El reporte de sospecha que hizo el Bersa por la cuenta del Senado

05/02/2019

Fue antes que el escándalo tome estado público y que la Justicia inicie la investigación. Preguntas sin responder.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Fue en abril del año pasado, cuatro meses antes que salte el escándalo. El  Banco Bersa emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas, conocido por su siglas como ROS, a la Unidad de Información Financiera (UIF). Los movimientos de dinero sospechosos pertenecían a la cuenta del Senado, según reconstruyó Página Judicial.

El ROS no es una denuncia, sino que opera como advertencia. Es una maniobra de carácter reservado y surge “de una sospecha bien fundamentada por parte de los reportantes”, según la explicación que se lee en el sitio de la propia UIF.

El escándalo surgió el 20 de septiembre pasado a la tarde cuando Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo y María Victoria Alvarez fueron interceptados por agentes de la Policía a la salida de un cajero del Bersa de calle Alsina con una mochila llena de dinero. Fue luego de que estén un buen tiempo en la cabina haciendo uso de varias tarjetas de débito. A la intercepción siguieron otras medidas. El caso lo reveló Página Judicial el 3 de octubre, día en que los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry allanaron dos estudios contables que, según la investigación, formaron parte de la estructura por la cual se fugaron en el período de una década 2 mil millones de pesos a través de un sistema de contratos leoninos.

¿La advertencia del Bersa a la UIF llegó a oídos de funcionarios provinciales? ¿La Justicia tuvo acceso a esa información? ¿Si la tuvo, cuándo la obtuvo? ¿La causa se inició por este reporte o por la audacia de un policía despierto en víspera de la primavera? Preguntas a las que se le desconoce respuestas.

Conocida la noticia el 3 de octubre, cuya repercusión se mantuvo restringida durante una semana, el vicegobernador Adán Bahl decidió darle de baja a Gustavo Pérez, quien se desempeñaba como director general administrativo del Senado. A Pérez se lo sindica como el nexo con el estudio contable que integraban Alfredo Bilbao y Ariel Faure. Pérez, Bilbao y Faure duermen en la Unidad Penal de Paraná.

La Justicia tiene contratos en su poder, pero también solicitó información sobre las contrataciones de personal 10 años para atrás a toda la Legislatura. Es decir que incluye a la Cámara de Diputados.

En las próximas horas la fiscalía le tomará declaración indagatoria a Juan Domingo Orabona, actual presidente del Instituto del Seguro, pero que ocupó un lugar central en la administración de la Cámara alta en el período 2007-2011. En la imputación se lo apunta como presunto responsable “de la detracción de fondos públicos”. El lugar en la estructura que tenía Orabona es similar a la que luego tuvo Juan Pablo Aguilera, quien está con prisión preventiva.