Fraude con pensiones y condena

15/05/2019

El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a una mujer que admitió haber percibido en forma irregular una pensión no contributiva destinada a personas de escasos recursos económicos. Confesó que las gestiones las hizo un intendente. El fallo.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La noticia podría presentarse diciendo que una mujer fue condenada por un hecho de corrupción que consistió en haber percibido durante meses una pensión que no le correspondía. Sería una media verdad. Habría que decir también que la beneficiaria es pariente de un intendente entrerriano.

El hecho fue un escándalo en Pueblo General Belgrano, una pequeña localidad de 4 mil habitantes en el departamento Gualeguaychú, e involucró a quien luego sería intendente, Elías Jacinto Chesini (PJ), porque gestionó y consiguió una pensión graciable para la cuñada de su hermana Gloria Chesini.

Se trata de pensiones no contributivas por incapacidad o invalidez que administra el Congreso Nacional para personas de bajos recursos económicos y que no tengan otro ingreso o, si lo tuvieran, fuera menor a dos jubilaciones mínimas.

La mujer terminó condenada en un juicio abreviado luego de que admitiera que cobró la pensión “por dos años y algo” hasta septiembre de 2010 y que se comprobara que a partir de marzo de 2010 ese percibió, además, “otros ingresos por la realización de actividades laborales, en violación del régimen de incompatibilidades que regula el otorgamiento del beneficio estatal”, según expuso el Tribunal Oral Federal de Paraná en la sentencia donde se confirmó una condena de dos años de prisión condicional.

En 2010, cuando se descubrió el fraude, el monto de la pensión era de 845,15 pesos mensuales y la beneficiaria habría cobrado la asignación durante siete meses en forma irregular.

El escándalo estalló a partir de la denuncia promovida por el dirigente Facundo Olivera, quien se presentó en la Comisaría Quinta de la localidad y expresó que personas desconocidas habían dejado un folleto por debajo de su puerta en el cual se exponían “varios nombres de personas que supuestamente son pensionadas y las mismas no necesitarían tal pensión ya que tendrían muy buen sustento económico”.

Para ese entonces, la mujer que era beneficiaria de la pensión figuraba en los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) como contribuyente dedicada a “servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares excepto por hora que no incluyen servicio de restaurant al público” y antes había sido empleada en relación de dependencia de Gloria Isabel Chesini, la hermana de quien sería intendente.

La mujer explicó que el emprendimiento gastronómico solo era rentable en la temporada de verano y que le ofrecieron la pensión porque su situación económica era “súper mala, no tenía ni para comer”. Dijo que luego le ofrecieron otra asignación para su hija. “Ella empieza a cobrar la que estaba a mi nombre y con mi tarjeta”, detalló.

“Yo no robé, ni me quedé con nada que no correspondiera; cuando me la otorgaron no tenía otra alternativa”, declaró en su descargo ante la justicia.

El caso, sin embargo, constituye una de tantas irregularidades por parte de beneficiarios que no cumplen con los requisitos que son obligatorios para acceder a una pensión de estas características, y por eso la contundente respuesta del tribunal: “Le despojó un dinero (a la administración pública) sabiendo que lo percibía ilegalmente”.