JUSTICIA Y POLÍTICA

El 38 por ciento de los magistrados entrerrianos son suplentes e interinos

21/12/2020

El gobernador Gustavo Bordet lanzó fuertes críticas por la designación de magistrados en forma interina y abrió un nuevo frente de conflicto con el Poder Judicial. En el Gobierno están pensando en un sistema de subrograncias para diluir el poder de la justicia en la designación de los suplentes e interinos y en tribunales están que trinan. Escuchalo en Audionoticias.

El 38 por ciento de los magistrados entrerrianos son suplentes e interinos

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Los roces políticos aumentaron la tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial.

Esta vez no se trata de pirotecnia de cotillón sino de críticas explícitas que lanzó Gustavo Bordet por la designación de magistrados en forma interina. “No estoy de acuerdo con que los fiscales y jueces sean nombrados por la voluntad discrecional del gobernador. Tampoco estoy de acuerdo con que las suplencias sean nombradas discrecionalmente solamente por las autoridades de incumbencias del Poder Judicial. Tienen que intervenir los tres poderes del Estado y voy a trabajar en una reforma para que así sea”, se despachó el mandatario.

Bordet parece haber abierto la Caja de Pandora que guarda buena parte de los problemas del sistema judicial en la provincia: el 38 por ciento de los jueces, fiscales y defensores ocupan el cargo de otro magistrado que está de licencia (suplentes) u ocupan un cargo vacante (interinos); y en eso hay responsabilidades compartidas.

El desglose muestra que sobre un total de 251 jueces que hay en la provincia, 59 son suplentes o interinos, lo que hace un 23 por ciento, según datos recogidos por Página Judicial. En los Ministerios Públicos, en cambio, se advierte más notoriamente la discrecionalidad: de los 117 fiscales distribuidos en toda la provincia, 54 son provisorios (46 por ciento); y de 70 defensores públicos, 53 son provisorios (75 por ciento), según datos oficiales extraídos de un informe sobre paridad de género que publicó el Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial.

Los magistrados y funcionarios judiciales son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado; pero la Constitución Provincial establece que toda vacante que se produzca en el Poder Judicial deberá ser cubierta dentro del término de treinta días de producida y, en caso contrario, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) proveerá a la designación en carácter provisorio de los jueces (artículo 202), así como el Procurador General designará a los fiscales y el Defensor General hará lo propio con los defensores (artículo 207).

Así como el Consejo de la Magistratura vino a establecer un límite a la discrecionalidad del gobernador de turno, a través de los concursos, Bordet pretende ahora condicionar la discrecionalidad que tiene el Poder Judicial en la cobertura de cargos en forma provisoria, y eso no cayó bien en el country.

La Asociación de la Magistrados y la Función Judicial, el gremio de los jueces, puso el grito en el cielo con una suerte de advertencia en la que habla de su “preocupación” ante la posibilidad de que se buscara reglamentar la selección de suplentes e interinos.

En off the record, la crítica es más virulenta y lo que se escucha en los pasillos de tribunales es que “el gobernador viene insistiendo con algunas ideas equivocadas y a esta altura no se entiende si lo hace por empecinamiento o porque está mal asesorado”. ¿De qué hablan? De una idea que tiene Bordet de que los jueces deban revalidar sus cargos y de las subrogancias.

La Sala Penal del STJ respondió con un documento que más una reflexión parecía una crítica funesta al Consejo de la Magistratura –órgano asesor del Poder Ejecutivo–, primero por la falta de representación de jueces entre los consejeros y su nula participación en el proceso de selección de magistrados; y luego por “algunos aspectos que no favorecen a la transparencia e imparcialidad del órgano asesor en su proceder”.

En concreto, la carta firmada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio advirtió que en los concursos para ocupar cargos en el fuero penal suelen repetirse los nombres de los jurados y los aspirantes son evaluados por la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche, con el “inconveniente” de que en el sistema acusatorio, donde el Ministerio Público Fiscal tiene la potestad de conducir las investigaciones, con el control de los jueces de garantías, sea precisamente la procuradora adjunta quien integre el jurado de selección de los cargos vacantes de jueces de garantías.

Todos tienen parte de la razón y todos esconden algo: el STJ demoró varios años en comunicar al Consejo de la Magistratura las vacantes en los Juzgados de Garantías, creados a partir de la puesta en vigencia del sistema acusatorio; los tiempos de los concursos se prolongan inexplicablemente en el Consejo de la Magistratura; el gobernador llegó a tener ocho meses una terna antes de enviar al Senado el pliego de los candidatos.

Lo que está claro es que el sistema no funciona y redunda en una estructura pensada para que la justicia no haga justicia. Pero mejorar ese sistema excede al aparato judicial. Si para muestra basta un botón, ese podría ser el caso de la denuncia efectuada en 2013 por Dolores Etchevehere por el vaciamiento de El Diario; una causa que durmió por años en los anaqueles del Juzgado de Transición Número 1 y vio pasar por el despacho a cuatro jueces interinos, todos designados por el STJ. De eso se trata.

En la provincia existe un vacío normativo respecto de la cobertura transitoria (sin concurso) de las vacantes definitivas o por licencia mayor a treinta días que se producen en cargos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Eso afecta la calidad institucional de la provincia, y en particular el nivel del servicio de justicia.

Lo que están pensando en el Poder Ejecutivo es en reglamentar los artículos de la Constitución Provincial que otorgan atribuciones al STJ y a los titulares de los Ministerios Públicos para la cobertura de cargos vacantes en forma provisoria.

“La situación de interinato no contribuye, precisamente, a crear el ámbito más propicio para el mejor desempeño de ningún juez o fiscal; de hecho la mayoría de los subrogantes no son magistrados titulares de otros órganos judiciales, lo que acrecienta esa situación de precariedad”, señaló un funcionario ante la consulta de Página Judicial.

En Casa de Gobierno están pensando en retomar un viejo proyecto que pasó hace algunos años por la Legislatura y que prevé que para la cobertura transitoria de los cargos de jueces, fiscales y defensores públicos se elaboren listados de candidatos entre aquellos que ya han concursado ante el Consejo de la Magistratura para el mismo cargo y en la misma jurisdicción. De esa manera, creen, estarían restándole una cuota de poder a la justicia y la ley no tendría objeciones constitucionales.

Pero la idea del gobernador va más allá y pretende que los candidatos que integren el listado elaborado por el Consejo de la Magistratura tengan acuerdo del Senado y eso sí podría abrir un debate sobre la constitucionalidad de la iniciativa.

Como se advierte, el panorama es sombrío y el futuro es incierto.

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