El juez que indagó a Bergoglio en la causa de los curas jesuitas secuestrados es de Entre Ríos

19/03/2013

Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial Germán Castelli tiene 46 años y nació en la norteña ciudad entrerriana de La Paz. Fue el hombre que el 28 de diciembre (vaya coincidencia) de 2011 firmó la sentencia que condenó a los represores de la Escuela de


Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial


Germán Castelli tiene 46 años y nació en la norteña ciudad entrerriana de La Paz. Fue el hombre que el 28 de diciembre (vaya coincidencia) de 2011 firmó la sentencia que condenó a los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), entre ellos el almirante Oscar Montes, por el secuestro en 1976 de los curas Orlando Yorio y Francisco Jalics. El hecho se reflotó en los últimos días cuando el miércoles pasado Jorge Bergoglio se convirtió en Papa. Es que el secuestro de los jesuitas tuvo al ahora Sumo Pontífice en la mira de la Justicia durante un buen tiempo. En rigor, 30 años.

El caso por el que se apunta al nuevo jefe de la Iglesia Católica y que recorre el mundo ya fue juzgado y el ex arzobispo de Buenos Aires fue interrogado en carácter de testigo. No se lo llegó a imputar por falta de elementos. Allí, para indagar a la autoridad máxima del Vaticano, estuvo Castelli.

“Fue y es un hecho histórico. Y hoy cobra una relevancia especial porque se trató de quien es el Papa”, prologó el juez ante Página Judicial.

El paceño llegó a integrar el Tribunal Oral Federal N° 5 cuando era juez federal de Morón, cargo que titularizó a los 35 años. Lo convocaron como cuarto juez, suplente, en caso de que uno de los titulares no pudiera seguir en el juicio, cosa que ocurrió cuando se recusó a Oscar Hergot. Aquel tribunal quedó integrado por Castelli, Daniel Obligado y Ricardo Farías.

El magistrado entrerriano estuvo frente al entonces arzobispo y le preguntó todo lo que tenía para preguntarle. “Fue impresionante, uno mira para atrás y toma dimensión de lo que pasó. El Código Procesal establece ciertos privilegios para determinadas personas; como el presidente, un gobernador o el arzobispo; que pueden declarar por escrito. Ante lo que establece la ley hubo un debate muy profundo sobre la forma en que se indagaría a Bergoglio: las opciones eran que lo haga por escrito o nos constituyéramos como tribunal con la presencia de todas las partes en el Arzobispado. Después de una larga discusión votamos y salió dos a uno a favor de indagarlo en el Arzobispado. Yo voté a favor de ir hasta donde estaba Bergoglio”, recuerda Castelli.

Y continúa: “No te das una idea todo lo que se le preguntó. Recuerdo que le pregunté acerca del rol que había jugado la Iglesia durante la dictadura. Me la rechazaron. La pregunta generó un escándalo. Fueron momentos de mucha tensión. Pero se actuó como se debía actuar. Se preguntó todo. Fueron cuatro horas de indagatoria en donde todas las partes no se guardaron nada. Preguntaron y preguntaron”. En el salón del Arzobispado estaba el tribunal, fiscales y querellantes particulares.

Castelli recuerda una anécdota: una vez terminada la audiencia, Bergoglio se paró y lo fue a buscar para decirle que no tenía problemas en responderle la pregunta que se le negó responder. El juez le dijo que no podía tomarle el testimonio en privado cuando públicamente había sido rechazada esa posibilidad. Le propuso que se lo responda una vez concluido el juicio. Nunca más se vieron. Castelli dictó sentencia y volvió al tribunal de San Martín, en donde se desempeña actualmente.

En el fallo, los jueces condenaron no solo al almirante Oscar Montes, sino también a Alfredo Astiz, Jorge “el Tigre” Acosta, Antonio Pernías y Ricardo Cavallo, entre otros. Se investigaron violaciones de derechos humanos de 86 víctimas. De ellas, 28 permanecen desaparecidas.

La sentencia de la causa ESMA, disponible en la web de la Corte Suprema de Justicia, reúne entre las páginas 743 y 761, la historia de Yorio y Jalics y la intervención de Bergoglio.

Hace 30 años

El juez mira para atrás y lo analiza con perspectiva histórica. “El juicio a las Juntas Militares, en el ’85, trata este hecho. El secuestro de los jesuitas se fue 9 días después del secuestro de unas catequistas que colaboraban con ellos en el Bajo Flores. Para el régimen asesino, quienes trabajaban en las villas como Yorio y Jalics escondían a la guerrilla. Bergoglio era su jefe, pero no por eso fue quien los entregó. No se juzgó si fue más o menos valiente”, dice.

El magistrado nacido en La Paz, quien realizó la secundaria en el Colegio Nacional Domingo Faustino Sarmiento y cursó los estudios de Derecho en la UBA, tuvo otro caso de trascendencia histórica. El 10 de noviembre de 2009, como juez federal de Morón, ordenó la detención del general de brigada Alfredo Manuel Arrillaga y del mayor Jorge Eduardo Varando acusados por torturas y fusilamientos de atacantes en lo que fue el copamiento del cuartel de La Tablada el 23 y 24 de enero de 1989 por parte de miembros del Movimiento Todos por la Patria. En esa causa calificó los delitos como de lesa humanidad.