Rechazaron el sobreseimiento y Urribarri quedó más cerca del juicio oral

06/09/2019

El ex gobernador y ex funcionarios están acusados por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública.

De la Redacción de Página Judicial

 

El juez Ricardo Bonazzola rechazó este viernes el sobreseimiento del ex gobernador Sergio Urribarri en la causa donde se investiga el supuesto desvío de fondos públicos para financiar la fallida campaña presidencial, que en su momento se dio en llamar el sueño entrerriano.

Del mismo modo, el magistrado rechazó el sobreseimiento de los ex ministros Pedro Báez y Hugo Marsó, otros funcionarios y empresarios.

El sueño entrerriano es una megacausa en la que se investiga el desvío de unos 47 millones de pesos que fueron utilizados –según los fiscales– para la promoción de la figura de Urribarri como candidato presidencial. Los ex funcionarios están acusados por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública y los fiscales adelantaron que pedirán una condena de nueve años de prisión para el ex mandatario, ocho años para Báez y cuatro años para Marsó.

Concretamente, se le atribuye a Urribarri el uso de fondos públicos para la publicación, en junio de 2014, de una solicitada en 18 diarios nacionales para que todos los sectores se unan contra los fondos buitres, titulada “Acuerdo de Compromiso para la Reafirmación Democrática Argentina”, por la que se pagaron 4.308.500,23 pesos; también por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de 28,4 millones de pesos, en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014; y por la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron 14.561.870 pesos.

El juez Bonazzola rechazó el sobreseimiento de los imputados y eso motivó que los defensores solicitaran, primero, la suspensión de la audiencia y después insistieran con los planteos de nulidad del requerimiento de elevación a juicio presentado por los fiscales y el sobreseimiento de los involucrados.

Mientras tanto, los defensores adelantaron que recurrirán la decisión del juez e indicaron que las apelaciones tendrían efectos suspensivos, por lo que insistieron en que la elevación a juicio no debería prosperar. Pero esto también fue rechazado por el juez.

Lo que siguió, en una tensa audiencia, fue el control de la prueba que se va a producir en el juicio: fiscales y defensores acordaron qué testigos serán citados a declarar, hubo un intenso debate sobre las pericias contables e informáticas que hay en el expediente –los defensores solicitaron que los informes sean auditados por profesionales independientes– y los abogados de los imputados cuestionaron los informes de telefonía (“el Estado no puede entrar en algunas cosas del ámbito privado donde los hombres que tienen derecho a la intimidad”, sostuvo Raúl Barrandeguy, defensor de Urribarri).

En la causa también están imputados Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que habría cobrado una coima por la instalación del parador playero; la contadora Corina Cargnel, de las empresas TEP SRL y Next SRL, a través de las cuales se habría triangulado el dinero de esas coimas; y el empresario Gerardo Caruso, que montó el parador en Mar del Plata. Para ellos, los fiscales pedirán condenas de ocho a cuatro años de prisión.

También los ex funcionarios Hugo Félix Céspedes, ex coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur; y Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de esa comisión especial, también están acusados por las contrataciones de publicidad. Para ellos, los fiscales adelantaron que pedirán que sean condenados a cuatro años de prisión.