. Cabe, aquí, el artículo 175 inciso 5, referido a quien “cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”.

Una fuente legislativa consultada por Página Judicial antes que se lleven adelante los allanamientos fue contundente: “Esto se puede llevar puesto todo el sistema político”.

El caso no es similar pero se le parece en algo al de Ricardo Troncoso, de quien se supo que se quedaba con una parte del contrato de un asesor, según reveló un informe difundido en Canal 9 Litoral. Los legisladores tienen lo que se conoce como “módulo”, que es una dieta que tiene los parlamentarios para contratos de asesores o colaboradores. En este caso, se sospecha, se trata de un sistema que viene desde arriba. Es decir desde las presidencias las cámaras, es decir de Sergio Urribarri y Adán Bahl. Estarían implicados legisladores de todos los partidos políticos.

Las fuentes consultadas por Página Judicial coincidieron en que no se sabe hasta dónde puede llegar la investigación, pero todos afirmaron que es un escándalo y puede seguir escalando hacia la cúpula del poder.