Se agrava la situación de Goyeneche

06/05/2019

En la excusación de la fiscal anticorrupción interina de la causa de corrupción más escandalosa que tramita en los tribunales surge una información que se desconocía. Lo que se sabe de la relación entre la investigadora y un imputado. ¿El corte de las imputaciones una consecuencia de todo este sainete?

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

El pedido de apartamiento que hizo Cecilia Goyeneche en la causa de los contratos truchos –y que fue concedido por el procurador– dejó certezas y novedades. Además de algunos interrogantes.

La procuradora adjunta decidió dejar la causa de corrupción más escandalosa de la historia contemporánea de la provincia. Alegó que los hechos narrados en la prensa y utilizados por los abogados defensores Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli y Leopoldo Cappa para recusarla son “falaces”. ¿Si no son ciertos por qué entonces dar un paso al costado?

Si bien su situación la resolvió el procurador general Jorge García, el asunto iba a terminar en la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), adonde recurrieron los abogados cuestionando a la Ley Orgánica del Ministerio Público, y seguramente el resultado sería adverso.

Al inicio de la investigación se reveló una relación comercial entre la procuradora adjunta y el imputado Pedro Opromolla, por la adquisición de un departamento en calle 9 de Julio a través de un fideicomiso. Ambos tenían el 50 por ciento del inmueble, que está alquilado. Los inquilinos deben pagar la renta en el estudio contable Integral Asesoría, que integra Opromolla, allanado el 3 de octubre de 2018, en el marco de la pesquisa.

Cuando estas relaciones comerciales y laborales empezaron salir a la luz, la fiscal anticorrupción interina negó tener “relación comercial” con Opromolla y dijo que “es falso” lo que se estaba publicando.

Página Judicial reveló el 11 de diciembre que el esposo de la procuradora, Sebastián Orlando, mantenía con el estudio contable una relación laboral. Esa certeza se desprende de los correos electrónicos con Guido Krapp, también imputado en la causa. El contenido de los mismos refiere a clientes del buffet.

Los correos electrónicos no se conocieron a través de carpetazos ni por medio de espionaje ilegal, sino de los mismos allanamientos llevados adelante por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, a cargo de la investigación que coordina Goyeneche.

“El vínculo de amistad de mi esposo (no mío) con el señor Opromolla, el contrato suscripto para la inversión en un fideicomiso, o la anterior adquisición al mismo de una parte indivisa de un inmueble, de ningún modo afectan mi primordial deber de objetividad en el rol de coordinación de la investigación fiscal, ni han conmovido de manera alguna el curso de la investigación en la presente”, sostuvo la fiscal anticorrupción interina en el pedido de apartamiento entregado a García. Otra vez se invita a formular la misma pregunta: ¿Entonces por qué se aparta? Si Goyeneche no quería empañar la minuciosa labor de los fiscales quizás hubiese sido conveniente tomar esta decisión en diciembre. Pero faltaba otro capítulo a la novela.

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En el escrito donde Goyeneche solicita ser apartada de la investigación se revela un dato que pasó desapercibido pero que agrava la situación.

Es el párrafo en el que refiere a la última medida en la causa de los contratos truchos, conocida hace unos días, sobre el embargo preventivo los bienes de todos los imputados. Dice Goyeneche en su escrito: “La evolución de la causa determinó la necesidad de realizar medidas de contenido patrimonial con el objeto de asegurar el recupero del producto del delito y la ejecución de las penas pecuniarias previstas en las figuras imputadas. En este contexto, los señores fiscales solicitaron –y así dispuso la señora jueza de Garantías, Marina Barbagelata– la traba de embargos sobre los bienes de los imputados. Para así disponerlo, los fiscales solicitaron la cautelar sobre todos los bienes registrables informados por los registros públicos de la provincia, y fue así que se dispuso un embargo sobre el 50 por ciento de titularidad de Pedro Opromolla, de un inmueble ubicado en calle La Paz N° 236, Oficina ‘B’, de Paraná. Lo que no surgía de la información registral, es que dicho inmueble, que efectivamente fue de titularidad del señor Opromolla, fue adquirido por boleto de compraventa por la suscripta en fecha 9 de marzo de 2017”.

Sorpresa: la procuradora adjunta tenía otro inmueble con Opromolla, además del departamento de 9 de Julio, pero por cuestiones inherentes al Registro de la Propiedad, no estaba todo a su nombre. Es por eso que, sin querer, embargaron a Goyeneche cuando el objetivo era Opromolla. Un bochorno. Dos propiedades que dan cuenta de una relación que la misma procuradora negó en una audiencia pública celebrada el 7 de diciembre. ¿Qué se debe hacer con eso?

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal de que el episodio Opromolla-Goyeneche-Orlando no es otra cosa que una maniobra para distraer la atención en semejante causa de corrupción tiene fisuras.

Otra hipótesis podría ser que fue precisamente a partir de ese episodio que se empañó la causa en la que –según lo fijaron los fiscales– se desviaron 1.235 millones de pesos en diez años a través de una asociación ilícita.

A partir de ahí se hizo un corte en las imputaciones, las cuales no alcanzan a ningún responsable político de la Legislatura de todo el período investigado, entre 2008 y 2018. Pero no hay que preocuparse. Se promete una segunda parte. Más adelante.