Las batallas entre la Procuración y la Sala Penal

14/03/2019

Recusaciones, impugnaciones y apelaciones en el marco de la causa de los contratos truchos muestran foto de una película dramática que se filma a diario en el Poder Judicial de Entre Ríos.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

Se avecinan frenéticas batallas en la guerra entre la conducción de la Procuración General y un sector del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Con el contexto de la causa de los contratos truchos en la Legislatura, es posible que la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal deba resolver sobre la recusación de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche. Miguel Angel Cullen y Guillermo Vartorelli entienden que su situación la debe resolver un juez y no el procurador general Jorge García, su jefe inmediato.

Aún queda la instancia de la Cámara de Casación Penal, a donde apelaron los abogados defensores con nulas expectativas de obtener un fallo a favor del tribunal que integran Marcela Badano, Marcela Davite y Hugo Perotti.

El STJ, en caso que llegue el caso, deberá dirimir sobre un vacío legal, problema que se ha hecho habitual en el orden jurídico entrerriano. Goyeneche, con razón, cree que la ley del Ministerio Público Fiscal es clara cuando dice que el procurador es quien resuelve sobre la conducta de los integrantes del organismo. Se estaría ya no solo ante un cuerpo que se jacta de ser vertical, sino que también sería paternalista.

Aparte de la ley por la que se rigen los fiscales está también el Código Procesal Penal que también tiene rango de ley. La jueza Marina Barbagelatta, cuando le tocó dictaminar, sostuvo que “el artículo 60 del código procesal perdió vigencia con la sanción de la Ley 10.407, en cuyo artículo 35 prevé que el apartamiento de los miembros del Ministerio Público Fiscal que se excusen o sean recusados por grave afectación al principio de objetividad, será resuelto por el Fiscal General de Coordinación o el Procurador General”.

El caso tiene otra variable atractiva. Cullen, para abonar a su postura, apeló al caso Delfina Valeria Geist, quien hizo un planteo de inconstitucionalidad que terminó con un fallo a favor. ¿Qué se puso en discusión allí? La legalidad del procedimiento por el cual titularizaron cargos fiscales auxiliares. Esos funcionarios habían ratificado sus lugares no a través del Consejo de la Magistratura, sino por un concurso impulsado desde la Procuración General. El STJ le dio la razón a la peticionante y le provocó una herida a la norma por la que se rige el Ministerio Público Fiscal. Quien cuestionó el sistema que terminó judicializado fue Emilio Castrillón.

Goyeneche está designada por resolución de García como fiscal anticorrupción, cargo que prevé la Constitución y que el mismo debe ser concursado. Es también procuradora adjunta, pero en las resoluciones o requisitorias firma con el cargo que le concedió su jefe. Una lástima que el caso de Guillermo Smaldone se haya declarado abstracto. Hubiese despejado cualquier lectura. Goyeneche y Smaldone, víctimas de una Legislatura que no reglamenta la Constitución.

El desvarío legislativo ha generado un campo fértil para la guerra que mantiene la Sala con el procurador.

Prisiones preventivas

La semana pasada la Cámara de Casación Penal ratificó las prisiones preventivas solicitadas por la Procuración General para Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio Cardoso.

Cullen y Vartorelli interpusieron una impugnación extraordinaria con las mismas expectativas que el caso Goyeneche. Todo terminaría en el STJ. Otra vez la Sala integrada por Daniel Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio tendrá en sus manos donde seguirán durmiendo los imputados.

Los vocales cuestionaron el fallo de Casación que denegó las impugnaciones extraordinarias presentadas por los abogados de Gustavo Pérez y Ariel Faure, quienes obtuvieron finalmente la domiciliaria.

Por una unanimidad coincidieron en señalar que la prisión preventiva “tiende a evitar concretamente el peligro de fuga del imputado y el peligro de que éste pueda obstaculizar la averiguación de la verdad, lo que se denomina ‘daño jurídico’ y, por tanto, su efectivización sólo debe admitirse estrictamente en atención al cumplimiento de esos fines dentro de un natural marco de razonabilidad”. A modo de agenda, este viernes la Fiscalía solicitará a la jueza Barbagelata una prórroga de la prisión preventiva en la Unidad Penal para Aguilera y Almada.

La Sala Penal ve en la Cámara de las “Marcelas” un apéndice de la Procuración, incluso por la relación entre García y Badano, otro de los temas que no se debatió en el momento y lugar oportuno como correspondía y el presente pone de relieve los inconvenientes.

Todo lo que se diga de un lado de la grieta judicial será rebatido en el otro. Una foto exacta del lamentable cuadro de situación del sistema judicial en la provincia.