contratos truchos

Una asociación ilícita hasta ahora sin jefes

10/03/2019

Lo que se dice y lo que se omite en las audiencias. Testimonios desmentidos. Nuevos nombres que son salpicados, pero que no saltan el cerco del mismo círculo en el que quedó atrapada la causa. La intriga de un motomandado.

Una asociación ilícita hasta ahora sin jefes

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Mientras la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche alegaba en favor de las prisiones preventivas de Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada y Sergio Cardoso, que finalmente se ratificaron; los abogados defensores recibían en sus correos electrónicos una reformulación del hecho de la causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura. Una inquietante reformulación, para ser más precisos.

La procuradora adjunta aseguró en la audiencia que “la organización delictiva no está desmontada, está en funciones”. La Fiscalía ha venido sosteniendo esta teoría para justificar todas las prisiones preventivas. Se trata de no reparar en comportamientos individuales, sino en un todo. Todos deben estar en la Unidad Penal porque las conexiones que se desprenden de las comunicaciones incautadas desde el 20 de septiembre del año pasado a la fecha son evidencia del funcionamiento de la asociación ilícita que se investiga. Cualquiera que esté afuera entorpecería la investigación. La realidad muestra que no es tan así.

Goyeneche, Ignacio Aramberry y Patricia Yedro han aportado en las audiencias un cúmulo exorbitante de pruebas que involucran a quienes tienen y tuvieron su estadía en la cárcel de esta capital.

De allí viene la reformulación del hecho para Aguilera, Almada, Cardoso y Gustavo Pérez; que se desempeñaban en Casa de Gobierno hasta que saltó el escándalo. Mientras, Alfredo Bilbao y Ariel Faure fueron mano de obra externa. Su tarea era administrar los contratos truchos.

Pero esta vez en la imputación aparecen los otros contadores, los del estudio Integral Asesoría: Pedro Opromolla, Guido Krapp y Gustavo Falco. Éstos –según la reformulación del hecho – se “encargaban de realizar el pago de los impuestos de cada uno de los falsos ‘contratistas’, utilizando para ello la clave fiscal de cada uno”, que le proporcionaba Hugo Mena y Flavia Beckman, “quienes previamente la requerían de las personas reclutadas para la contratación”. Todo se abonaba a través de la terminal Entre Ríos Servicios emplazada en el propio buffet. El martillo de la Procuración cayó sobre esos contadores cuando sus colegas ya están afuera luego de haber pasado varias semanas tras las rejas. Sutil juego temporal.

Pero hay un dato interesante, que ocupa menos de la mitad de una línea de todo el escrito, y que hace referencia a la contraprestación de Opromolla, Krapp y Falco: “Dichas tareas, en lugar de ser remuneradas por cada uno de los monotributistas, lo eran a través de la cobranza de contratos de obra suscriptos con la Honorable Cámara de Diputados, sin la existencia de vínculo real alguno, extendidos a favor de Guido Krapp, el corredor inmobiliario Renato Jesús Mansilla, los analistas de sistemas Nicolás Beber y María Cecilia Cersofios”.

En limpio: eran contratados de Sergio Urribarri para blanquear el supuesto delito y no para cumplir las funciones que se especifican en el contrato.

Todo un avance. A los apellidos Opromolla, Krapp y Falco no se los ha escuchado en las audiencias por parte de ningún representante de la Fiscalía cuando se refieren a “la organización delictiva (que) no está desmontada, (y peor aún) está en funciones”. Otra sutileza.

En los últimos días surgió un elemento casi propio de la cinematografía de suspenso. Tiene nombre y apellido: Mario Deiloff. Se trata de un motomandado del estudio Integral Asesoría que dijo reconocer a otro contador que se desempeñaba allí además de los ya conocidos, según publicó El Diario. Qué nervios para Arambarry y Yedro, quienes recibieron de Falco planillas de los gastos del buffet con la sigla OKO, que haría referencia, en principio, a Opromolla y Krapp. Sobre la última O hay especulaciones en la comunidad judicial en torno a la causa y en el mundo de las ciencias económicas. Página Judicial puede ayudar a dar con el acertijo. Click aquí.

 Más soldados

Juan Domingo Orabona es otro de los que aparece más comprometido en la reescritura de los hechos.

“La expresada detracción de fondos públicos fue ejecutada a través de los responsables de los Servicios Administrativos Contables de ambas Cámaras, siendo estos Juan Domingo Orabona (Director Administrativo Contable del Senado en el período 2007/2011), Jorge Fabián Lázzaro (Director Administrativo Contable del Senado 2011/2015), Gustavo Hernán Pérez (sucesivamente jefe del área de contratos, Subdirector y Director del Servicio administrativo contable de la Honorable Cámara de Senadores – este último cargo desempeñado en el periodo 2015 a la fecha del inicio de las actuaciones), y Sergio Cardoso (Director Administrativo Contable de la Cámara de Diputados), quienes tenían el manejo de esos caudales públicos ya que, junto con personal autorizado de ambas cámaras, contaban con la facultad funcional de emitir los cartulares correspondientes al pago mensual de aquellos vínculos y en el último período, de generar la apertura de las cuentas “sueldo” de los contratistas y las transferencias para el pago de los honorarios”.

Ese párrafo explica con precisión la tarea de la que se encargaba el presidente del Instituto del Seguro, que ni bien terminó la feria judicial, se presentó en Fiscalía y a través de un escrito dio sus explicaciones. Aparentemente no le han creído nada o muy poco. Le adjudican las mismas responsabilidades que a Aguilera, cumple una función en la administración, pero duerme en su casa. El Ministerio Público Fiscal investiga al poder en retirada.

Los diputados Juan Navarro, Juan Carlos Darrichón y Daniel Ruberto están en la mira. Según los fiscales, Cardoso requirió “la suscripción de al menos diez contratos apócrifos por cada uno de ellos, bajo el pretexto de que los contratistas, en caso de no firmarlos, quedarían sin trabajo”.

Los diputados justicialistas negaron la supuesta aseveración de Cardoso ante los fiscales. Pero parecería que tampoco fueron tenidas en cuenta sus declaraciones. La defensa de Cardoso ha dejado trascender que le han tergiversado las declaraciones a su pupilo.

La reformulación disparó para otro ángulo, siempre que no sea para arriba. El turno ahora es del Tribunal de Cuentas. Para los fiscales, el mecanismo por el que se fraguaba los fondos públicos “contó, como aporte indispensable, con la omisión a los deberes de control por parte de los auditores estables, revisores y fiscal del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos”.

En la Procuración General aseguran que quizás se corra unos días más de marzo la elevación a juicio de la megacausa, pero no mucho más. La cifra en pesos extraída alcanzaría los 2.000 millones según los fiscales. Los fondos no fueron reservados, sino presupuestados. La ejecución de los mismos, en esta ocasión a través de contratos, requiere no solo de un proceso administrativo, sino de una decisión política.

El tiempo se consume, los investigadores se acercan al final y los jefes no aparecen. Aunque se los conoce. De uno y otro lado de la Plaza Mansilla.