El Gobernador envió el pliego de Paula Montefiori

14/08/2019

Gustavo Bordet remitió a la Cámara de Senadores el pedido de acuerdo para Paula Montefiori como defensora pública en materia penal. La postulante tiene una causa abierta por supuesto enriquecimiento ilícito.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El gobernador Gustavo Bordet remitió al Senado el pliego de Paula Montefiori y comenzará ahora un proceso que podría devolverla al cargo de defensora pública en materia penal de Paraná que ya ocupara entre septiembre de 2014 y abril de 2017.

Montefiori tiene 41 años; egresó de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) el 26 de diciembre de 2001; fue aspirante a Defensor del Pueblo; se ha desempeñado en el Servicio Penitenciario de Entre Ríos y actualmente lo hace en la Caja de Jubilaciones. Es especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Penal, mediadora, ha tenido intervención profesional en causas vinculadas al derecho penal y ha publicado artículos en revistas jurídicas especializadas.

Además, fue defensora pública entre 2014 y 2017, hasta que renunció en medio de un escándalo por el impacto de una causa por el supuesto enriquecimiento ilícito de su esposo, Juan José Canosa, en la que también ella está siendo investigada.

Montefiori había obtenido el puntaje más alto en las instancias de antecedentes y oposición (exámenes escrito y oral) en el concurso, pero quedó relegada tras la entrevista ante los integrantes del Consejo de la Magistratura y pasó a ocupar el quinto lugar en el orden de mérito. Hace tres semanas, el Gobernador envió al Senado los pliegos de los otros cuatro postulantes, pero retuvo el de Montefiori… hasta la semana pasada. El pliego no ha tomado estado parlamentario, sino que ingresará en la próxima sesión y será girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Las dudas respecto de su postulación para ocupar un cargo público surgieron por el rumbo de la investigación penal preparatoria que se le sigue por enriquecimiento ilícito. La causa se inició en diciembre de 2016, a partir de una presentación que hicieron legisladores de la oposición, entre ellos el senador Raymundo Kisser, que ahora deberá analizar el pliego, en la que señalaban que el matrimonio “posee una lujosa residencia en la zona del camino a la Toma Vieja de la ciudad de Paraná con pileta de invierno (calefaccionada) incluida” y otras cuestiones.

En su entrevista ante el Consejo de la Magistratura, Paula Montefiori aseguró que no tiene bienes inmuebles a su nombre, dijo que la casa familiar está hipotecada y aseguró que nunca firmó documentos para realizar inversiones financieras.

Sin embargo, los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo, que tienen a su cargo la investigación, detectaron inversiones millonarias que habría realizado Canosa en mutuales y financieras y lotes de terrenos que no constaban en su declaración jurada.

Canosa y Montefiori no han sido citados a prestar declaración de imputado, pero sí designaron abogados defensores para conocer las actuaciones. El legajo está actualmente en la etapa de producción de los informes finales para la determinación del patrimonio de ambos. Peritos deben realizar tasaciones de la casa familiar en la zona de la Toma Vieja y de un departamento ubicado en calle Urquiza 1540 de Paraná que adquirieron en 2004 a través de un plan Pilay. Es el paso previo a la determinación del patrimonio total. Si hubiera inconsistencias, Canosa y Montefiori serán formalmente imputados.

En ese estado de situación enfrentará Paula Montefiori el proceso legislativo para su designación como defensora pública.

El procedimiento establece que, una vez que ingrese a la Cámara de Senadores, el pliego será remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que preside Lucas Larrarte (PJ-San Salvador); y se publicarán los datos y antecedentes de la postulante en el Boletín Oficial, en dos diarios y en la web del Senado.

Dentro de los diez días hábiles siguientes, se recibirán adhesiones e impugnaciones a la postulación, que podrán ser presentadas por escrito por entidades o ciudadanos ante la comisión, fundamentando sus posiciones. También dentro de los treinta días, el presidente de la comisión podrá requerir informes complementarios sobre la postulante a organismos públicos y privados.

Cumplimentadas estas instancias, se fijará día y hora para la audiencia pública donde Paula Montefiori expondrá ante los senadores sobre sus antecedentes, su motivación para el cargo, la forma en que desarrollará su función, sus valores éticos, su situación patrimonial y otros aspectos. Luego se elaborará un dictamen aconsejando la aprobación o rechazo de cada pliego, que será tratado por el pleno.