Torner a juicio por la venta ilegal de medicamentos

21/01/2021

El hermano de la ex concejal del radicalismo Adriana Torner enfrentará un juicio correccional por los delitos de venta de medicamentos sin autorización y ejercicio de la actividad farmacéutica sin tener título ni habilitación especial. Mientras tanto, sigue abierta una investigación por lavado de dinero y evasión de impuestos por más de 12 millones de pesos que se extiende también a la madre de ambos.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La ex concejal paranaense Adriana Torner (UCR), otrora famosa por delirantes sus proyectos y por haber montado una pyme familiar en el Concejo Deliberante, inscribe ahora su nombre en expedientes judiciales. En rigor, es su hermano, Marcos Benito Torner quien será enjuiciado por el acopio y venta de medicamentos sin autorización.

La causa fue remitida al juez Daniel Alonso para que lleve adelante un proceso correccional, ya que los delitos que se le imputan a Marcos Torner tienen una pena inferior a los tres años de prisión. El juicio aún no tiene fecha.

Marcos Benito Torner está acusado por los delitos de venta sin autorización de medicamentos que requieren receta médica para su comercialización y por el ejercicio de la actividad farmacéutica sin tener título o habilitación especial.

La investigación surgió en 2017, a raíz de un monitoreo fiscal y financiero de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el que se detectaron operaciones de compra de medicamentos por montos muy elevados, pese a que el Ministerio de Salud de la provincia había decretado primero la suspensión y luego el cierre definitivo de la droguería a partir del 11 de noviembre de 2014.

En un cruce de datos fiscales y movimientos financieros durante los años posteriores al cierre definitivo de la droguería se detectaron importantes diferencias entre lo declarado por Torner –que no tenía actividad declarada ante el fisco– y lo informado por distintos laboratorios que eran proveedores que habían sido proveedores de su droguería. Por ejemplo, facturas y remitos librados por Pfizer SRL, Laboratorios Bagó SA, Bayer SA y Roemmers SA, entre otros laboratorios y droguerías, a nombre de Torner; y otros emitidos por el propio Torner a diversos destinatarios.

La AFIP entonces le pidió a Torner que pusiera a disposición los libros; comprobantes de compras, ventas y gastos; detalles de activo y pasivo; y cuentas bancarias para analizar su comportamiento fiscal; pero como respuesta recibió la copia de una denuncia policial de extravío de la documentación contable con fecha posterior a la intimación y en la que no se consignaba ningún detalle de cómo se perdió.

La droguería había sido habilitada el 9 de febrero de 2009, mediante la Resolución Número 87/09 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), y estuvo activa hasta el 1 de octubre de 2014 en que el Ministerio de Salud provincial decretó la suspensión de las actividades y el cierre definitivo el 11 de noviembre. La sospecha es que la cadena de distribución de medicamentos continuó más allá de esa fecha y por eso la AFIP denunció una evasión de impuestos estimada en 12.471.374,28 pesos por actividades no declaradas durante los períodos 2015, 2016 y 2017.

En febrero de 2018, en un allanamiento realizado en un galpón ubicado en calle 9 de Julio 593, a pocos metros de Feliciano, se encontraron miles de medicamentos, algunos de venta libre, otros que se venden bajo receta y algunos que solo se pueden comercializar bajo receta archivada –aquellos que por sus principios activos presentan cierto riesgo a la hora de suministrarlos, como los antidepresivos o sedantes, por ejemplo–.

Sorprendieron las pésimas condiciones ambientales que había en el sitio de almacenamiento de los medicamentos: el desorden, la suciedad y la humedad que reinaban en el lugar pudieron haber alterado los efectos terapéuticos; además se hallaron medicamentos vencidos (“eran dos o tres cajitas que eran de muestra”, intentaría excusarse luego Torner), cajas deterioradas y otras en el piso, cuando las normas indican que deben estar separadas al menos diez centímetros del suelo y los remedios encima de un palet o estante. Si esto no fuera suficiente, el juez Leandro Ríos, al decretar el procesamiento de Torner, aseguró que “todos ellos son ‘medicamentos ilegítimos’, toda vez que no son comercializados en los lugares habilitados a tales efectos”.

Pero lo más sorprendente fue el hallazgo de una cantidad exorbitante de dinero. Había 3.101.242 pesos, 198.444 dólares estadounidenses y 1.000 euros en cajas y escondrijos en los lugares más insólitos del depósito.

En abril de 2018 se realizó otro allanamiento, esta vez en una precaria vivienda de calle José Rodó 436 donde Torner había reinstalado el negocio, y otra vez se incautaron cientos de cajas con medicamentos de las mismas características.

Hubo otro allanamiento en el galpón de calle 9 de Julio 593, en marzo de 2019, donde nuevamente se incautaron cajas con medicamentos que Torner seguía comprando a los laboratorios y revendía.

En su indagatoria diría luego que nunca fue ni dijo ser farmacéutico; “lo único que realizaba era el canal k”, una modalidad que se utiliza en la jerga para quienes venden medicamentos a los kioscos y estos al público, de ahí la letra k; e insistió en que “tenía la droguería exclusivamente para la reventa, no para vender en farmacias”. Dijo además que “los medicamentos eran todos legales… todos eran de laboratorio y yo los garantizaba”.

Su explicación constituye una confesión en sí misma: Torner admite que vendía medicamentos recetados sin ser farmacéutico ni contar con habilitación para el expendio de sustancias medicinales; lo hacía en un local que no estaba habilitado como farmacia e incluso continuó haciéndolo aun después de que le fuera revocada la licencia.

En cuanto a los millones de pesos esparcidos por todo el depósito que supo ser la “droguería”, dijo que eran ahorros de su familia. “Todo el dinero encontrado era del grupo familiar, de los ahorros, el sacrificio de mi papá, de mi mamá y de mi hermana”, intentó explicar.

Aron Torner, el padre, falleció tiempo después de que se descubriera el negocio ilegal. Había llegado a Paraná en 1972, proveniente de General Campos; hizo changas como vendedor ambulante hasta que instaló una despensa de venta de comestibles en el depósito de calle 9 de Julio 593. La madre, Fania Vainstein es jubilada. Marcos Torner tiene 58 años y dice estar desocupado. Adriana Torner es docente y fue concejal por el radicalismo entre 2011 y 2015. Es recordada por iniciativas ridículas como aquella que promovía sanciones para los negocios que exhibieran maniquíes desnudos, la propuesta para fomentar el turismo sexual en Paraná, un homenaje por el hundimiento del Titanic, la celebración de la semana de la dulzura y otras absurdidades. También se la recuerda por haber contratado a sus padres y hermano como asesores en el Concejo Deliberante.

“Quiero demostrar que todo lo que nos quitaron es fruto de los ahorros”, insistió Marcos Torner ante el juez. Que lo haga no es un asunto menor. La justicia hasta el momento no ha hecho lugar a los insistentes pedidos de la familia para que le devuelvan el dinero secuestrado porque mantiene abierta otra causa que alcanza a todos los integrantes del grupo familiar por lavado de activos y la evasión de impuestos por más de 12 millones de pesos derivada de la venta ilegal de medicamentos. Esa causa quedó más retrasada pero significa un dolor de cabeza para la familia de la ex concejal.