“En el legajo fiscal hay puntas para determinar responsabilidades de funcionarios políticos”

03/04/2019

Lo dijo el abogado Iván Vernengo, defensor de un imputado en la causa por el desfalco en la Legislatura. El letrado puso la lupa en el Ministerio Público y dijo que “es imposible que (los imputados) tengan los 1.200 millones de pesos que se sustrajeron”. La entrevista completa.

De la Redacción de Página Judicial

 

El abogado Iván Vernengo es defensor de Alfredo Bilbao, uno de los principales imputados en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, donde la justicia estima un desfalco de 1.235 millones de pesos durante diez años, entre 2008 y 2018.

Bilbao, quien acaba de recuperar la libertad a raíz del inminente final de la investigación a cargo de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche y los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry. Bilbao, junto con el contador Roberto Ariel Faure, administraba esos contratos leoninos en un estudio contable ubicado en la esquina de Alameda de la Federación y Córdoba. La otra pata externa era el buffet Integral Asesoría, ubicado en calle Misiones, que integran hasta ahora Pedro Opromolla, Guido Krapp y Gustavo Falco. Todos están imputados en la causa. También hay administrativos de la Legislatura en la misma situación: Gustavo Pérez, Sergio Cardoso, Juan Pablo Aguilera y Alejandro Almada. A este team se suman los tarjeteros Flavia Marcela Beckman y Hugo Rubén Mena, entre otros.

“La investigación no va a llegar hasta las últimas consecuencias”, aseguró Vernengo en diálogo con el programa 5 Esquinas que se emite por Radio Costa Paraná. “Creo que la causa está relativamente en un stand-by. Si bien hay algunas medidas de prueba pendientes, creería que no se va a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque últimamente la fiscalía viene tomando medidas tendientes a averiguar sobre las cuentas bancarias y registros de propiedad de los imputados actuales, pero respecto de llegar a los responsables de esta apropiación de más de 1.200 millones de pesos, creo que no. No se están tomando ningún tipo de medidas investigativas respecto de esto”, agregó.

Según Vernengo, “parece que la Fiscalía está más preocupada por averiguar qué bienes tienen estos imputados, que es imposible que tengan los 1.200 millones de pesos que se sustrajeron del Estado provincial; ese dinero está en otras manos, en manos de personas que no están imputadas, obviamente”.

“Conociendo cómo se maneja el poder público y el poder político en la provincia es irrisorio pensar que esta persona (por Hugo Mena, entrevistado por Página Judicial) y algún que otro funcionario público de nivel intermedio pudieran haber hecho lo que hicieron sin que capas políticas superiores supiesen lo que estaba pasando”, acotó el abogado.

El letrado se mostró crítico de la investigación, dijo estar “convencido” de que los fiscales “quieren cerrar esta causa con los actuales imputados, de eso no me cabe la menor duda. Por qué no avanzan para arriba, hacia el poder político, no lo sé” y resaltó que “el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de llegar a la verdad jurídica de lo que ha pasado”.

Por último, el letrado contó que “en la prueba que hay en el legajo fiscal se ven algunas puntas para poder ir determinando responsabilidades mayores de funcionarios políticos de la provincia; pero eso depende del Ministerio Público Fiscal” y citó “un dato curioso” del expediente: “Hay un integrante de un estudio contable, un contador que ni siquiera ha sido citado a prestar declaración indagatoria, que habla con otro integrante del estudio para reclutar personas para futuros contratos y sobre eso no hay ninguna tipo de novedades”.