Faltan las pruebas más importantes

25/03/2019

La lupa recae sobre los administradores de la supuesta asociación ilícita que se investiga. Hay información por fuera del legajo. Página Judicial tuvo acceso a pruebas frescas. El hombre de fuego al que hay que contener. Los tiempos parecen favorecer a los principales sospechosos. Lo que se dice.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Elevar a juicio la causa de los contratos truchos a fines de abril, como se desliza en los tribunales, convertiría todo en un papelón. De todos modos parece imposible que eso suceda. Se avizora, aún, un largo camino por recorrer. Falta saber quiénes recibieron los fondos que se desviaron durante la última década a excepción del período 2007/2011 en la Cámara de Diputados. Paréntesis: según supo Página Judicial empezaron a aparecer algunas pruebas sobre esos años en los que el Ministerio Público Fiscal entiende que fueron trasparentes en el manejo de recursos y por eso los excluyó de su pesquisa.

En segundo lugar porque la estafa en el seno de la Legislatura no tiene tabicado en el legajo a ningún presidente o ex presidente de los cuerpos parlamentarios que son los que tienen o tuvieron la potestad de tomar decisiones sobre los recursos que no son reservados sino presupuestados.

Quienes durmieron tras las rejas fueron, hasta ahora, los supuestos administradores y recaudadores de esos contratos por los cuáles se desviaron 1230 millones de pesos en todos estos años. Es decir Juan Pablo Aguilera, Gustavo Pérez, Sergio Cardoso (domiciliaria), Ariel Faure, Alfredo Bilbao y la cuadrilla que manejaba las tarjetas. Aquí también aparece la cláusula de la excepción: el estudio Integral Asesoría, integrado por Pedro Opromolla, Guido Krapp y Gustavo Falco. Los dos primeros, amigos de la comunidad judicial, se desempeñaban también en la Legislatura, pero para los fiscales aparentemente no hubo posibilidad de que entorpecieran la investigación. Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, irreprochables en su conducta, pueden llegar a quedar en el ojo de la tormenta por la verticalidad del organismo que integran. Mientras ellos hacen todos los esfuerzos jurídicos para sacar la investigación adelante, se habla de una negociación política de la cabeza de la Procuración en otra mesa.

La película va perdiendo espectadores con el tiempo. Seguramente porque se empieza a olfatear que los que verdaderamente se enriquecieron con esos fondos y la Justicia no los va a tocar. Los dineros públicos que se fraguaron durante la década pasada fueron presupuestados por el Poder Ejecutivo y aprobados ejecutados por la Legislatura, por lo tanto cada uno de los contratos contó con un aval político. De ahí el entusiasmo que surgió en los inicios de la investigación por parte de la fiscal anticorrupción interina y procuradora adjunta Cecilia Goyeneche de dejar trascender que todos los presidentes de las cámaras desde el 2008 a la fecha serían imputados. Pasaron casi siete meses y no hay ninguno. Cuando esa hipótesis empezó a correr fue el propio Jorge García quien la negó. El procurador general es uno de los cuadros políticos más importantes que tiene la actualidad. Quizás tenga que postergar su jubilación que anunció para este fin de año. La causa lo necesita.

Hasta el momento, el Ministerio Público conforma a los espectadores con la figura de Sergio Urribarri y Guillermo Guastavino. Están en el hecho, pero no les formula cargo.

Página Judicial tuvo acceso a los últimos informes solicitados al Banco Bersa en el que aparecen los cheques que se cobraban en ambas cámaras desde el 2015 hasta agosto del año pasado. Es una muestra no lineal. La prueba aportada por la entidad financiera no solo coopera con el nombre de a quién se hacía el cheque, sino el contrato (el prestanombre). Endosar cheques de contratos de obra es realmente sospechoso. En las planillas aparecen apellidos muy conocidos, de uno y otro lado de la Plaza Mansilla. También del mundo vinculado a la comunicación. Ampliaremos.

El hombre de fuego

Pérez se desempeñó al frente de la Dirección Administrativa del Senado. A los pocos días de que Página Judicial revelara el escándalo fue eyectado del cargo por Adán Bahl.

El contador es quien más conoce el engranaje de cómo funcionaba el sistema. Está en la función pública desde los inicios del período investigado. Llevaba en un cuaderno los prestanombres y los nombres de quienes estaban para cobrar los cheques. Por si fuera poco sabe para dónde iba ese dinero que se recaudaba que, haciendo una cuenta rápida, da 10 millones por mes. Esas pruebas son las que faltan. Las más importantes. Las que Pérez podría narrar al detalle.

Los espectadores más lúcidos de esta serie están ansiosos por escuchar en boca de los fiscales la pena que se le va a solicitar a Pérez que, por ejemplo, llevó a trabajar a la Legislatura a Opromolla y Krapp. Hoy está siendo contenido para que cierre la boca. No así su pareja, Verónica Caino, a quien deberían tratarla mejor para que lo imite.

Hay mucha información por fuera del legajo. Incluso resoluciones administrativas, en rigor una, que complica aún más a la primera plana política que la lupa del Ministerio Público Fiscal parece empañarse cuando aparecen en su foco.

En la causa aún falta resolver la continuidad de Goyeneche, sobre quien pesa una recusación por aparecer como propietaria de un departamento con el imputado Opromolla. Es un alivio para los abogados defensores que la fiscal anticorrupción obtenga una resolución favorable por parte de su alter ego, el procurador García. Eso hará que el tiempo siga corriendo sin urgencias. Los imputados ya están todos en sus casas. El cronograma electoral avanza sin candidatos bajo sospecha de los fiscales. Quizás esa sea parte de la negociación de la que se habla.