Contratos truchos: el misterio del “uno” y el pantano

08/02/2019

La fiscal anticorrupción hizo referencia a una prueba que se terminó de aclarar, pero los indicios quedaron dando vueltas. El impacto de lo que sucede en los tribunales. La herida de la causa.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

No podía ser de otra manera. El año electoral, en rigor, la campaña, estará atravesada por los casos de corrupción que tramitan en los tribunales y Entre Ríos es un campo fértil para esta agenda proselitista.

Desde el momento en que Página Judicial reveló el escándalo de los contratos truchos, la dirigencia, casi toda, quedó bajo la lupa. Es la causa de corrupción más importante que se conozca en la comarca desde el advenimiento de la democracia. Por el período de diez años en que se reiteró el delito, por el volumen de dinero estimado que se desvió, por la implicancia de todas las fuerzas políticas y por la organización que se montó para extraer ilícitamente fondos públicos.

El caso es inquietante. La nube cubre a integrantes de los tres poderes del Estado. Sin embargo, la corrupción es difícil adjudicársela a la Justicia. El Poder Judicial, por mandato constitucional, es quien debe investigar y juzgar. Es ese mandato el que instintivamente lo acerca a la categoría de sagrado. Es cultural. Cómo la corrupción va a estar en el ámbito donde se la investiga. Aún con todo esto, el Poder Judicial no aparece con la buena salud que se cree en los trabajos de opinión pública.

En un par de meses hay elecciones en Entre Ríos. El Gobierno se enfocará en la gestión provincial y se diferenciará de la administración nacional. Por ese motivo desdobló el proceso electoral. En Cambiemos la hoja de ruta también está escrita. El libreto se redactó en los laboratorios en Capital Federal. Clarín lo publicó en su edición del 2 de enero. Allí, el matutino reveló que ante la falta de resultados en materia económica, laboral y social, la corrupción será el latiguillo excluyente. Hacer un zapping por portales, canales y radios no deja dudas de esa certeza.

Precisamente por eso, todo lo que suceda en los tribunales impactará en la arena política.

Puntapié

En la audiencia del miércoles, donde quedaron en libertad cuatro imputados en la causa de los contratos truchos en la Legislatura, la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche leyó en el monitor de la sala un elemento de prueba que tenía hace meses, surgido de uno de los allanamientos que se hicieron en el marco de la causa que se viene llevando adelante desde el 20 de septiembre.

La fiscal hizo referencia a un mensaje de texto que el imputado Gustavo Pérez le envió a otro imputado, Hugo Mena, que decía: “El uno también está en el tema”. El uno, en la jerga política convencional, es el gobernador. Nombrarlo de esa manera es una tradición que aún se mantiene y que tiene su anclaje en una tecnología en desuso. En otra época, los ministros para comunicarse con el mandatario debían contactarse por un conmutador cuyo número uno estaba destinado al despacho del Gobernador.

Goyeneche hizo mención al mensaje y solo aclaró que evidentemente Pérez se estaba refiriendo a alguien “de más arriba”. ¿Conoce la fiscal la tradición de Casa de Gobierno? ¿Qué interpretación pudo haber hecho de ese “uno”? ¿El “uno” del Poder Ejecutivo, el “uno” de alguna de las cámaras legislativas que se están investigando? En fin. ¿Por qué se saca a relucir ese mensaje ahora cuando en el legajo está hace tiempo? ¿No debería haber más certezas sobre ese “uno” a un mes y medio de cerrar la investigación, según se estipula desde la Procuración General?

La fiscal denunció una organización mafiosa cuando el periodismo publicó información que consta en el legajo de la causa. Se reveló una relación comercial entre ella y el contador Pedro Opromolla, imputado en el caso y que en dos oportunidades se abstuvo de declarar. Luego se conoció que su esposo, Sebastián Orlando, mantenía una relación laboral con ese estudio sospechado. ¿Qué debería ocurrir con esas pruebas? Difícil debe ser la situación para los otros dos fiscales de la causa, Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, ambos de bajo perfil, una solvencia técnica indiscutible y sin la más mínima conexión con el mundo de la política.

Lo cierto es que Gustavo Bordet, uno de los posibles “uno”, le pidió a Goyeneche que dé nombres y apellidos de esa organización que denunció en una audiencia pública. Porque era su deber. No hubo nombres ni apellidos. Sólo quedaron referencias a la política y a los abogados que defienden a los imputados.

El misterio del “uno” aparece a días de que se ampliara la denuncia contra el procurador Jorge Amílcar Luciano García, sobre quien pesa un pedido de jury. También toma gravitación en los inicios de la carrera electoral.

La causa ha sido herida como proceso objetivo y se ha convertido en un ámbito de amenazas y mensajes encriptados en función de la defensa propia de cada uno de los actores.