El Estado gastó más de 150 millones de pesos en la Cumbre del Mercosur

21/11/2017

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial ¿Cómo hizo el Ministerio Público Fiscal para determinar que el Estado pagó sobreprecios estimados en 17 millones de pesos para la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios en el marco de la organización de la Cumbre del Mercosur? Sobre eso discurrió una

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

¿Cómo hizo el Ministerio Público Fiscal para determinar que el Estado pagó sobreprecios estimados en 17 millones de pesos para la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios en el marco de la organización de la Cumbre del Mercosur?

Sobre eso discurrió una tensa audiencia que por momentos se pareció más a una clase de matemáticas ante la jueza Paola Firpo.

El abogado Miguel Ángel Cullen pretendía que los fiscales le entregaran las planillas o una pericia contable de la que surgiera el perjuicio contra el Estado que están investigando desde hace más de un año. También estuvieron los empresarios Miguel Marizza y Daniel Hereñú, pero no Néstor Iván Szczech y Rubén Grasso, por compromisos en Buenos Aires, explicó el letrado.

Dicen los fiscales Juan Francisco Malvasio y Alejandro Cánepa que la Cumbre del Mercosur celebrada en diciembre de 2014 en Paraná le costó al Estado provincial unos 152 millones de pesos, según las planillas que el Poder Ejecutivo remitió al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura. El monto incluye el pago de 28 millones de pesos a la empresa Nelly Entertainment SA, de Jorge Corcho Rodríguez y Facundo De Vido, por la realización y difusión de cuatro avisos publicitarios en televisión para promocionar la Cumbre del Mercosur, aunque la sospecha es que el verdadero objetivo era instalar la figura del ex gobernador Sergio Urribarri en su campaña presidencial.

Del total, de los 152 millones de pesos, la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción administró unos 46 millones de pesos que fueron distribuidos mayoritariamente entre cuatro empresas: Caballi SA, de Marizza, percibió 11.722.585 pesos; a Szczech & Szczech se le adjudicaron obras por 9.066.678,40 pesos; Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc), de Grasso, efectuó trabajos por 13.307.506 pesos; y Organización Integral Constructora SA (OICSA), de Hereñú, efectuó obras por 5.784.289 pesos. Y hubo otras empresas contratadas aunque por montos menores, una de ellas es Formato Urbano, que se atribuye a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador Sergio Urribarri, que le facturó 1,7 millones de pesos al Estado.

La ejecución de los trabajos se canalizó a través de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), una comisión especial que se creó a ese efecto y que tenía como coordinadora general a Alicia Benítez de Feltes, también imputada en la causa. Marizza, en tanto, fue nombrado en representación de la Cámara Argentina de la Construcción. Ambos firmaron los documentos autorizando los pagos, que habrían beneficiado a las empresas.

Los fiscales creen que se pagaron unos 17 millones de pesos de más. ¿Cómo llegaron a esa cifra? “Esos números surgen de las distintas documentaciones que se encuentran incorporadas en el legajo y que están a disposición de las partes”, aseguró Malvasio.

El cálculo es el resultado de la comparación entre los montos que se pagaron a las empresas subcontratadas para realizar obras y proveer bienes y servicios y los valores que las empresas constructoras le facturaron al Estado provincial.

Antes Cullen había manifestado sus dudas respecto de los datos presentados por los fiscales porque, según dijo, de su propio análisis “no surge ningún cálculo que abone esta diferencia”; y si existía alguna pericia o planilla de la que emergiera el sobreprecio estimado por los acusadores “no se sabe quién la hizo, si es correcta, si son meras conjeturas o si se hizo en base a documental que hay en la causa”.

Malvasio replicó que “no existe planilla, no existe ningún cálculo ni existe ninguna pericia, sino que el cálculo surge de la documentación secuestrada en las empresas de los imputados, en la Cámara Argentina de la Construcción, en oficinas públicas y en las empresas que fueron subcontratadas para la ejecución de obras y servicios”.

Un ejemplo sirve como muestra: Caballi percibió 2.861.468 pesos y Szczech Empresa Constructora otros 5.202.190 pesos por las tareas de climatización del Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina y de la Escuela Del Centenario, pero tercerizaron los trabajos en otras cuatro empresas a las cuales les abonaron 5.346.714 pesos, lo que hace una diferencia a su favor de 2.716.943 pesos. “La maniobra del fraude que se imputa surge clara: qué pagó la empresa y cuánto le cobró al Estado; cuánto le costó a la empresa el trabajo solicitado por el Estado y a cuánto se lo cobró. Esa es la diferencia”, resaltó Cánepa.

Esto motivó un tenso cruce entre el fiscal y el empresario Marizza, en plena audiencia.

–Doctor Cánepa, una sola pregunta, cortita, ¿usted fue funcionario del Gobierno municipal? –lo inquirió el empresario.
–… –el fiscal asintió con un gesto silencioso.
–¿Sabe que existe la tasa municipal?
–Sí, claro…
–Y que la tasa municipal se paga sobre cualquier factura que se emita –arremetió el empresario.
–…
–Pregunto, nomás.
–El fiscal está siendo interrogado, señora jueza, usted está manejando la audiencia –se quejó Cánepa y la situación pareció que iba a desmadrarse.

Recién entonces la jueza Firpo retomó el control de la audiencia, reprendió a Marizza por haber “interpelado” al fiscal, dijo que no permitiría que “un funcionario público” fuese cuestionado ni que se le hicieran “pseudo-imputaciones”.

Finalmente la jueza declaró abstracta la audiencia cuando Cullen se dio por satisfecho con las aclaraciones que dieron los fiscales, afirmó que la audiencia “se pareció más a una reunión” y reprendió a los fiscales diciéndoles que el asunto pudo haberse saldado si hubiesen brindado una explicación “sencilla, obvia y primaria” como reclamaba el defensor. Se espera ahora que los empresarios presten declaración.