JUSTICIA Y POLÍTICA

Allanaron el estudio de un abogado y un conjuez por una causa de drogas

23/12/2020

Se trata de los hermanos Navarro, conocidos en el ámbito judicial y político. El buffet fue allanado por la Policía de Entre Ríos en el marco de una causa por tráfico de estupefacientes. Los vínculos en una ciudad donde todo se sabe. En la capital provincial todo es silencio. Las causas de abuso sexual.

Allanaron el estudio de un abogado y un conjuez por una causa de drogas

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Elementos que sobrevuelan en la sociedad de Nogoyá empiezan a expresarse en hechos concretos. Mientras tanto las instituciones y autoridades gubernamentales en Paraná, donde radican las conducciones de esas instituciones, hacen silencio y se esconden detrás de las cortinas de humo. Casi siempre mediáticas.

La Policía de Entre Ríos allanó este miércoles el estudio jurídico que comparten los hermanos Maximiliano y Mariano Navarro y el domicilio de este último en el marco de una causa por comercio de estupefacientes.

Durante la jornada de este miércoles, el juez federal Leandro Ríos ordenó una serie de allanamientos en Paraná, Nogoyá, Santa Fe y Carcarañá, en el marco de una investigación realizada por la Policía de Entre Ríos y que involucra a Mariano Navarro, presidente de la seccional local del Colegio de Abogados. En los procedimientos no se produjeron detenciones, aunque no se descarta que las haya en las próximas horas, pero se secuestraron teléfonos celulares, documentación que será analizada; elementos de corte y sustancias para estirar estupefacientes, indicaron fuentes consultadas por Página Judicial.

Según trascendió, la investigación se inició hace varios meses, a instancias de la Policía de Entre Ríos, sobre una organización dedicada a la venta de estupefacientes de baja escala en la ciudad de Nogoyá, que tendría vinculaciones en Paraná y en la provincia de Santa Fe.

Quien quedó en la mira de los investigadores es Mariano Navarro. El letrado comparte el estudio con su hermano Maximiliano, que interviene como conjuez de la causa en la que se pretende archivar la denuncia contra el fiscal interino Federico Uriburu por violencia de género a la abogada Florencia Alberto, cuyo legajo acumuló una importante evidencia. El hombre es conocido también en el ámbito de la política por haber sido asesor de José Ángel Allende cuando era presidente de la Cámara de Diputados.

La relación de los hermanos Navarro con el fiscal es conocida hasta por el último nogoyaense. En la comunidad judicial local los colocan como miembros de una especie de cooperativa que trabaja de manera aceitada. Ejemplo: en la causa de Mario Castillo, acusado de abuso con acceso carnal, el fiscal Uriburu y Maximiliano Navarro postularon un juicio abreviado en el que se acordó una pena de tres años. El juez de Garantías Gustavo Acosta lo rechazó y la Cámara de Casación le dio la razón. El fiscal Rodrigo Molina tomó luego la causa y Castillo fue condenado a trece años en juicio oral. Sin haberse modificado el cuadro de pruebas uno pidió tres y otro trece.

La causa de Diego Silvestre Morel fue también por abuso sexual. Mariano Navarro solicitó una segunda Cámara Gesell, que no es otra cosa que revictimizar a un menor que ha sido víctima, y el fiscal Uriburu acompañó el pedido, contrariamente a los indican los protocolos. El Ministerio Pupilar se opuso y le dieron la razón. El representante del Ministerio Público Fiscal había alegado que el psicólogo e integrante del equipo técnico de tribunales Mario Cardozo fue quien le había dado pie para solicitar esa segunda Cámara Gesell. El mismo Cardozo lo desmintió en el juicio oral. Morel fue condenado a quince años de prisión.

César Roberto Cepeda está denunciado por abuso a dos niñas de 4 y 6 años en la comunidad de Lucas González, departamento Nogoyá. También pesa en su contra una denuncia por acoso a otra joven de 14 años. El imputado estaba cumpliendo una prisión domiciliaria que venció el 20 de septiembre y quedó en libertad porque no se había solicitado la prórroga en los casos de delitos sexuales. Quién debió hacerlo era el fiscal Federico Uriburu, que tiene a su cargo la investigación (legajo 738/20). El querellante es Mariano Navarro. ¿Mala praxis o acuerdo?

En la causa que tiene como víctima a la abogada Alberto aparecen estos tres nombres. El fiscal Uriburu es el acusado y el conjuez Maximiliano Navarro es quien solicitó el archivo de la causa. El silencio corre por cuenta de Mariano Navarro, quien preside la entidad que representa a la víctima. En el Poder Ejecutivo y en el Ministerio Público Fiscal lo reducen todo a meras internas pueblerinas.

Lo que empieza a aparecer son partes de un rompecabezas que tiene piezas que se irán conociendo.