Los que secuestraron a Pichón

24/03/2019

Ramón Héctor Pichón Sánchez fue el primer desaparecido en Entre Ríos. El caso se investigó en la justicia provincial pero quedó impune y el expediente se perdió de los tribunales. Página Judicial pudo acceder a una copia y revela por primera vez detalles de aquella investigación.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El golpe del 24 de marzo comenzó a gestarse, en verdad, mucho tiempo antes. Hubo secuestros, torturas y desapariciones de personas ya en la última etapa del gobierno constitucional. Así fue a nivel nacional y también en la provincia, donde la Policīa hizo un trabajo de inteligencia que luego sirvió como base para la represión ilegal y hasta desarrolló acciones clandestinas.

Ramón Héctor Pichón Sánchez fue el primer desaparecido en Entre Ríos.

Pichón era un militante popular en La Pasarela, un barrio de obreros y trabajadores, de casas que en su mayoría eran de chapa y cartón, sin luz ni agua potable. Ahí nació en 1953, creció y forjó una profunda sensibilidad social. De chico se convirtió en bandera de lucha. Fue presidente de la comisión vecinal a los 18 años y con Evita, su hermana, organizaba actividades para juntar fondos para alguna tarea social, gestionaba la leche que después revendía más barata en el barrio, repartía comida, hacía zanjeos para llevar agua potable a las casas y sus verdugos dejaron trunco el sueño de armar una guardería para contener a los chicos del barrio que se quedaban solos cuando sus padres salían a trabajar.

Una patota de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos lo secuestró el 20 de marzo de 1975 cuando se dirigía a participar de una reunión de la Juventud Peronista en la que militaba. Tres policías vestidos de civil, a bordo de una camioneta tipo Estanciera color celeste, venían siguiendo sus pasos por calle Corrientes y lo abordaron casi llegando a la esquina de la calle Uruguay. Dos de ellos bajaron, le pidieron los documentos, lo empujaron dentro del móvil y salieron raudamente.

Aldo Bachetti, compañero de militancia, fue testigo del secuestro.

Al día siguiente, sus familiares y compañeros, acompañados por los abogados Juan Antonio Tardelli, Eduardo Broguet y Francisco Haimovich, fueron hasta la Dirección de Investigaciones a preguntar por él, pero allí les negaron que estuviera detenido. Ese mismo día se presentó un habeas corpus, patrocinado por el abogado Raúl Barrandeguy, y la Policía volvió a negar que Pichón estuviera en alguna de sus dependencias.

El cuerpo de Pichón Sánchez apareció el 23 de marzo flotando en el río, frente a Pueblo Nuevo, en cercanías de Diamante. Tenía señales de haber sido torturado: presentaba marcas de ataduras en las manos y los pies, le habían arrancado “violentamente” las uñas en algunos dedos y el pelo, de acuerdo con el informe de autopsia que firmaron los médicos Armando González, Valentín Volpe y Humberto Fiore. “Presumiblemente la muerte no se produjo por sumersión”, consignaron los forenses de tribunales. Su conclusión es que fue asesinado.

Las circunstancias en que se produjo el crimen generaron preocupación en distintos sectores. La comisión multipartidaria emitió una declaración exigiendo al Poder Ejecutivo “la más urgente y amplia investigación” para identificar a los responsables; y la Juventud Peronista publicó una solicitada en un diario de Santa Fe denunciando la instauración de un “aparato represivo” y acusando al gobernador Enrique Tomás Cresto, al vicegobernador Dardo Blanc y al subjefe de Policía, Albaro Hugo Roldán, de ser los mentores de “centenares de allanamientos ilegales, cuyo resultado es la existencia de dieciséis presos políticos”, decían entonces.

La respuesta del Gobierno fue disponer la detención de varios integrantes de la Juventud Peronista, entre ellos, Bachetti, que no llegó a declarar ante el juez que tenía a su cargo la investigación por el crimen de Pichón Sánchez.

La punta del ovillo

La causa quedó en manos del juez de instrucción Carlos Chiara Díaz, quien delegó la investigación en la Policía de Entre Ríos y, como era de esperar, no se pudo produjo ningún avance.

La llegada de la dictadura sepultó definitivamente la causa, el crimen de Pichón Sánchez quedó impune y el expediente desapareció del archivo de tribunales. Sin embargo, Página Judicial pudo dar con una copia y revela por primera qué dicen los radiogramas policiales, quiénes integraban la patota que secuestró al militante barrial aquel 20 de marzo a las 20.15, adónde lo llevaron y qué papel jugó la cúpula de la fuerza policial.

Tras la declaración de la multipartidaria, la Jefatura de Policía emitió un comunicado en el que volvió a negar cualquier vinculación con el secuestro y homicidio de Pichón Sánchez. Se insistió en que “en ninguna dependencia policial ha sido recibida denuncia alguna que tenga relación con los hechos mencionados” y se anunció que la fuerza realizaría “una amplia y exhaustiva investigación a fin de dejar aclarados los mismos, individualizar a posibles responsables y tomar todas las medidas que el caso exija y estén dentro de las facultades y funciones específicas de la Policía”.

Sin embargo, el informe que la fuerza le entregó al juez el 4 de abril concluyó que “pese a las diligencias practicadas en el sentido del total esclarecimiento del hecho investigado, no fue posible (…) dar con el o los autores del hecho”. Se insistió además en que “no existen denuncias respecto de la desaparición y posterior muerte de la víctima” y que tampoco se había podido identificar a las “tres personas que según versiones periodísticas (…) habrían sido vistas en la intersección de las calles Corrientes y Uruguay en circunstancias que hacían ascender a una camioneta color celeste marca IKA al nombrado Ramón Héctor Sánchez”. El legajo policial lleva la firma del comisario inspector Juan Eduardo Del Agüero, jefe de la División Judicial.

En cambio, otro informe policial obrante en el expediente, esta vez de la División Vigilancia General, admite que en la Dirección de Investigaciones “existe afectada a su servicio un vehículo característica Estanciera marca IKA, color celeste, chapa patente E-029148” y que los automotores “son utilizados indistintamente por las diversas divisiones en que se compone la Dirección”.

La descripción coincide con la de la camioneta mencionada en el secuestro de Pichón Sánchez y de acuerdo con el Libro de Novedades que lleva la Oficina de Guardia, el 20 de marzo se encontraba afectada a la Dirección de Investigaciones: en el registro consta que la camioneta identificada como “J-69” estaba en condiciones de uso, que tuvo una salida a las 17.45 en comisión al domicilio del comisario Carmelo Godoy con regreso a las 18.05 y que el chofer afectado a ese vehículo ese día era el agente Antonio Luis Russián.

Russián declaró como testigo ante el juez Chiara Díaz el 2 de mayo. Reconoció que era chofer de la Dirección de Investigaciones, que “acostumbra” conducir el móvil policial identificado como “J-69” pero que “generalmente está roto” y que no tenía conocimiento del secuestro de Pichón Sánchez. Según dijo, la camioneta en cuestión “sufre frecuentes desperfectos mecánicos” y arriesgó que pudo haberse descompuesto la noche anterior al 20 de marzo y por eso tal vez la habrían llevado al taller de la jefatura, “sin dejarse constancia de esa circunstancia en el libro de novedades”.

El Libro de Novedades, como se dijo, desmiente a Russián: la camioneta funcionaba y él la conducía, al menos durante la tarde.

En los libros, sin embargo, no aparece registrado el procedimiento en la esquina de las calles Corrientes y Uruguay ni la detención de Pichón Sánchez; pero se sabe que el militante popular estuvo en la sede de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, que en esa época funcionaba en calle Urquiza 1214, casi Santa Fe, porque dejó estampado su nombre en las paredes de la celda. Hasta no hace muchos años se conservaban aquellos trazos en la vieja casona ahora reconvertida en un espacio de talleres.

Los verdugos de Pichón

El 20 de abril de 1975, cuando se cumplió un mes de la desaparición de Pichón Sánchez, estalló una bomba en la casa de Carlos Alzugaray, sargento de la Dirección de Investigaciones de la Policía, señalado como uno de los integrantes de la patota que secuestró al militante popular.

La bomba fue colocada en el pasillo exterior de la casa y estalló a las 5.40, unos minutos después de que Alzugaray llegara a la vivienda de calle Pascual Palma 940, a pocos metros de bulevar Racedo, en cercanías de los talleres del ferrocarril. La explosión se sintió a varios kilómetros y los destrozos fueron impactantes, pero ni Alzugaray ni su familia resultaron lesionados.

Aunque el episodio nunca se esclareció, al día siguiente se produjeron detenciones masivas de militantes de la Juventud Peronista por motivos que nunca les explicaron. Alzugaray, por su parte, nunca declaró en la causa. Apenas tuvo el repudio de los organismos de derechos humanos, que ante la falta de acciones en la justicia lo escracharon en el año 2006. Pero murió sin haber dado jamás explicaciones de sus actos.

Sin embargo, el cerebro del procedimiento, el hombre de atrás en esta historia, quien pergeñó el secuestro, se llama Albaro Hugo Roldán. Era el subjefe de la Policía de Entre Ríos, pero sus propios compañeros aseguran que era quien tomaba las decisiones en la Dirección de Investigaciones en aquellos años de la represión.

Roldán fue el ideólogo del denominado Comando Paraná, una especie de brazo local de la Triple A que se dedicaba a perseguir a militantes políticos, previo al golpe cívico-militar. Eso le valió el respaldo del jefe de la represión en la provincia, Juan Carlos Trimarco, a tal punto que durante la dictadura Roldán reportó al Batallón de Inteligencia 601. Luego supo reciclarse y fue concejal de Paraná por el Partido Justicialista entre 1983 y 1987. El ex policía murió el 10 de marzo de 2007 sin haber sido nunca citado por la justicia y, como si fuera una broma macabra de la historia, homenajeado por su paso por el Concejo Deliberante.