Ex convencionales recomiendan no tocar el Consejo de la Magistratura

05/03/2013

Juan Cruz Varela / Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner adelantó una serie de medidas tendientes a reformar diferentes aspectos del Poder Judicial con la idea de “democratizar la Justicia”. Entre ellas, se encuentra uno que introduciría

Juan Cruz Varela / Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner adelantó una serie de medidas tendientes a reformar diferentes aspectos del Poder Judicial con la idea de “democratizar la Justicia”. Entre ellas, se encuentra uno que introduciría el voto popular para la elección de todos los integrantes del Consejo de la Magistratura.

El gobernador Sergio Urribarri adelantó que la provincia “será protagonista” en los cambios propuestos por la Presidenta. Pero lo cierto es que la realidad en la provincia es bien distinta. El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos se constituyó por decreto del Poder Ejecutivo en 2003 a cargo de Jorge Busti y cuando se reformó la Constitución Provincial, en 2008, los cinco partidos con representación en la Convención coincidieron en no modificar la representación y el funcionamiento del organismo.

El Consejo de la Magistratura es un organismo asesor del Poder Ejecutivo integrado por dos representantes de la Asociación de Magistrados, dos del Colegio de Abogados, uno de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), dos de organizaciones no gubernamentales “comprometidas con la defensa del sistema democrático y los derechos humanos” y uno de cada una de las universidades con incidencia en la región (UNL, UCA y UCU). Los únicos representantes del Poder Ejecutivo son el secretario general y su presidente, que es el Secretario de Justicia de la Provincia. Los otros integrantes son elegidos por sus propios órganos de representación.

La posibilidad de introducir cambios en la composición o forma de elección de sus integrantes, retoma un debate que ya en su momento dieron dirigentes políticos, magistrados y entidades gremiales. Ex convencionales constituyentes identificados con el peronismo dieron su opinión ante la consulta de Página Judicial.

Hermo Pesuto desaconsejó realizar modificaciones a nivel provincial. “No estoy de acuerdo con la elección popular de todos los integrantes porque ya hay una democratización que se da a partir de la elección dentro de los grupos de donde proviene cada uno; y así debería hacerse a nivel nacional”, expresó.

El dirigente, que integró las primeras composiciones del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos en representación de la UCA, en 2003 y 2005, dijo que “a nivel nacional hay una composición distinta porque no hay integrantes de sectores populares, no están representados el gremio de los trabajadores judiciales ni organizaciones sociales y, además, la mayoría de los integrantes son designados por el Poder Ejecutivo, lo cual significa una presión muy grande para el organismo”.

Pesuto señaló que “a nivel provincial hay una democratización importante” y enfatizó que “la integración actual muestra un grupo de personas muy heterogéneo, con participación de los sectores populares que eligen a sus representantes y no se digita”. En el mismo sentido, consideró que “imprescindible” la presencia de representantes de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Colegio de Abogados y de las universidades que tienen incidencia en la región, y que “esos representantes muy difícilmente puedan ser elegidos a través del voto popular”.

Defendió la participación de las organizaciones de la sociedad civil: “El proceso de selección de jueces tiene tres etapas, antecedente, examen y entrevistas, y en esta última instancia los representantes de las organizaciones no gubernamentales hacen preguntas que a veces los abogados o los jueces no hacen o no se les ocurren, de manera que ahí está representada la voluntad popular”, e insistió en que “este Consejo está bien como está y debería mantenerse esta democratización”.

Por su parte, Julio Federik consideró que “no tiene muchas vueltas el asunto: la Constitución es muy clara cuando habla de la integración y el equilibrio entre los sectores”, apuntó.

El artículo 181 de la carta magna dice en el segundo párrafo: “La composición asegurará el equilibrio entre los sectores que lo integran. Durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos por una sola vez”.

“El candidato a gobernador podrá llevar en su .lista a quien lo representará en el Consejo de la Magistratura. ¿Y los otros sectores, cómo hacen para que los vote toda la ciudadanía”, se preguntó Federik.

Los partidos y la Justicia

Miguel Carlín fue quien presidió la Comisión de Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial en la Convención Constituyente. Tiene fresco aquel debate, que no fue tal porque había una unanimidad por parte de todos los bloques políticos para mantener al Consejo de la Magistratura con la integración y funcionamiento que venía trayendo.

“Siempre se destacó que en la provincia se trataba de un órgano asesor del Ejecutivo, que se limitaba a probar la capacidad técnica y el perfil de los postulantes a convertirse en funcionarios judiciales y no, como ocurre a nivel nacional, donde el Consejo también se encarga de juzgar el comportamiento”, señaló el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

No se animó, sin embargo, a dictaminar sobre la posibilidad de que los integrantes del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular. “Cada estamento social elige a sus representantes, y está bien. Sucede que poner candidatos a consejeros en una lista radical, peronista o lo que fuese, convierte a ese mismo consejero en representante de un partido político”, apuntó. Y agregó: “La Constitución prohíbe la práctica política de magistrados”. ¿Podrá un evaluador de un futuro magistrado ir en una boleta sábana?

Rosario Romero, en tanto, salió al cruce de la posibilidad de modificar la composición del Consejo de la Magistratura y del proyecto de elección de sus miembros a través del voto: “No creo que la elección de consejeros por elección popular represente un avance hacia la democratización de la Justicia; por el contrario, sería retroceder en el modelo de Consejo que privilegió la capacitada técnica y el compromiso, no con un partido político sino con la sociedad”, dijo.

Aseguró que “el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos podría ser tomado como ejemplo porque es un modelo de mínima intervención del poder político y da participación a los estamentos involucrados en la elección de jueces y a la comunidad a través de la elección que hacen los distintas organizaciones no gubernamentales; entonces, mal haríamos en modificarlo si funciona bien”.

Sin embargo, remarcó que “el Consejo a nivel nacional tiene otro diseño” y advirtió que “siempre ha sido una tentación del poder político intervenir en el proceso de selección de jueces”. Del mismo modo, insistió en que “someter la elección de los consejeros al voto popular implica que el partido de gobierno tendrá un organismo adicto. Eso no es democratizar sino someter aún más la Justicia al poder de turno”.

La diputada provincial y ex convencional constituyente apuntó además que “no es cierto que haya otros países que eligen a sus jueces por el voto y menos aún a los integrantes del Consejo de la Magistratura. Se supone que cada estamento elige a las personas más idóneas para elegir a los jueces” y sentenció: “Las garantías no se pueden someter a la voluntad de las mayorías; no se puede llamar a una asamblea para ver si rige una garantía, y si algo tiene que haber en una sociedad para que las garantías funcionen es un Poder Judicial que no esté sometido al poder político”.