Crónica de un día de furia en la casa de los Etchevehere

29/12/2020

La justicia entrerriana protagonizó un nuevo papelón. El juez Martín Furman dio marcha atrás con una decisión que había tomado apenas tres días atrás en el litigio familiar de los Etchevehere. Lo hizo en medio de una jornada cargada de amenazas, gritos, insultos, maltrato y exhibiciones obscenas de poder de parte del ex ministro Luis Miguel Etchevehere.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Lo que pasó este sábado en Paraná fue insólito.

Las imágenes muestran a un exaltado Luis Miguel Etchevehere gritándole en la cara a un juez. “De acá no me muevo… voy preso, no tengo ningún problema… es lo que está buscando, hágalo, sáquese el gusto”, parece desafiarlo el ex ministro macrista.

Entonces pasó lo insólito: el juez dio marcha atrás con una decisión que había tomado apenas tres días atrás. Reconoció el derecho que tiene Dolores Etchevehere a una vivienda, pero no la que ella había escogido y él mismo había autorizado sino que, como pidió el clan, deberá escoger otra propiedad y los Etchevehere pagarán el alquiler. Todo eso pasó durante una tarde agobiante y cargada de amenazas, gritos, insultos, maltrato y exhibiciones obscenas de poder, de poder real o simbólico, pero de poder al fin.

Recapitulemos lo que ocurrió en la última semana hasta llegar al sábado de furia.

El 14 de diciembre, Dolores Etchevehere presentó una medida cautelar ante el juez en lo Civil y Comercial Número 7 de Paraná, Martín Furman, que tiene a su cargo el juicio sucesorio, solicitando igualdad de condiciones respecto de sus hermanos varones, que se le permita el uso y goce de un inmueble de la sucesión en la capital provincial y que se le garantice un ingreso en su calidad de socia-heredera.

Dolores argumentaba que sus hermanos varones viven en inmuebles de la sucesión, perciben ingresos de las empresas de la sucesión y han administrado las sociedades del acervo hereditario, mientras ella carece de medios de subsistencia.

El pedido fue respaldado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), interviniente en la causa por violencia económica y extorsión que tramita en la Justicia Federal y es investigada por el fiscal Federico Delgado.

El 23 de diciembre, el juez Furman emitió dos resoluciones. En una, admite que Dolores tiene derecho una vivienda para ella y sus hijos, en una casa que forma parte del acervo hereditario de su padre y que todavía está en disputa con sus hermanos; y en la otra insta a Leonor Barbero Marcial y a sus hijos varones a que “provisoriamente y hasta tanto dicte resolución definitiva” en el juicio sucesorio a que le abonen una mensualidad equivalente a tres salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de cada pago.

Dolores ingresó a la vivienda de calle Los Vascos 839 el sábado 26 de diciembre a las 12.30. Lo hizo acompañada por un oficial de justicia y policías provinciales, y luego de que, supuestamente, se constatara que esa propiedad estaba deshabitada y en condiciones de habitabilidad.

El juez dijo haber adoptado esa medida “en el marco de la –ahora– denunciada violencia de género y, con la debida perspectiva de género”. Una primera lectura permite inferir que hay en esa resolución un reconocimiento tácito de los derechos hereditarios que le han sido conculcados a Dolores Etchevehere, en un juicio sucesorio aún irresuelto, en el que no hay partición de la herencia y en el que tampoco se ha completado el inventario de bienes.

La sola presencia de Dolores en la casa –acompañada por su hija adolescente, sus abogados e integrantes del Proyecto Artigas– desató un verdadero pandemonio en esa zona del Parque Urquiza. La casa que ocuparía tiene una única entrada, por calle Osinalde, y se comunica con otras que habita el resto de los integrantes del clan, a través de un parque con una pileta común y sin restricciones de circulación. El primero en aparecer en escena fue Sebastián Etchevehere, a los gritos. Detrás de él irrumpieron sus hijos, con insultos y de manera violenta. A los pocos minutos se sumaron Luis Miguel Etchevehere y Juan Diego Etchevehere y la madre de ellos, Leonor Barbero Marcial, también muy exaltados.

Después de dos horas de agresiones hacia Dolores y sus abogados, el juez comunicó telefónicamente que dejaba sin efecto la medida para “no poner en riesgo la integridad de Dolores Etchevehere”. Pero ella desconoció la decisión y exigió su presencia en el lugar.

El juez llegó alrededor de las 15.30, acompañado por la secretaria del juzgado, Noelia Telagorri. Para ese momento la situación era de extrema tensión y altísimas revoluciones. El propio Furman diría luego que los Etchevehere “asumieron una actitud de exaltación y verborragia, tanto hacia Dolores, como hacia mí, la Policía, los letrados de la señora Etchevehere, escalando en las manifestaciones violentas a medida que transcurría el acto”. Ni siquiera sus propios abogados quedaron eximidos de los gritos y maltrato.

Durante casi cinco horas intentó encarrilar la situación. Los Etchevehere propusieron pagar el alquiler de una vivienda, a elección de Dolores, hasta tanto se mantenga la medida. Ella rechazó la propuesta porque, dijo, vuelve a ser victimizada al contar con una medida judicial que se incumple por los violentos. Sus letrados plantearon entonces hacer un cerco de madera u otro material, para separar las viviendas. Los Etchevehere rechazaron de plano esa opción, a pesar de que en otro tiempo las casas estaban separadas por un paredón.

El jefe de la comisaría dijo que no contaba con la cantidad de efectivos necesarios para evitar cualquier contacto entre Dolores y las personas que habitan las viviendas lindantes durante las 24 horas. Eso terminó quitándole todo tipo de respaldo al juez y derivó en una resolución que no es sino un retroceso en su decisión inicial. Terminó justificándola en la necesidad de “resguardar la integridad (física, psíquica, emocional) de la mujer que ha denunciado situaciones de violencia por su género”.

La justicia entrerriana volvió a incurrir en un papelón. Lo hizo el juez Martín Furman. El magistrado no pudo sostener un fallo judicial y tuvo que retroceder apenas tres días después de haberlo dictado. Es cierto que la Policía le quitó respaldo en el mismo momento en que el jefe de la comisaría dijo que no podía garantizar la seguridad de Dolores Etchevehere en esa casa; y es razonable, entonces, que retrocediera. Pero el error más grave tal vez haya sido no saber adónde estaba autorizando a vivir a Dolores Etchevehere; no haber constatado el estado general de la vivienda –por ejemplo, no tenía luz eléctrica– o no haber reparado en el hecho de que el resto de los integrantes de la familia, a quienes ella ha denunciado por ejercer violencia de género, vivían en casas linderas y conectadas unas con otras. Es sorprendente que no investigara eso.

Se dirá, con razón, que el juez mantuvo la medida cautelar que había dispuesto en primera instancia, que reconoce el derecho de Dolores Etchevehere a una vivienda en la ciudad de Paraná y que en realidad solo cambiaron los términos de la medida. Incluso es atendible el argumento de que “lo mejor para Dolores (para la preservación de su integridad y salud) es que no permanezca en la vivienda de calle Los Vascos 839”. Podrá decir, como lo dice, que no deja sin efecto la orden de atribución de la vivienda “por la violencia verbal” que padeció el sábado de furia “sino mirando pura y exclusivamente el principio rector en la materia: la protección de la mujer violentada”. De hecho corrió vista a la fiscal en turno para que instruya una causa contra los Etchevehere por desobediencia judicial e investigue otros posibles delitos. Pero la imagen de Luis Miguel Etchevehere señalando con el dedo al juez e instándolo a que lo detenga es elocuente.

Sin embargo, y a pesar de todo, el juez Furman también dio un mensaje.

“¿De qué viven mis hermanos desde la muerte de mi padre? De la herencia de mi padre, de las sociedades, de la rentas de bienes, de la venta de la hacienda, de retiros en negro de las sociedades anónimas, de la venta en negro de miles de cabeza de ganado, etcétera”, pregunta y se responde Dolores Etchevehere; y el juez, al admitir el derecho a una vivienda y a una mensualidad, desmontó el relato que pretenden instalar los Etchevehere de que Dolores cedió las acciones en las empresas familiares que le correspondían como heredera de Luis Félix Etchevehere. Al menos sugiere que eso no está tan claro ni resuelto.

“¿Sabe, señor juez, el nivel de vida de mis hermanos? ¿Por qué soy la única que me he visto en complicaciones económicas desde el día uno? Respuesta fácil. Porque me excluyeron de todo tipo de administración y contacto con los bienes del sucesorio, sin escrúpulos y en pos de seguir con sus actividades delictivas por intermedio de estas sociedades”, cuestiona Dolores y, a la vez, interpela al magistrado.

Furman, que tiene a su cargo el complejo juicio sucesorio, también advierte que el caso debe ser analizado con perspectiva de género y toma en cuenta el dictamen de la UFEM en cuanto a que Dolores “hizo alusión a una serie de factores que habrían afectado su capacidad de autodeterminación y de decidir libremente: la imposibilidad de acceder a sus bienes, la ausencia de ingresos económicos, la falta de información con relación a su herencia, la victimización crónica a la que ha estado expuesta durante años, el lugar relegado que le asignó su familia de origen, etcétera”.

El relato de Dolores Etchevehere, sostenido a lo largo de años, deja en evidencia “la particular victimización a la que ha sido sometida por parte de su familia durante todos estos años” y “el vínculo de parentesco con los agresores (hermanos y madre), la cronicidad de los hechos y el vínculo asimétrico de poder –en los términos que los ha relatado y denunciado– se constituirían así en indicadores de su vulnerabilidad”.